En un claro signo del cambio de los tiempos, la Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, acusado de crímenes de guerra, en particular, de la apropiación de niños ucranianos que fueron separados de sus padres para ser enviados a Rusia.
La orden —que se cabildeaba desde hacía semanas— se hizo finalmente efectiva, requiriendo también la detención de María Alekseyevna Lvova-Belova, la comisionada para los Derechos del Niño del gobierno de Moscú. No existen precedentes de que esta corte haya ordenado la detención de un mandatario aún en ejercicio del poder. Para la Corte Penal Internacional, Putin es «presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa».
Al ser la primera vez en la historia que este organismo emite una orden de captura para un mandatario en ejercicio, son muchas las voces que proclaman que la misma nunca se ejecutará. El fiscal ante la CPI, Karim Khan, respondió diciendo que «nadie debe sentir que puede cometer un genocidio contra la humanidad con impunidad», afirmando a continuación que «quienes creen que es imposible, no entienden la historia».
Los rusos —en su tono habitual de «víctimas de occidente»— clamaron que esta orden es indignante e improcedente. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que era «impactante», aunque se ocupó en señalar que su país tampoco reconoce a este tribunal.
Según el gobierno ucraniano, unos 16.000 niños han sido desplazados en contra de su voluntad hacia territorio ruso desde que comenzó el conflicto, mientras que un reciente estudio presentado en el pasado mes de febrero por la Universidad de Yale denunció que al menos unos 6.000 niños ucranianos han sido repartidos entre unos 40 internados rusos. Y aún no se habla de los civiles que fueron asesinados en ataques a edificios residenciales, hospitales e instalaciones de energía, en los que han muerto trabajadores, bomberos y personal sanitario a mansalva. Putin, por su parte, viaja a Crimea para celebrar la anexión que, en sí, implica el inicio de la actual guerra contra Ucrania.
La Corte Penal Internacional no reconoce la inmunidad de los mandatarios —es el único tribunal que no lo hace—. Por lo tanto, no reconoce la inmunidad de Putin. Además, el que Rusia no sea miembro de ese tribunal no impide que su presidente sea detenido, ya que los 123 países que firmaron el Estatuto de Roma están obligados a ejecutar los mandatos de detención contra Putin y María Lvova-Belova.
Nada ya será igual: se ha cruzado una barrera que, hasta hoy, era infranqueable.