La ex senadora Susana Salerno, esposa del presidente del P.J. local, Pablo Vacante; y el abogado Maximiliano Mastakas, amparista del intendente Pulti, unidos en una denuncia que involucra obscuros negocios en el Club Náutico de Mar del Plata.
Este medio se ha ocupado ya extensamente de relatar las particulares circunstancias en las cuales un abogado de la matrícula local había presentado un amparo judicial para impedir la consulta popular, ya condenada al fracaso. Con ella, el intendente del partido de General Pueyrredon había intentado dar legitimidad a su capricho de crear una fuerza policial paralela, la que dependería de la administración local. La misma administración ineficiente que no puede con lo que ya tiene, y que por un momento postuló que podía con más.
Pero ¿quién es el abogado Mastakas, éste del cual todo el mundo sospechaba le estaba haciendo un enorme favor a Pulti? Como se recordará, la resolución del juez Simón Isacch había llegado a última hora de un viernes, y cambiaba el panorama local por completo, ya que impedía que los marplatenses se expresaran públicamente en contra de la Policía Municipal. A partir del encendido discurso del jefe comunal llegaron las sospechas: para muchos, el fallo de Isacch salvaba a Pulti. Algunos entendieron que había tiempo para apelar, si hubiera estado interesado en hacerlo, y otros consideraron que no tenía sentido, por la hora en que llegaba el dictamen.
Pero a partir de esa inacción del municipio, es que aparecieron mil versiones. La amistad de Maximiliano Mastakas, el abogado que impulsó el amparo, con el subsecretario de Control Adrián Alveolite, fue uno de los temas de los que mucho se habló. Un amigo haciendo favores. ¿Favores gratuitos? ¿A título de qué?
Recién ahora, un recurso tardío hizo que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, integrada por los magistrados Elio Horacio Riccitelli y Roberto Daniel Mora, revocara aquel fallo de primera instancia, diciendo que en realidad quien se ocupó de presentar el recurso no estaba suficientemente habilitado: la ley solicita que quien interpone el pedido justifique estar involucrado en la cuestión, más de lo que le cabría a cualquier ciudadano. Es decir que quien plantea el recurso debe demostrar que está de alguna manera implicado en la cuestión, que el tema le atañe. Ahora sí, como perdedor, el abogado Mastakas debería ser obligado a pagar las costas del proceso.
Pero bien, la cuestión es quién es el gentil abogado que se ocupó de explicar que no estaban dadas las condiciones de ley para efectuar la consulta popular. Es integrante de la comisión directiva del Club Náutico, institución añeja de la ciudad ya que su trayectoria y prestigio datan de 1925. Para más datos, Maximiliano Mastakas es el secretario. Pero ahora, para sorpresa de quienes nunca hubieran escuchado hablar de él, aparece protagonizando unas desprolijidades notorias en la conducta como dirigente, que por lo menos llaman la atención a la hora de evaluar el caso.
¡Cantinero!
La cuestión comienza a partir de la difusión pública de un e-mail de carácter privado que un socio del club dirigió a otro, donde explicaba sus sospechas acerca de las actividades -a su criterio indebidas- que llevaban a cabo los miembros de la comisión directiva de la entidad. Según relata, no era de su interés presentar estas cuestiones de manera formal ni hacerlas públicas, pero como el texto de su comentario cobró notoriedad, una serie de miembros del club formaron un petitorio y solicitaron que se investigara la veracidad de sus dichos, bajo pena de exonerarlo del club si tales cuestiones no se comprobaran.
El autor de ese e-mail fue el abogado Néstor Herrera, quien al ver peligrar su membresía dentro del Náutico, aceptó dar a conocer las pruebas que respaldaban sus dichos, y abrió la posibilidad de que las mismas pudieran dar lugar a una investigación penal, si correspondiera. En su relato aparecen detalles sumamente curiosos, que dan una idea cabal de la manera en que se entrecruzan los estamentos del poder local, con los nombres de siempre. Precisamente hablamos del secretario del club, ni más ni menos que Maximiliano Mastakas, y el revisor de cuentas, CPN Eduardo Ronnau.
Obviamente, también resultan implicados en los hechos que se detallan los demás miembros de la comisión directiva, quienes aunque no hayan actuado, por omisión permitieron que tales acciones indebidas se llevaran a cabo, y son por lo tanto responsables. Tal el caso de la presidenta de la entidad, Susana Salerno, esposa de Pablo Vacante. Él es en la actualidad presidente del PJ local, y juntos son dueños de una fortuna personal de calibre, cuando no han tenido -ni él ni su esposa- mayor actividad profesional que los cargos públicos de implicancia partidaria, que al parecer son de lo más rendidores.
