La Posada del Inti es una ONG donde una comunidad terapéutica trata la adicción a las drogas. El Estado provincial salió a realizar controles después de un caso denunciado en Berisso, y pretende establecer las mismas normas que rigen para una clínica de alta complejidad. “Los tratamientos son muy distintos, por eso tomamos intervención”, indicó en la 99.9 Cristian Azcona, de la Defensoría del Pueblo.
La atención a las personas con adicción está lejos de ser tan óptima como debería serlo en toda la Provincia de Buenos Aires. Si a eso se le agrega una irrisoria medida para dificultar el trabajo de las ONG que se dedican a estas cuestiones, todo entra en el terreno de lo increíble.
El integrante de la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata, Cristian Azcona, explicó esta mañana en la 99.9 cómo los controles del Gobierno provincial están dificultando la continuidad del trabajo en la Posada del Inti, una ONG ejemplar en Mar del Plata en lo que refiere al tratamiento de adicciones.
En principio, Azcona explicó que “se dio un proceso judicial en La Plata con algunas ONG. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires salió a controlarlas tanto en su estado edilicio como en el trato que le dan a las personas que están internadas allí. Nos hemos encontrado con el frío texto de una ley donde hoy una ONG, para habilitar la internación de un paciente, tiene las mismas particularidades que para habilitar una clínica de alta complejidad, cuando los tratamientos son muy distintos”. Luego abundó: “en este caso, son enfermos ambulatorios o tienen un tratamiento terapéutico. La actividad diaria empieza muy temprano, nos pareció ilógico. Tomamos intervención desde la Defensoría del Pueblo por este punto”.
La paradoja está en que las exigencias del Gobierno provincial para este tipo de instituciones no son cumplidas por sus propios órganos, que son los que deben brindar el mismo servicio en primera instancia: “la Provincia sale a controlar que no haya cuchetas; pero si siguen los controles, Posada del Inti no podrá seguir atendiendo a chicos con fuertes problemas de adicción. La misma Provincia tiene el CPA con ocho camas que son cuchetas también. La primera medida es cerrar Posada del Inti. Pero Mar del Plata necesita lugares de este estilo, que están haciendo lo que el estado no hace. Esto está en contra de lo que necesita la gente”.
Las consecuencias de no atender a personas con problemas de adicciones y sobre todo a los jóvenes, pueden ser trágicas. Así lo ejemplificó el propio integrante de la Defensoría: “nos visitó un grupo de padres para ver si podíamos atender a dos chicos que tenían muchos problemas con la droga. Los mandamos al CPA, pero por una cuestión de espacio no los pudieron contener. Entonces los mandaron a otras ONG, que tampoco les dieron un lugar; terminaron uno detenido y el otro fallecido con 11 tiros”.
Al menos desde el sector político la problemática encontró alguna respuesta: “ayer, los presidentes de bloque recibieron a los dirigentes de Posada del INTI. Tuvimos una larga conversación con la diputada Alejandra Martínez para modificar el texto de la ley de Salud Mental, que está en debate en la Cámara de Diputados”.
Lo cierto es que si bien las cuchetas no están permitidas, figuran desde hace 20 años en una ley que hasta el momento nadie, ni siquiera el Gobierno, había cumplido: “esto empezó en Berisso, con una denuncia de padres por irregularidades en una ONG donde había veinte chicos en un garaje; aparentemente, hasta tenían un cuarto de castigo. Esto provocó que salgan a controlar todas las ONG y se encontraron con esta realidad. Pero la ley no es nueva, se debería haber implementado hace 20 años”.
La situación económica es crítica. Y si se empeñan en complicar todo desde el Estado, la asistencia que es realmente necesaria no llegará nunca a las personas que la necesitan: “parece que entorpecemos desde el Estado a la gente que quiere hacer las cosas bien y ayudar, cuando el propio Estado está haciendo todas las cosas mal”.