A una semana de iniciado el nuevo gobierno, aún no hay definiciones al respecto de quién ocupará la cartera directamente relacionada con la pesca en el gobierno nacional. Una mala señal en un país que sigue viviendo de espaldas al mar.
Está claro que la prioridad del gobierno nacional es ordenar la macroeconomía. Sin embargo, resulta extraño que, ya definidos la mayoría de los cargos en la nueva Secretaría de Bioeconomía –la cual quedó a cargo del ingeniero agrónomo Fernando Vilella— aún falte el nombre del funcionario que tendrá bajo directa su responsabilidad impulsar las políticas del gobierno nacional que tengan que ver con la industria pesquera.
Durante la semana, los rumores apuntaban a que, finalmente, Pesca no iba a depender de Bioeconomía, sino que quedaría bajo el ala de Luis Caputo. Ahora, pareciera que hubo un nuevo volantazo, y que finalmente será Vilella quien se hará cargo de designar en dicho puesto a alguien de su confianza.
Por ahora, sólo hay improvisación: los funcionarios kirchneristas de la anterior gestión seguirán en sus puestos por 180 días, mientras que los problemas se acumulan: sin interlocutores válidos, los empresarios pesqueros no tienen manera de hacerle llegar al gobierno sus reclamos. Sin ir mucho más lejos, la imposición del 15% en los derechos de exportación de los productos elaborados de la pesca, anunciada esta semana, implica una fuerte pérdida de competitividad frente a otros países. Estamos hablando de mercados que costó mucho trabajo abrir y que, si se pierden, no se recuperan más.
La postura oficial del gobierno es que, con la nueva tasa de cambio, los exportadores ven más que compensado este 15%. A pesar de ello, en una reunión con productores agropecuarios, Vilella prometió que va a haber una instancia de revisión, y que podría haber excepciones en los casos en que la actividad deje de ser rentable. Lo que está en duda es cuál es la injerencia de Bioeconomía en las decisiones de Luis Caputo. Tampoco queda claro si, las promesas ofrecidas al campo, correrán también para la pesca.
Llegado el caso, ese sería apenas uno —quizás, ni siquiera el primero— de la larga lista de temas que los representantes de la industria necesitan desesperadamente elevar al gobierno nacional, ya que la máquina de impedir no se detiene nunca y afecta a todos los eslabones de la cadena productiva.
133 trabas
En estos días, la CAPEAR ALFA, una de las cámaras del sector, elaboró un informe en el que revelan que, la actividad extractiva y productiva en tierra vinculada con la pesca, debe completar un mínimo de 133 trámites diversos para cumplir con los diferentes organismos y reparticiones del Estado.
«Es una gran intervención estatal ineficiente que solo agrega trabas, cotos, eventualidades en aumento, confusiones, interpretaciones diversas y variadas de los funcionarios que intervienen que siempre van en contra de la producción y el trabajo», destaca el documento.
En una nota que le presentaron al Vilella al respecto de este informe, indican: «el desarrollo productivo industrial de nuestro país, y en esta ocasión, la Industria Pesquera en su conjunto considera de extrema necesidad y urgencia la revisión crítica y constructiva de cada una de las normas vigentes, y por consiguiente los trámites impuestos por los diferentes organismos del Estado. A fin de aunar y adoptar un criterio único, para modernizar, agilizar, quitar presión en lo administrativo / burocrático de la cadena productiva para así bajar costos tanto de los privados, como del propio Estado».
Gritando en el desierto
A pesar de lo lógicas que resultan las demandas del sector, pareciera que nadie escuchara. La provincia de Buenos Aires sigue ausente en estos temas y se retira de la discusión, cediendo su espacio ante Chubut. El Secretario General de la Asociación de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Jorge Frías, lo puso en términos muy claros: «En la provincia de Buenos Aires se ha perdido mucho tiempo. Esta última gestión ha estado muy ausente».
Y, yendo al plano local, si de algo sabe la gestión Montenegro, es de estar ausente: desde el municipio, la presencia es nula, al punto que, durante los últimos cuatro años, apenas si se acercaron alguna vez desde la Secretaría de Producción a tener una o dos reuniones estériles con representantes del sector, y nada más.
Por otro lado, a nivel nacional, la falta de definiciones lleva a imaginar los peores augurios. La ausencia no es gratis: el poder aborrece el vacío.
Aguas de nadie
Ante un Estado que sólo entorpece y no ofrece soluciones, hay problemáticas aún peores a las que parece que nadie les está prestando atención: mientras se escriben estas líneas, seiscientos barcos —cuatrocientos de bandera china, y el resto entre coreanos, taiwaneses y españoles— se desplazan por las aguas del pacífico hacia el sur. ¿Su destino? El borde de la zona económica exclusiva de Argentina, donde llevarán adelante una brutal depredación de los recursos marítimos sin que nadie los controle. La información la reveló para el medio especializado Parte de Pesca el conservacionista Milko Schvartzman.
«No hay ningún caso en el mundo hay una concentración tan grande de embarcaciones sin ninguna regulación y en un área tan limitada. Esta franja donde opera esta flota causa un severo daño ambiental al ecosistema marino del Atlántico Sur y a la economía de los países costeros que pescan las mismas especies que captura esta flota», señala Schvartzman.
Esta semana, en un caso inédito, 25 embarcaciones españolas fueron sancionadas por apagar los sistemas de identificación en aguas argentinas, según reporta el medio especializado en geopolítica Escenario Mundial, lo que implica la confirmación de lo que los capitanes y armadores argentinos vienen denunciando desde hace años: la depredación, por parte de buques de bandera extranjera, de nuestros recursos marítimos.
Semejantes campañas son imposibles de llevar adelante sin algún tipo de apoyo en la región, y allí es donde entra la responsabilidad del Estado nacional: la única solución para este conflicto, es diplomática. Mientras estas flotas sigan teniendo el amparo y la protección uruguaya, y sigan haciendo puerto en Montevideo, el problema sólo va a agravarse. Esperemos que la flamante canciller, Diana Mondino, y Paola Di Chiaro, Secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, tomen nota.
Conflictos en puerta
Ante semejante falta de definiciones, hay problemas que están esperando a la vuelta de la esquina. Sin ir más lejos, el año entrante se deben redistribuir las cuotas de captura de merluza. Desde el SIMAPE están convocando a actores de la industria pesquera y dirigentes de La Libertad Avanza para exponer la importancia del sector en el tablero nacional. En declaraciones a FM Vinilo, el secretario general del gremio, Pablo Trueba —fiel a su estilo— aseguró: «Noté mucho boludeo en la nueva gestión para una industria tan importante para Mar del Plata. Entiendo que están perdidos, en bolas, sin saber que hacer».
Lo que propone Trueba es que empresarios y gremios que operan en el puerto de Mar del Plata —el puerto pesquero más importante del país— salgan a negociar en bloque. ¿Se pondrán de acuerdo?
El mayor problema que tienen, por ahora, es que la silla del otro lado de la mesa de negociaciones, sigue vacía.