Licencias truchas | Desde el Poder Judicial les piden informes a los concejales sobre el curso de la investigación de las licencias truchas emitidas por el Distrito Descentralizado El Gaucho. ¿Los que deben investigar piden informes a una comisión que sólo debe monitorear el curso de la causa? Todos locos.
Nadie quiere ser responsable de una investigación que, como podía esperarse, arde en las manos de cada uno que la tiene cerca. No hace demasiado tiempo que el fiscal general Fernández Garello anunció que la investigación no iría más allá del director de la división, y este semanario se aventuró a pensar de quiénes serían los nombres que no deberían salir a la luz, aunque no había que ser demasiado sagaz para imaginarlo.
Ahora, y por tercera vez, una nota presentada en el Concejo Deliberante por parte del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Mar del Plata solicita con carácter de muy urgente los detalles de los resultados que ha arrojado la Comisión de Seguimiento del HCD, que fue creada ante los hechos de corrupción que se pudieron verificar en la División Licencias de Conducir del Municipio de General Pueyrredon durante el pasado año.
La Comisión de Seguimiento aludida está integrada por los concejales Nicolás Maiorano de la UCR, José Cano de Agrupación Atlántica, Fernando Maraude de Frente para la Victoria, Lucas Fiorini del Frente Renovador y Héctor Rosso de Acción Marplatense, pero en este momento no se encuentra operativa, es decir que lleva mucho tiempo sin reunirse y, en rigor a la verdad, no tiene nada que “seguir”: ellos deben observar el curso de la investigación. Eso quiere decir seguimiento.
De todas maneras, la situación es incómoda para los concejales: la Justicia les reclama unos resultados que no tienen, ya que la auditoría de la Dirección de Licencias responde al Ejecutivo, que es quien debe firmar el informe resultante una vez normalizada la oficina.
Ahora se sabe que el informe existe bajo la forma de un borrador, que el concejal Cano asegura fue entregado en su despacho anónimamente, y por medio de un sobre que se deslizó por debajo de la puerta de su despacho. Pero como borrador, el informe no tiene firma, es decir que nadie del Poder Ejecutivo se hacee cargo de la fidelidad de la información que allí consta. Se lavan las manos.
Cualquiera podrá concluir que ha transcurrido un tiempo más que prudencial desde que el departamento ejecutivo culminó la auditoría correspondiente, y sin embargo no ha dado a conocer los resultados que ahora se reclaman al legislativo.
A propósito de tal situación, Cano reconoció que desde el 14 de noviembre de 2014 tiene en su poder el dichoso borrador anónimo del informe de la auditoría, que abarcó el lapso que va desde el 23 de setiembre de 2011 al 7 de abril de 2014.
Secreto a voces
El informe indica a través de gráficos que se habrían detectado un total de 7.031 licencias truchas, lo que representó una defraudación a la administración pública de $ 3.222.189. “Es muy importante que la auditoría se haga pública y se conozcan los responsables y los culpables de los ilícitos constatados”, afirmó el edil, que presentó un pedido de informes: en buen romance, quiere decir pedirle explicaciones al gobierno de Gustavo Pulti. El concejal no puede entregarle a la justicia un informe en borrador que nadie ha ratificado.
Sin embargo, el director de Movilidad Urbana, Guillermo Iglesias, sí se comunicó con algunos medios y dio precisiones a medias sobre los resultados de la intervención del Departamento de Licencias de Conducir. Señaló que la auditoría comprendió desde el 23 de septiembre del 2011 hasta el 7 de abril del 2014, y afirmó que en los próximos días dará a conocer los resultados oficiales a los medios.
Pero lo más tristemente paradójico fue que el mismo funcionario se refirió al estado en que se encuentra el proceso judicial vinculado a las licencias de conducir que tiempo atrás fueron otorgadas de manera irregular: el director general de Movilidad Urbana aseveró que la investigación fue impulsada por el intendente municipal, Gustavo Pulti, que “tuvo varias etapas y viene muy bien”. Dijo además que el armado del expediente fue promovido por la Fiscalía General con escuchas telefónicas y cámaras ocultas que fueron autorizadas por el juez interviniente. Sería momento de preguntar cómo es que la investigación viene bien si les piden informes a los concejales que no tienen la misma injerencia.
Iglesias recordó: “Hicimos un relevamiento de cada uno de los trámites que se llevaron a cabo para obtener y/o renovar licencias de conducir desde el 23 de septiembre de 2011 hasta el 8 de abril de este año. Si bien el informe ya está terminado, lo estamos revisando a efectos de que no haya ningún tipo de error. La idea es darlo a conocer en los próximos días”. Se ve que les cuestan las cuentas.
