Patricio Gerbi también dijo que en Vialidad le pidieron dinero; hubo máxima tensión y cruces entre los defensores y la fiscalía; el tribunal le llamó la atención a los abogados y rechazó sus quejas.
En una de las audiencias de mayor tensión por las pujas entre la fiscalía y las defensas, en dos años que lleva el juicio oral contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, un empresario dedicado a las obras públicas “arrepentido” declaró bajo juramento que un exfuncionario de Vialidad Nacional le pidió que hicieran un “aporte económico”, misma propuesta que le hizo un financista cercano al matrimonio presidencial. Asimismo, dijo que las empresas constructoras de Lázaro Báez y Cristóbal López estaban en una lista prioritaria para cobrar por sus obras.
La declaración de Patricio Gerbi fue objetada con vehemencia por los defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi; de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi; de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva; y del expresidente de Vialidad de Santa Cruz Héctor Jesús Garro, Mariano Fragueiro. Pidieron que se suspenda la declaración y hasta la nulidad de su testimonio, en un momento en que se alzaron las voces en el Zoom de los protagonistas. Llamó la atención la vehemencia de los abogados, por momentos rudos, por frenar las respuestas con el argumento de que el empresario podía autoincriminarse.
La fiscalía a cargo de Diego Luciani los cruzó porque en las primeras cuatro horas de la audiencia apenas si pudo formular tres preguntas, sin que en tándem los defensores se opusieran y plantearan sucesivas oposiciones. Le dijo que se oponían al hallazgo de la verdad.
Finalmente, el pedido para suspender el testimonio de Gerbi fue rechazado por el tribunal que debatió dos horas en un largo cuarto intermedio. El presidente del cuerpo, Rodrigo Giménez Uriburu, comunicó la decisión. Los jueces entendieron que los defensores estaban impidiendo el normal procedimiento del juicio, entorpeciendo los interrogatorios. Los jueces dijeron que, bajo el pretexto de velar por el interés del testigo, que nadie les pidió que defendieran, los abogados estaban frenando las preguntas. Recordaron los jueces que el propio testigo era el más indicado para defenderse, al negarse a responder preguntas que pudieran incriminarlo, y el propio tribunal.
El debate arrancó temprano con la declaración de Gerbi, conectado por Zoom desde la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. En Buenos Aires, los jueces Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso lo escuchaban en el estrado ante una sala de juicio vacía en Comodoro Py 2002. Los defensores e imputados estaban conectados por Zoom, lo mismo que el fiscal.
Gerbi, titular de la empresa Coarco, procesado en la causa de los cuadernos de las coimas, declaró como arrepentido en aquel expediente. Aquí su declaración fue permitida en la medida en que lo que dijeran no lo autoincriminara y se refiriera a esta causa donde se investiga a Cristina Kirchner, acusada de favorecer a Lázaro Báez con el direccionamiento de obras en la Patagonia.
Los defensores desconfiaban porque Gerbi es defendido en el caso de los cuadernos por Pablo Lanusse, el mismo abogado que defiende a Mauricio Macri en otros expedientes.
Las primeras cuatro horas de su testimonio fueron insufribles. La fiscalía casi no pudo avanzar con el interrogatorio por las objeciones de los defensores que en bloque se oponía a las preguntas. Giménez Uriburu como presidente del tribunal tuvo que maniobrar para mantener la calma y la paciencia.
Fueron objeto de debate las preguntas sobre un listado de empresas que -dijo Gerbi- eran las prioritarias para recibir los pagos del Estado. Esto habla de que había algunos empresarios beneficiados por encima de otros. Gerbi dijo que le exhibieron esa lista y que recordaba que en los primeros lugares estaban Austral Construcciones, de Lázaro Báez, CPC, de Cristóbal López y Esuco, de Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción y que supuestamente manejaba la asignación de los contratos.
El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, pidió que se suspendiera el interrogatorio. El abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, se indignó a los gritos: “Lo que está pasando es un daño descomunal al sistema republicano”, dijo, por la supuesta autoincriminación del testigo. “Nos piden que limitemos nuestra intervención, le pido al tribunal que vuelva a la república, lo que está sucediendo es un desastre. Las consecuencias de este acto van a ser graves, hay una violación descomunal de este sistema de garantías”, graficó el abogado con elocuencia.