La primera cuestión planteada por Herrera es que el secretario Mastakas ha actuado como abogado del Club Náutico en más de una causa, actividad profesional por la cual ha cobrado honorarios a la misma institución de la cual es dirigente. Esta situación está específicamente prohibida por el artículo 33 inciso B del estatuto vigente para la entidad: “No podrán ser miembros de la Comisión Directiva los socios que realicen cualquier tipo de actividad económica con el Club”, y también el artículo 40 bis: “Los miembros de la Comisión Directiva, no podrán realizar con el Club Náutico Mar del Plata, actividad económica de ninguna naturaleza… ni por sí, ni por interpósita persona, ni bajo la condición de asesor, mandatario, locador y/o locatario, etc., por cualquier circunstancia o motivo que fuere”. Sólo por representar al club en las causas Calabria, Báez y Domingorena, el abogado cobró unos honorarios que rondan los $15.000.
Pero eso no es todo. Mastakas ha actuado además como abogado del bufetero del club, Jorge Ortega, más precisamente de la sociedad que concesiona ese servicio dentro de la sede, la que recibe el nombre de RONALU S.A. Así lo hizo al menos en una causa judicial por despido, por lo cual recibió honorarios de más de $3.700. Hasta hizo constar el domicilio de su estudio como propio de la sociedad anónima. ¿No es curioso?
Yendo más allá, sería importante entonces indagar la procedencia de esta razón social, RONALU, que llamativamente se presenta con un domicilio legal que es el del mismo club, sin que haya mediado una autorización expresa de la asamblea de socios para hacerlo. Pero más llamativo aún resulta que se haga constar como titular de la firma a un anciano de 83 años, Mario Indragoli, que cobra la jubilación mínima, lo cual hace pensar que desde 2009 se está ocultando al verdadero responsable de la actividad comercial, quien -por alguna razón- no puede hacer constar su identidad.
Además de lo expuesto, la sociedad no cuenta con habilitación comercial para el ejercicio de la actividad gastronómica en la sede del club, ni con la autorización del Registro Provincial para la venta de bebidas alcohólicas. ¿Cómo es posible, entonces, que en tantos años de actividad, nadie se haya ocupado fehacientemente de verificar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad, en relación con el contrato firmado con el concesionario? Precisamente porque el secretario del club -que debería haberlo hecho- es a su vez abogado del bufetero en cuestión.
Otra copa
Pero siempre hay algo más, porque parece que a la hora de ser groseros en la desprolijidad que compromete a los titulares de una institución de gestión privada, no hay límites. El CPN Eduardo Ronnau -que es el revisor de cuentas de la comisión directiva del mismo club- aparece a su vez como contador de RONALU SA, en una nueva violación al artículo 33 de su estatuto. Ambos son verdaderamente juez y parte, porque actúan como profesionales representantes de la misma firma que ellos deberían controlar. De todo lo expuesto, el denunciante está en condiciones de inferir que quizá, el acuerdo entre Mastakas y Ronnau sea previo a la presentación de la sociedad. La misma sociedad que sería adjudicataria del servicio de bufet.
Por esa razón, la presentación de Herrera solicita que sean los mismos socios los que realicen la investigación pertinente a través de la creación de una comisión, y que se tomen las resoluciones del caso:
“… Dicha Asamblea deberá designar una Comisión Investigadora y suspender en sus funciones a los miembros acusados, pasando a un cuarto intermedio hasta que dicha Comisión se expida, la que deberá hacerlo dentro de un plazo de treinta días, dando traslado del informe a los acusados para que dentro de los diez días presenten sus descargos”.
Por supuesto que los miembros de la comisión directiva se la habían visto venir, y no se les ocurrió mejor idea que llamar a una asamblea previa a la denuncia. Sucedió el 31 de enero pasado, y en ella pretendieron modificar el artículo 33 del estatuto, y retirar el texto citado que indica que los miembros de dicha comisión no pueden realizar trabajos para el club. Pero no obtuvieron la cantidad de votos necesaria para la reforma. Se dice que la presidenta Salerno hasta habría intentado reiterar la votación para mejorar su resultado, pero no lo logró.
Esta apretada síntesis no hace más que confirmar una vez más la manera en la que se conducen los amigos del poder. Los que impunemente pueden conformar sociedades, comisiones ilegales, sociedades truchas y demás, tras lo cual devuelven los favores con el servicio que se les solicite, porque la impunidad tiene siempre un costo. Baste entonces para ver, quién es en realidad el amigo Maximiliano Mastakas, el hombre oportunamente preocupado porque se cumplan los plazos de ley. Para los otros, claro.