La integrante de la agrupación Propietarios Usurpados Argentina habló en la 99.9 sobre los problemas que deben afrontar las personas que sufren la usurpación de sus viviendas: “tienen que vivir en hoteles, alquilan otras propiedades y tienen que seguir pagando los impuestos de la propiedad usurpada donde está viviendo el que cometió el delito”, sintetizó.
Las usurpaciones son un verdadero problema en Argentina. Pero no sólo por el delito en sí, sino por la respuesta judicial y política que reciben aquellas personas a las cuáles se les quita lo propio. Por eso, un grupo de personas afectadas empezó a conformar una red para buscar respuestas.
Se trata de Propietarios Usurpados de Argentina y una de sus integrantes, María Teresa Díaz, habló en la 99.9 sobre los objetivos que persiguen: “estamos reuniéndonos para organizar una ONG. Somos propietarios damnificados por este delito que nos auto-convocamos. Durante años vemos que en las causas penales se los define como conflictos sociales y no como delitos. El ciudadano no puede hacerse cargo de las responsabilidades del estado y más si son jubilados o enfermos oncológicos”, dijo.
Hay un negocio evidente que incluso, cuenta con cierta logística, según lo indicado por Díaz: “la estrategia es buscar personas como aquellas mujeres que están solas con sus hijos, los propios jubilados o ancianos enfermos que tienen que vivir en hoteles, alquilan otras propiedades y tienen que seguir pagando los impuestos de la propiedad usurpada. Y no se debe sólo a una clase social que tiene la carencia de una vivienda, nos encontramos con personas que le dan viviendas y aún así, usurpan”, puntualizó.
En su caso, tiene una propiedad usurpada por una persona que trabaja en el Servicio Penitenciario Bonaerense, lo que genera una situación aún mucho más grave y delictual: “hay gente con cargos, punteros políticos, funcionarios e incluso de seguridad que también usurpan. En el Servicio Penitenciario Bonaerense les dan una vivienda, pero a mí me usurpó la vivienda un funcionario del SPB. Además, después se cometen otros delitos para encubrir el primero como la estafa, la falsificación de documentos y las causas prescriben a los 3 años por usurpaciones”, aclaró.
Para la persona afectada, además se vuelve un absoluto dolor de cabeza afrontar una acción legal para tratar de recuperar lo que le corresponde: “hay gente que no tiene dinero para contratar un abogado porque tienen que alquilar y pagar los impuestos de la casa usurpada. Si se lo puede pagar, te puede tocar cualquier tipo de abogado. Cuando denunciamos el mal accionar de algunos, los Colegios de Abogados tampoco hacen nada”.
Mientras siguen buscando personas afectadas que se quieran sumar bajo el hashtag #PropietariosUsurpadosArgentina remarcó que no hay futuro para el país si situaciones de este tipo siguen sucediendo: “nos vamos a encontrar con una Argentina que será siempre usurpada y con un estado que los está tapando. Nos hacen creer que es un delito penal y cuando realizan las investigaciones, las hacen mal. No tenemos pais viable con situaciones así”, finalizó Díaz.