El intendente Gustavo Pulti realizará una consulta popular inconstitucional: dice que es sólo para saber si los marplatenses quieren tener o no una policía municipal. En realidad, será para lograr imponer un servicio nuevo, que pagarán los ciudadanos con un aumento de las tasas. Aun así, el dinero seguiría sin alcanzar. Una mentira mal organizada.
Eligió el contexto que más lo favorece, el de una ciudad sitiada por la inseguridad creciente que ya la pone a la cabeza de los listados del país. Y este contexto no sólo perjudica a los marplatenses, no. Aunque parezca que no se puede decir, aunque sea políticamente incorrecto, la situación de inseguridad es también una amenaza para quienes viven del turismo, ya que Mar del Plata corre el riesgo de dejar de ser la elegida para el veraneo: una ciudad riesgosa no es el mejor plan.
Eligió el mejor contexto posible para sus intereses, porque la sangre derramada le permitirá inclinar la balanza hacia el lado que más le conviene: ¿quién en su sano juicio podría decir que no quiere tener más seguridad? Dicho de otra manera, la pobre gente que no puede salir a la calle se convence -a través de argumentos falaces- de que tener otros policías en la calle hará que le roben menos.
Claro que hablamos del intendente Pulti, y su última jugada política: anuncia que el próximo 9 de junio realizará una consulta popular, para que los vecinos de Mar del Plata le den el visto bueno para la creación de una policía municipal. Pero la consulta será “no vinculante”, es decir aquella que no obliga al funcionario a cumplir lo que la ciudadanía haya decidido, sino que es una pregunta a título ilustrativo. Parece decir: quiero saber si ustedes están de acuerdo con lo que yo igualmente voy a hacer, si quiero, porque soy el intendente.
En realidad ¿cuál es la verdad que no quiere decir? El intendente está a tres meses de las elecciones, y pone en la mesa de negociaciones una decisión que en realidad debería ser parte de la plataforma de sus candidatos. Es en las urnas oficiales donde naturalmente la ciudadanía responde a una consulta, que esta vez sí es vinculante: el voto decide. En lugar de hacer que Acción Marplatense proponga en sus bases la creación de un nuevo cuerpo de seguridad que obviamente costará un dineral, Pulti lo anuncia antes, de manera tal que no debe arriesgar el voto, aunque se trate de un planteo económicamente extremo.
¿Cuál sería el camino de verdad legal? Su partido debería financiar la encuesta privada que le dé una idea concreta acerca de la aceptación popular que tendría una medida como ésta, y la forma en la que podría beneficiar o perjudicar a sus candidatos en las próximas elecciones. Claro que esa encuesta vale plata: una plata que Pulti le hará pagar al Estado. Es decir, la pagan los mismos que responderán a la consulta.
Cuentas cerradas
Pero varias son las voces que han intentado alzarse para alertar al vecino sobre la farsa, aunque obviamente las posibilidades de difusión de sus planteos son pocas o ninguna, gracias al monopolio de la información que el mismo intendente ejerce a través de su manejo de ciertos medios periodísticos. Por ejemplo, desde la UCR ha llegado un cálculo pormenorizado acerca de los costos que tendría la implementación de la supuesta policía municipal, que estará en funciones en enero de 2015, y que el lector podrá ver, si es que no lo matan antes.
Por ejemplo, solamente en sueldos, la nueva policía implicará por año un costo de $331.904.488. El cálculo surge de considerar que los 2.000 policías previstos serán en realidad 1.700 agentes, más 300 oficiales, que cobrarán doce sueldos anuales más aguinaldo y aportes. A ellos se sumarán los tres cargos de ley para la creación del Ente Autárquico. Es decir: un tesorero, un contador y un jefe de compras. No se computan aquí los posibles aumentos de esos sueldos en el curso del año.
Pero además, habrá otros gastos: ropa para los agentes, móviles en los cuales se desplacen, combustible para esos coches, armas, capacitación (para que no hagan un desastre con las armas), comunicaciones y cámaras. Estos gastos sumarán otros $14.464.000. Es decir que el costo para financiar la policía municipal durante el primer año será de $346.368.488.
Sucede que el intendente aseguró públicamente que la financiación suficiente surgiría de un aumento del 16% en las tasas no tributarias, restricción que de por sí limita las posibilidades de incremento. El resultado indica que cada propietario en promedio pagaría un aumento de unos $16 mensuales, que es el doble que lo que el intendente anunció. Pero así y todo, el total recaudado -en el supuesto caso de que TODO el mundo pague- será de $136.212.368. Lo cual haría que en una ciudad ideal, de un cien por ciento de pagadores, igualmente habría un déficit para el sostenimiento de la policía municipal de $210.156.120. ¿Alguna idea de quién aportará esos más de doscientos millones faltantes para sostener la nueva fuerza de seguridad?
