La fecha del 24 de marzo expresa, en el recuerdo, un momento crucial de la historia argentina: fue el día del golpe de Estado que llegó para cambiarlo todo.
Sin embargo, en las calles de todo el país, lo que se vivió fue una celebración por el final del gobierno de Estela Martínez viuda de Perón con la asunción, por pare de la Junta Militar de Gobierno, que pasó a tener el poder absoluto sobre los destinos de la nación.
En ese entonces —cuando menos, a la vista del público— no había encuestas pero, si hubiesen existido, hubieran mostrado un apoyo abrumador, aún por parte de quienes votaron a la fórmula Perón-Perón. Las condiciones económicas posteriores al ajuste económico popularmente conocido como «Rodrigazo» empobrecieron a toda la sociedad y provocaron un trasvase de recursos brutal.
El mundo se movía al son de la guerra fría y, en nuestro país, las organizaciones criminales ERP y Montoneros —en parte, financiadas por el régimen castrista— buscaban, por la fuerza de las armas, precipitar al país a una dictadura comunista.
Lo curioso es que —al fin y al cabo, lejos de cómo quieren relatar el pasado, nada es tan lineal—, el único partido político que no fue proscripto en el país por parte de la Junta Militar de Gobierno, fue el Partido Comunista. Los «camaradas» tenían su propia grieta: el PC, alineado con Moscú, no compartía la postura cubana, y menos aún el camino elegido por el Partido Comunista Revolucionario (PCR), alineado con Pekín que, fundamentalmente, creía en la atroz teoría del «hombre nuevo», aquella que aplicara Pol Pot en la década de 1980 en Cambodia.
Hoy, a 48 años de aquel trágico momento, se genera una vez más una deformación brutal de los hechos: se usa a las víctimas del terror de Estado para justificar la historia y obtener una ganancia política sobre la sangre derramada. En Mar del Plata hay, cuando menos, dos hechos que marcan claramente esta conducta espuria:
Uno, el acto celebrados en el Consorcio Portuario por su presidente, Marcos Gutiérrez, con la colocación de una plaqueta en recuerdo de los detenidos a disposición del Poder Judicial entre 1976 y 1978 que fueron desaparecidos y cuya suerte no conocemos.
Otro, es la acción de la UNMdP —buscando una bandera que le permita agitar contra la presente situación empujada por el gobierno de Javier Milei de congelar los presupuestos— de demagógicamente «reponer en el cargo» a María del Carmen Maggi, quien fuera asesinada por una patota de la Triple A en 1975, es decir, durante el gobierno constitucional de Estela Martínez viuda de Perón.
Lo que han logrado en estos años, mintiendo, creando historias y persiguiendo adversarios políticos, buscando la supuesta reivindicación de los derechos humanos, es alejar a la sociedad y quedar constreñidos a grupúsculos que, aunque colmen una avenida, no representan el sentir mayoritario de la sociedad.
Tal como dice un frontispicio en la ciudad de Neuquén: «la sangre de la izquierda nunca seca».