Los delitos financieros han estado a la orden del día en este último tiempo. Por tal motivo los distintos Gobiernos y entidades reguladoras de todo el mundo han aumentado la vigilancia a los bancos y a las financieras. Pero apenas han podido presentar cargos en los Tribunales contra los más altos puestos.
En Estados Unidos, sede de Lehman Brothers, ningún alto cargo en todo Wall Street o la banca comercial ha sido condenado en relación a la crisis bancaria de 2008. En territorio europeo, la implosión del sector financiero de Islandia hace cinco años ha finalizado con algunas de las sentencias más importantes, incluída la del expresidente de la entidad bancaria Glitnir, que fue condenado a prisión. En Alemania y Países Bajos también se han producido, de manera aislada, condenas de directivos, y algunos casos relevantes pudieron materializarse. La cúpula ejecutiva al completo del banco alemán HSH Nordbank está siendo juzgada por las decisiones tomadas en el transcurso de la crisis.
Pero en Reino Unido, donde Royal Bank of Scotland y Lloyds fueron rescatados con un coste de 66.000 millones de libras (78.500 euros), ningún alto cargo bancario ha sido acusado de delito alguno. Tres ejecutivos de la entidad irlandesa Anglo Irish Bank serán juzgados en 2014, cinco años después de que la investigación al banco comenzara, mientras que en España, unas 100 personas están siendo investigadas por los tribunales por dejar las entidades arruinadas tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, aunque ninguna ha sido procesado aún.
En Estados Unidos, los fiscales siguen buscando nuevas estrategias para incriminar a banqueros de Wall Street que concedieron las hipotecas basura que iniciaron la crisis financiera, incluyendo el uso de una vieja ley que pretende castigar a aquellas personas de defraudar en banca minorista. La tentativa de Reino Unido de crear una ley “anti-imprudencias” permitiría, en teoría, castigar a grandes banqueros por tomar decisiones fallidas. Pero demostrar que esas decisiones fueron imprudentes entonces podría ser difícil
A pesar del alto coste de los rescates, en España, por ejemplo, los políticos de los principales partidos han evitado pedir investigaciones sobre distintos bancos fallidos, como ocurrió en Reino Unido después de que el Gobierno británico se viese ante una fuerte presión pública con motivo de la crisis.
En su defecto, las demandas de clientes y grupos de activistas han llevado a la Audiencia Nacional a investigar varios colapsos bancarios como el de Bankia, que fue rescatada en 2012 menos de un año después de salir a bolsa. La frustración por el lento avance de los procesos probatorios en España está llevando a algunos grupos activistas a considerar hacer lobby en Naciones Unidas para conseguir que incluyan los delitos económicos como crímenes contra la humanidad, aunque admiten que conseguirlo sería muy difícil.