La confusión al respecto de las responsabilidades reales en materia de seguridad en nuestra ciudad se vienen gestando desde la gestión de Daniel Scioli al frente de la provincia de Buenos Aires.
Scioli inventó la figura de la «policía local», a lo que le siguió el fallido experimento de Gustavo Arnaldo Pulti de crear una policía municipal. Desde ese entonces, la intendencia local está atrapada en un juego de resta que implica mostrarse como partícipe en los temas de seguridad y de lucha contra el crimen.
Es un juego que resta porque la única fuerza policial que existe, es la que está bajo el mando de la gobernación, y es la que debe brindarle seguridad a los vecinos tanto de esta ciudad como de toda la provincia. Todo lo demás, es cartón pintado.
Hace no mucho tiempo, en un mensaje enviado a través de las redes, alguien me decía: «Me decepcionó mucho Montenegro, creí que iba a combatir la droga y a terminar con el lavado de dinero en Mar del Plata». Quien lo envió no era una vecina, sino una visitante regular de la ciudad. Qué pedazo de confusión. Montenegro fue electo como intendente, no es ni fiscal federal, ni jefe de investigaciones de drogas peligrosas ni ningún otro metié que tenga que ver con la expectativa de (así se define ella) la contribuyente. Y este grotesco, en el que nadie parece saber qué reclamarle a quién, lleva a frustraciones permanentes.
Sin embargo, Montenegro juega el juego y se lanza a decir coas como que «la llegada de Bullrich a seguridad nos da la tranquilidad de que los gendarmes volverán a Mar del Plata».
Parece mentira. Siendo un hombre de leyes, estimo debe conocer la constitución nacional y provincial: para que los gendarmes vengan a Mar del Plata —algo innecesario si se le reclama a la provincia que cumpla con sus responsabilidades— debe existir un pedido expreso de la gobernación. Esto quedó claramente revelado en el protocolo federal elevado por la propia Bullrich, quien dice: «las fuerzas policiales y de seguridad federales intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal».
Ergo: sólo si Axel Kicillof lo autoriza, sería posible. De todos modos, hablar de que la seguridad depende de 500 gendarmes es una falacia. En este momento, hay 500 efectivos UTOI en General Pueyrredon. Lo que debería hacer el intendente, es exigirle al gobernador que se haga cargo de esta responsabilidad que es absolutamente suya. Lo que planteó Mayra Mendoza luego del brutal asesinato a la luz del día de un trabajador en Quilmes, de pedirle a Seguridad de la nación que envíe gendarmes, es cínico.
Al hablar de Patricia Bullrich, desvía la mirada de los tres grandes responsables políticos de esa muerte: ella misma, Mayra Mendoza; Sergio Berni, quien estuvo a cargo del ministerio de Seguridad; y, obvio, el gobernador Axel Kicillof. En cuatro años destrozaron a la fuerza policial como nunca se vio. La formación policial se basa en el criterio de hacer número, y no hay formación de calidad.
El discurso político en materia de seguridad requiere un urgente cambio de paradigma.