Dirección de Tránsito | El Ejecutivo municipal habría estado al tanto de que en El Gaucho hacían licencias ilegales. Los acusados declararon que los funcionarios “mandaban gente” para que se les entregaran registros truchos, y dicen que hasta hay un video que lo prueba.
Son palabras de algunos de los acusados, y destaparon por fin la olla. En sus declaraciones afirmaron lo que ya se había adelantado en numerosas notas de este semanario: era imposible que semejante estructura delictiva funcionara sin la anuencia de los funcionarios que integran los más altos mandos de la comuna. El jefe Belmonte lo había adelantado: él no caería solo.
Contaron que dos meses antes del allanamiento, hubo que firmar el registro a las dos sobrinas de Gustavo Pulti. Son palabras de Jorge Rubilar, que narraba la escena diciendo: “…Al pedirme eso, le digo a Belmonte “estás loco, a ver si voy en cana”; él me contestó “nada, no pasa nada, Jorge; son las sobrinas de Gustavo”. Luego me las presentó, y de ahí me fui caliente. Al rato volví, y Belmonte me mostró un video y me dijo: “acá tengo la prueba de que Pulti manda gente”. Me mostró un pedacito del video que tenía en un teléfono, y yo le dije: “sos un boludo… ahora quedo escrachado en un video”.
Lo expuesto coincide con los que habían adelantado varios de los implicados: el ex director de la dependencia había sido informado con anterioridad de que el monumental negocio que tenía montado no duraría. Como no estaba en condiciones de desarmarlo, se dedicó a montar un régimen mafioso de pruebas comprometedoras para asegurarse que la estructura política no podría cortarle el agua de sus ingresos sin verse comprometida.
Ahora Marcos Pagella y Oscar Deniro, fiscales generales adjuntos departamentales que actúan en la en la Investigación Penal Preparatoria por el delito de asociación ilícita, han establecido que desde el 9 de marzo de 2011 y hasta el 8 de abril de 2014, un grupo de personas, entre ellas funcionarios municipales, se organizó criminalmente para lucrar con la tramitación y expedición de licencias de conducir en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. Dan por hecho que la organización estuvo liderada por el jefe de la repartición pública en el Distrito Descentralizado “El Gaucho” de Avenida Juan B. Justo, Juan Carlos Belmonte. Los restantes acusados que han sido individualizados son Luis Belmonte, Eduardo Cacciavillani, Alberto Carlos Zelaschi -médico-, Sabrina Soria, Sabrina Soledad Morel, Leda Araya, Brenda Burgos Calle, Esther Machín, Valeria Gordon, Laura Monópoli, Marcelo Martínez, Verónica Benedetti, Marcelo Véliz, Raúl Hernández, Víctor Tosetti, Jorge Rubilar, Fernando Peña y Viviana Pared, todos funcionarios municipales con distinto rango y jerarquía dentro del escalafón de la administración pública.
A ellos deben añadirse otros individuos de fuera del ámbito de dicha administración, que también formaron parte del esquema ilegal para la comisión de delitos: Guillermo Alberto Castellanos, Daniel Fortunato Mostafa, Ester Carolina Bonfini, Carlos Cobos, Roberto Carlos Bosch y Daniel Eduardo Celano.
Algunos eran punteros, y se dedicaban a captar personas que necesitaban tramitar licencia, pero presentaban inconvenientes para completar los requisitos exigidos por la ley, o simplemente deseaban evitar el circuito legalmente establecido. El procedimiento era el siguiente: primero captar potenciales clientes a través de contactos telefónicos, entonces Castellanos, Cobos, Bosch y Celano efectivizaban los encuentros en la estación de servicio “Oil”, de Juan B. Justo y Francia, o bien sobre la Diagonal Los Olmos, frente al restaurante El Maute, y a escasos metros del Distrito Descentralizado “El Gaucho”.