El fiscal Luciani le contestó con la misma vehemencia: desde las 10.30 solo pude formular tres preguntas que guardan relación con el objeto de la imputación, y les dijo que “lo que están impidiendo acá es intentar llegar a esta verdad”. Y Abundó: “Si el testigo quiere declarar, que declare”.
El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, pidió directamente la nulidad de la declaración y denunció: “Hemos llegado a un punto donde las cosas tienen una gravedad inusitada”. Mesurado en sus expresiones y sin levantar la voz, dijo: “Mi parte ya ha fijado una posición con relación a la validez de este juicio; he hecho planteos muy serios sobre lo que se está sustanciando aquí, que adolece de serios agravios a garantías constitucionales”. Señaló que el tribunal oral era incompetente, reiteró que el caso fue analizado por “dos jueces de Casación que no son imparciales” porque visitaron al expresidente Mauricio Macri, en alusión a los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
“Escuché al distinguido fiscal hablando de la necesidad de averiguar la verdad y garantizar a través de sus preguntas la reconstrucción de los hechos. No es así desde mi perspectiva”, dijo, y se quejó de que ahora la permiten a la fiscalía hacer preguntas que a él y a otros defensores ante otros empresarios arrepentidos les negaron. Dijo que el juez colocó al testigo en una situación de vulneración de sus derechos, en la medida en que dijera algo diferente de lo que declaró como arrepentido. Así pidió la nulidad y la suspensión de la declaración, pero los jueces tras un cuarto intermedio lo rechazaron “in limine” con un reto para los letrados.
El juez Giménez Uriburu, al leer la resolución del tribunal, señaló que se trataba de una “situación inédita”, donde “algunos de los actores de este juicio intentan impedir a toda costa la declaración de un testigo ofrecido y admitido”. Y recordó que los jueces son “los responsables de velar para que los testigos declaren sin intimidación”.
Incluso advirtieron al abogado de Báez, Villanueva. “Ante eventuales reiteraciones de este planteo que ya fue resuelto, se habrán de adoptar las medidas disciplinarias porque así se produce una obstrucción del debate”, indicaron.
El testigo, al retomar el interrogatorio que se extendió hasta pasadas las 17.30, recordó que asistió a reuniones en Vialidad Nacional con el gerente de Administración, Sergio Pasacantando. Dijo que le “habló de que recibía un listado que le transmitía el ingeniero [José] López [el exsecretario de Obras Públicas] donde priorizaba quiénes eran los contratistas que debían cobrar por algún criterio que desconozco”. Precisó que esa lista estaba integrada por CPC, de Cristóbal López, Esuco, de Wagner, y Austral, de Báez.
Luego recordó que fue convocado por el Ernesto Clarens, financista de los Kirchner, a una reunión donde participó además Sandro Férgola, exdirectivo de Vialidad Nacional. “Planteó de pedirnos una colaboración monetaria y me negué”, sostuvo. Dijo que esto pudo haber ocurrido entre 2004 y 2005.
Luego narró que “Wagner citó a algunos empresarios para comentarles que esta persona, Clarens, iba a comunicarse con nosotros para que hiciéramos aportes monetarios. Yo no lo conocía, me llamó: alguien le habrá dado mi número”.
Enrique Arce, abogado de Carlos Kirchner, el primo del expresidente, terminó por impacientar al tribunal, cuando ahondó sobre la lista de privilegiados para cobrar. Quería saber el tamaño de la letra, desde que distancia la vio, cuantas veces se lo mostraron, si la tuvo en sus manos, si estaba impresa o era manuscrita. Ante la seguidilla de preguntas y la oposición de la fiscalía, finalmente falló la conexión de internet del abogado.
La frutilla del postre para sembrar dudas sobre Gerbi la puso el abogado Mariano Fragueiro Frías, que logró que le dijera que su empresa fue beneficiaria en las obras del Paseo del Bajo y que estuvo el día de la inauguración junto a Horacio Rodríguez Larreta. Gerbi no recordó si Mauricio Macri también estaba allí.
La audiencia seguirá el lunes de la semana próxima con la declaración de Eduardo Eurnekian y Sergio Velázquez.