En este momento, debería haber miles de personas imputadas por defraudación al erario público debido a la cantidad de multas que dejaron de pagar a raíz de irregularidades en los exámenes médicos, teóricos o prácticos, que no se hicieron de acuerdo a las normativas vigentes. Deberán ser intimadas para que por lo menos se presenten y paguen las multas pendientes. Las licencias que se consiguieron en forma irregular deben ser anuladas, a la vez que sus titulares tendrán que tramitar un nuevo registro cumpliendo con todos los requisitos administrativos y legales.
Por ahora, los empleados imputados siguen suspendidos sin goce de haberes porque el hilo se corta por lo más fino. Los 18 empleados municipales involucrados dependen de un decreto del intendente, que dispuso que todos fueran suspendidos sin goce de haberes hasta que finalice el juicio penal; los otros 7 detenidos fueron particulares sin relación de dependencia. Actualmente, con arresto domiciliario sólo permanece Juan Carlos Belmonte, que se desempeñaba como titular de la División Licencias de Conducir.
Algunas voces adelantan que según la Fiscalía General, la causa contra los imputados será elevada a juicio oral en febrero próximo, simplemente porque ese mes se vence el plazo. A todos ellos se los acusa de varios delitos, entre ellos los de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y defraudación al erario público.
En el marco de una investigación por la impresión y entrega de licencias de conducir truchas, efectivos de Prefectura allanaron, durante el pasado mes de abril, las oficinas del distrito Descentralizado El Gaucho, donde resultaron detenidas 25 personas, entre ellas 17 empleados municipales.
Ante esta situación, el jefe comunal de General Pueyrredón Gustavo Pulti se apuró a convocar a conferencia de prensa, y confirmar que entre los involucrados había funcionarios municipales de carrera de distintas jerarquías, pero no funcionarios políticos. Era evidente que a alguien le había soltado la mano, pero alguien más podía seguir protegido. Oportunamente dijo: “La comunidad puede tener la tranquilidad de que se trató de un operativo previsto y que la municipalidad ha procurado que se concrete en todo este tiempo”, y también se mostró molesto por tener que dar “una noticia muy dolorosa, muy triste para la gran familia municipal, que está muy lejos de aquellos que han decidido defraudar la confianza de la gente”. “Es una investigación que lleva un año y medio y en la que el municipio acompañó denuncias formales”, agregó. Con respecto al modus operandi, Pulti precisó que la asociación ilícita estaba integrada por personas que estaban adentro del municipio y otras que no, y que funcionaba como una dependencia en una estación de servicio cercana en la que se hacían trámites secundarios.
Los beneficiarios de estas licencias irregulares eran personas que tenían dificultades para tramitarlas por falta de exámenes psicofísicos, porque tenían multas o porque, simplemente, no estaban en condiciones de poder conducir. Pero sin duda que entre los titulares habría también algunos poderosos que ni siquiera se quisieron molestar en concurrir a la oficina, porque tenían los contactos suficientes para no hacerlo.
Ahora bien, a casi un año de los hechos, la información fehaciente debe salir de la auditoría que depende del Ejecutivo. Extraoficialmente, se sabe que el Informe resultante indica que ha habido un total de 7.031 licencias de conducir irregulares, lo cual ha generado para el erario público una defraudación de $3.222.189. De ese total de registros, 5.384 correspondieron a conductores particulares, y 1.647 a profesionales del volante, lo cual representa un peligro aun mayor.
En cuanto a las irregularidades, se habían detectado un total de 566 de multas impagas, cuyos registros se emitieron salteando ese paso, y 56 licencias otorgadas sin completar el examen médico: por falta de revisión, o conductores que resultaban inhabilitados para el manejo, sin cumplimentar la junta médica solicitada o con la firma del médico adulterada.
Además, se emitieron 811 registros sin que sus titulares hayan rendido el examen teórico, y 6.439 sin haber aprobado el práctico. Dios no permita que salgan a la calle todos juntos.
Una vez más la fiscalía golpea la puerta equivocada, lo cual parece una estrategia para perder el tiempo. Los concejales integrantes de una comisión que no se está reuniendo no pueden brindarle a la justicia los datos de una investigación que no tienen. Si desean la firma puesta al pie de los datos que anteceden, debe conducirse al despacho del intendente. Y si no, es el Poder Ejecutivo quien tiene la potestad de allanar lo allanable, y retirar de allí los documentos que considere imprescindibles para detener a quien ha cobrado suculentas cifras por entregar licencias irregulares en una mesa de estación de servicio.
Pero no lo hacen. No están haciendo todo el trabajo que deberían. Siguen enviando misivas a oficinas equivocadas preguntando quién sabe algo de los registros truchos. ¿Yo, señor? No, señor.