Una vez que se encontraban el puntero y el cliente, les cobraban indebidamente una suma de dinero que oscilaba entre los quinientos y dos mil pesos, según la calidad del trámite que debía realizarse, y según los requerimientos del puntero. Estos montos no incluían las tasas y timbrados preestablecidos para el trámite, ya que este pago siempre corría a cuenta del cliente. Entonces se derivaba al solicitante a otro miembro de la organización, que cumplía funciones en algunos de los boxes de la oficina, entre los que se encontraban Sabrina Soria, Sabrina Morel, Leda Araya, Brenda Burgos Calle, Esther Machín, Valeria Gordon y Laura Monopoli. De esta manera, se obviaba el legal sistema informático de turnos implementado por el Municipio, y se podía iniciar de manera irregular el trámite.
Posteriormente, estos funcionarios solían entregar la hoja de ruta pertinente al solicitante, para eventualmente efectivizar los exámenes que correspondían (teórica, práctica o médica) y, en este caso, tal documento volvía al puntero o reclutador; en otras ocasiones, el operador mantenía dicho instrumento obviando el circuito correspondiente aun sin la presencia física del solicitante.
Declarantes
Sabrina Soledad Morel es una de las empeladas mencionadas a cargo de un box de la oficina: ella expuso en su declaración todos los hechos que dice conocer, y relató que habían recogido la información de alguien cercano a Adrián Alveolite, de que se haría un allanamiento en El Gaucho. Y hasta les dijeron que ya habían tomado el examen a quien reemplazaría a Belmonte.
Los acusados Burgos Calle y Rubilar admitieron lisa y llanamente, no solamente haber participado en los hechos atribuidos, sino que además aportaron datos y circunstancias de los hechos ilícitos, a la vez que sindicaron como copartícipes de maniobras ilícitas a otras personas.
Brenda Burgos refirió que distintos funcionarios municipales de diversa jerarquía le “enviaban” personas para efectuar trámites. Entre ellos, mencionó a Adrián Alveolite y Guillermo Iglesias, y que por orden de estos mismos funcionarios, cuando el sistema de consultas de multas municipales se caía, ellas debían darle continuidad a los trámites. Afirmó: “… Los trámites que enviaba por ejemplo Alveolite eran para que se le acelere el trámite. No se cumplía ningún requisito, no se las examinaba en ningún sector. Teórico y práctico se obviaban. Un 95% regresaba para finalizar a la media hora, esto se daba con las recomendaciones…; una renovación demoraba media o una hora, sólo en este caso se hacía médico y pago de aranceles, el duplicado no hacía ni médico, se tardaría una media hora también…”.
La lectura del documento revela también que María Soledad López Osornio -hermanastra de Alveolite, que trabaja en el ACA- le inició el trámite al padre que tiene 86 u 87 años. Ese formulario está firmado por el médico Zelaschi, cuando en el ACA siempre hay una médica fija, por lo que la revisación obviamente no se hizo: firmó el médico de El Gaucho.
Los declarantes indican que si había algún problema, Belmonte lo llamaba a Gustavo Pulti, y se reunía con él, y que cuando hubo un sumario administrativo por las multas, “Pulti habló para que la instructora que recibía las declaraciones sea una instructora menos severa que la que efectivamente tenía que hacerlo”.
Jorge Rubilar, por su parte, explicó lo siguiente: “una persona que conozco porque fue mi puntero, de quien no recuerdo apellido pero sí que se llama Víctor y que vive en Sierra de los Padres, sería contador de Ciano. Me dijo, no sé si será verdad, que Miguel Vidal, cuando estaba en el juzgado, te hacía zafar multas e inhabilitaciones”. Una máquina de hablar, tal como se esperaba.
