Estamos ante semanas muy complejas en las que, al deterioro provocado por la espantosa mala praxis económica del gobierno, se le suma el descontrol social que genera la laxitud cultural y judicial ante la pandemia del consumo de drogas.
Los que se han organizado para los saqueos —cuya responsabilidad política se ha adjudicado Raúl Castels— en realidad exceden a su persona y a su organización: hay un esquema de base, que habilita —ya sea con respaldo político, o no— estos hechos de infinita crueldad.
El gobierno, mientras tanto, se enmaraño en una discusión estéril sobre responsabilidades: la vocera presidencial —con rango de ministro— acusó a cuentas de Twitter e Instagram vinculadas con Bullrich y Milei de ser responsables por estos hechos. Los ministros Rossi y Fernández, y el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Tomás Massa, de una u otra forma, cuestionaros sus dichos, mientras que el fiscal Guillermo Marijuan directamente imputó a la vocera a raíz de estas acusaciones.
Más allá de estas idas y vueltas, es obvio que —a diferencia de lo ocurrido tanto en 1989 como en 2001—, estos saqueos en modo robo tipo piraña no benefician al actual gobierno. Los anuncios al respecto de disponer de compensaciones económicas para los damnificados hasta un monto de siete millones de pesos en una partida única, o hasta que se agote el fondo, son un gesto desesperado que busca apagar este fuego fuera de control.
Mientras que nadie sabe bien a quién exactamente atribuirle responsabilidades y todos cruzan datos que no llevan a ningún lado, es evidente que existe un hilo conductor en estos hechos: el estado de las cosas que ha provocado el mismo gobierno, con la tolerancia al consumo de drogas, la falta de esquemas reales de contención social, y la creación —mediante políticas públicas— de un escenario lumpen que se agrava día a día.
Un ejemplo claro son las acciones del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak y su campaña de «Consumo cuidado» que apañaba la utilización de estupefacientes con un tríptico que indicaba: «Anticípate a disfrutar como te gusta. Analiza cuál va a ser tu límite. Mantené un vínculo, no te aísles. Conocé el origen de lo que consumís. Elegí un consumo cuidado». Ergo: conocé al dealer, fíjate si lo que te venden está cortado con Puloil, vidrio molido, o con talco. Una locura inconcebible.
Al respecto de esta línea de fabricar zombis «con sumo cuidado», se explayó el CEDRONAR al publicar las conclusiones de una encuesta donde señalan que hay en el país un universo de consumidores de 16 a 75 años que consume drogas «ilegalizadas» pero que, por lo visto, han leído el tríptico de Kreplak y antes de consumir se alimentan y beben adecuadamente. Es increíble la manipulación de datos que analiza el experto en temas de adicciones Esteban Wood: «está diciendo (el SEDRONAR) todo con el termino “ilegalizadas”. En esa franja queda la marihuana en un limbo. Actualmente es ilegal a nivel internacional pero en Argentina goza de una flexibilidad normativa extraña al amparo de lo medicinal». Y aporta «dice que la edad de inicio en el consumo de marihuana en la Argentina es 19 años algo que es falso porque cuando yo mido prevalencia en estudiantes, me da 14 años o menos. No tenemos estadísticas escolares, la última es de 2014. El alcohol o el tabaco en las mediciones que he realizado la edad de iniciación está en 13.5 años y la marihuana en 14.5 pero nunca en 19 años».
Si se analiza la edad de los detenidos por los saqueos, no es complejo advertir que en su mayoría son menores y jóvenes organizados por individuos o grupos de adultos que claramente controlan a una masa de chicos que, incitados o per se imitativamente, han protagonizado estos hechos que el gobierno no puede explicar porque su clara matriz lo expone, tanto política como ideológicamente.