Seguramente no. De aquí que algunos sectores de la oposición sostengan, con bastante fundamento, que la policía municipal es económicamente inviable por una simple cuestión matemática.
Su recurso
Por supuesto que la situación no da para más, y que a nadie escapa que una ciudad con 900.000 habitantes no puede sobrevivir con 1.500 policías. Para establecer una comparación básica, Mar del Plata cuenta en este momento con una planta de 9.000 empleados municipales, es decir cuatro agentes de la comuna por cada policía. No parece rendir.
Esta cuenta explica a las claras que la provincia de Buenos Aires no está sosteniendo como debiera a uno de los municipios más poblados, y con mayor nivel de recaudación y aporte, sino que las enormes deudas en coparticipación, más la miserable administración de los recursos en seguridad, han hecho que esta ciudad sólo cuente con unos coches destrozados, que patrullan mal o nunca las cuadrículas, con personal mal capacitado, mal pago y pésimamente pertrechado. Pero este panorama no parece resolverse con una consulta popular ilegal.
Y el término “ilegal” viene a cuento de lo que extensamente se explica en un pedido de amparo que el abogado Martín Scarímbolo presentó ante la justicia, para pedir que se suspenda la consulta popular no vinculante que entiende como inconstitucional. Dice Scarímbolo que la Constitución, que es el máximo cuerpo legal, establece con precisión que una consulta popular es un recurso que está previsto, pero no puede referirse a cuestiones relacionadas con la política tributaria: no se le puede consultar a la gente sobre lo que debe pagar, sino que tales cuestiones deben canalizarse siempre por la legislatura.
Además, todo proyecto que vaya a ser sometido a la consulta popular, debe provenir del Gobernador, y no del intendente de la localidad. Es la provincia la que puede llamar a una consulta por decisión de la Legislatura, y una medida de este tipo estará siempre fiscalizada por una junta electoral con sede en La Plata. Es decir que un intendente no puede decidir de la noche a la mañana consultar a los vecinos lo que le dé la gana. Como se ha dicho, si un político cualquiera quiere saber lo que la gente opina sobre lo que va a hacer, se paga su propia encuesta con dineros de campaña, y no se atribuye funciones del gobernador. Porque tal acción es por lo menos ilegal, si no delictiva, a la vista de que hay una administración indebida de fondos públicos.
Dice Scarímbolo en su presentación que, en caso de aprobarse, el aumento sería discriminatorio, porque la Constitución establece claramente que la carga tributaria debe ser homogénea para todos los habitantes de la provincia, y en este caso los marplatenses deberían sostener una policía local que no pagarán ninguna de las personas que trabajan o veranean en la ciudad sin tener propiedades aquí. Agrega que la consulta se extenderá a todos los vecinos, y no solamente a aquellos que tiene propiedades por las cuales pagar tasas municipales. Es decir que estarían decidiendo un aumento aquellos que, en definitiva, no lo va a pagar. Por esa razón, la verdadera consulta sobre la suba de las cargas impositivas está disfrazada de un simple “sí o no”, cuando, obviamente, cualquiera contestaría que quiere vivir más seguro. He aquí la farsa.
“Tengo el derecho de saber qué hizo el intendente con mi plata”, dice Scarímbolo, refiriéndose a que el intendente recibe una partida de dinero que no utiliza para los fines más necesarios, y sin embargo sostiene sueldos de funcionarios que cobran hasta $40.000 mensualmente. Por eso es que el problema, para el abogado, debe ser resuelto por el Gobernador, a quien el intendente le debe exigir la pronta solución para una ciudad que produce grandes ingresos que no recibe: “si necesito 2.000 policías, los debo tener hoy, y no en enero de 2015”, agrega el abogado.
Es decir que resulta más que claro que la consulta es una nueva estafa: hacerle creer a la gente que está decidiendo si quiere o no más policías, cuando lo que está votando es la aceptación de un aumento, que el intendente administrará sin límites ni rendir ninguna cuenta, como acostumbra hacer. Y además, el intendente está realizando una especie de encuesta política estatizada para que le salga gratis, así sabe cómo anda para las próximas urnas: una farsa. Una farsa que Mar del Plata acepta ciega y sorda, como todas las demás. Una farsa que nadie escribe en las paredes. Una farsa que puede generar aun más problemas de seguridad en los barrios, una vez que 1.700 muchachos recién instruidos se lancen a cuadrículas establecidas por la Bonaerense, y no haya manera de dividir las aguas en un terreno muy complejo que lleva años de acuerdos tácitos.
No parece posible que el intendente llegue a tiempo para arreglar estas cuestiones. Quizá cuando la bomba estalle, ya haya sacado el suficiente rédito, y esté lejos de las calles locales.