El acusado, como se observa, tampoco pensaba caer solo. Dijo: “Yo hablaba con Víctor, a quien mencioné como contador del hijo del Cholo Ciano, el que trabaja en la municipalidad según lo que él decía… Respecto del dinero, aclaro que de los $500 que mencioné, eran mitad y mitad con el médico. No sé si a Víctor su cliente le pagaba por fuera de lo que yo le pedía”. Cuando se le pregunta específicamente a qué médico se refiere en la conversación, responde: “me referí a Federico Mosser. Nos manejábamos con la seguridad de que no pasaba nada, que todo estaba bien. Belmonte me mostraba los mensajes que le escribía Pulti, mensajes amigables, como de amigos, de mucha confianza, Belmonte le hacía los asados en el comité, era su puntero político. Belmonte decía que tenía tarjetas de Pulti con nombres de la gente que le mandaba para que se le hicieran registros truchos, sin rendir exámenes. Belmonte nos decía que no nos iba a pasar nada porque Pulti lo había puesto a él”.
El acusado agregó también otro dato: durante los últimos seis meses anteriores al allanamiento, iba a ver a Belmonte un hombre del Concejo Deliberante alto, grandote, canoso, con entradas, que era un puntero de Acción Marplatense y que llevaba DNI de personas para hacer trámites. Específicamente menciona: “También quiero decir que el periodista Ciano, cuando volvió a la televisión después de una larga enfermedad, se presentó en El Gaucho y se le hizo todo de favor sin rendir. La prueba médica la firmó Zelaschi. Belmonte me contó que anteriormente, a Ciano padre le habían hecho el registro en Roca e Independencia, y que el médico Zelaschi, un día que no estaba en la División Licencias, le terminó firmando el apto médico a pedido del hijo de Ciano, el que está en política”.
Expuso además que cuando Belmonte se iba de vacaciones, Iglesias no iba a la dependencia, ni siquiera visaba las pruebas, y que cuando el sistema se caía y no podía corroborarse la existencia de multas, Alveolite e Iglesias decidían a través de Belmonte continuar con el trámite.
Los casos especiales
Un ejemplo particular fue detallado, aunque oportunamente ya había sido informado por Noticias & Protagonistas: ante una demora en la llegada de los registros desde La Plata, alguien llamó a Belmonte para que se les hiciera el carnet amarillo -que ya no estaba vigente- a Aiello y Artime. Afirmó el mismo acusado: “Belmonte a veces decía que se quería ir de la dependencia y que no lo dejaban, no explicaba los motivos, pero decía que estaba podrido”. También mencionó al dueño de Canal 10. Dijo que era de apellido Blanco -N de la R: se trataría en realidad del gerente general de ese canal, Gabriel Bianco-, y que por un pedido de Pulti a Belmonte, se le hizo el canet. Pero como si esto fuera poco, agregó: “otra situación que no me consta pero que se decía era que a María Delia Sebastiani, locutora de LU9 –N de la R: María Delia Sebastiani en locutora y conductora de espacio en LU6-, también se le había tramitado el registro en forma irregular; también se escucharon comentarios de que le habían dado el registro sin pruebas al vicecónsul de Italia, a mí no me consta personalmente”.
Parece que ningún funcionario de la comuna queda a salvo, aunque obviamente no sorprende a nadie. No hay un ciudadano común que haya visto alguna vez el rostro conocido de un político haciendo cola en El Gaucho, pero debería. Para confirmar la hipótesis, los casos se amontonan. Para peor, hasta dicen los acusados que cuando Claudia Rodríguez era la Directora de Transporte y Tránsito, llamó a Belmonte para que se le tramitaran los registros sin rendir las pruebas a los inspectores que iban a manejar las grúas: “En esa ocasión vino Belmonte re caliente y me dijo que les tomara las pruebas igual; se les tomaron las pruebas a algunos pero no a todos.”
Sobrinitas, padres octogenarios, y otros integrantes de la foto familiar. Todos con registros gratuitos e indebidos. Todos contentos mientras nadie hable. Era lógico y de esperar, aunque es posible que este no sea todo el contenido de la olla: hasta ahora no se ha hablado de hasta dónde llegaba la plata.¿Quedan dudas?