El alcalde Michael R. Bloomberg después de una conferencia de prensa el lunes. Dijo que la ciudad no tuvo “un juicio justo” en el caso de parada y registrar.
El uso de las paradas de la policía ha sido ampliamente citado por las autoridades municipales como una pieza clave de la historia de éxito de Nueva York en ver asesinatos y delitos mayores caiga a niveles históricamente bajos. La policía dice que la práctica ha salvado la vida de miles de jóvenes negros e hispanos, eliminando miles de armas de las calles.
Pero el juez Shira A. Scheindlin, encontró que el Departamento de Policía recurrió a una “política de discriminación racial indirecta”, ya que aumenta el número de paradas en las comunidades minoritarias. Eso ha llevado a los oficiales “detener sistemáticamente” los negros y los hispanos que no se habría detenido si eran blancos. ”
El juez pidió un monitor federal para supervisar amplias reformas, incluyendo el uso de cámaras de uso en el cuerpo de algunos oficiales de la patrulla, a pesar de que “no estaba pidiendo un fin a la práctica de detener y registrar”.
En su decisión de 195 páginas , el juez Scheindlin concluyó que las paradas, que aumentaron en número en la última década como la delincuencia siguió disminuyendo, demostraron un desprecio generalizado por la Cuarta Enmienda, que protege contra registros y detenciones arbitrarias por parte del gobierno, así como cláusula de igual protección de la 14 ª Enmienda.
El alcalde Michael R. Bloomberg enfadado acusó al juez de negar deliberadamente a la ciudad “un juicio justo”, y dijo que la ciudad iba a presentar una apelación.
Lograr un tono desafiante, dijo Bloomberg, “Usted no va a ver ningún cambio en las tácticas de la noche.” El dijo que espera que el proceso de apelación podría permitir que las prácticas de parar y cachear actuales para continuar hasta el final de su administración porque “yo no quiero ser responsable de una gran cantidad de personas que mueren.”
El juez consideró que durante gran parte de la última década, los patrulleros habían detenido a personas inocentes sin ninguna razón objetiva para sospechar de ellos de mala conducta. Pero su crítica va más allá de la conducta de los agentes de policía.
“También llego a la conclusión de que los más altos funcionarios de la ciudad han hecho la vista gorda ante la evidencia de que los funcionarios están realizando paradas en forma racialmente discriminatoria”, escribió, citando las declaraciones que el Sr. Bloomberg y el comisionado de policía, Raymond W. Kelly, han hecho en la defensa de la política.
Juez Scheindlin ordenó una serie de recursos, incluyendo un programa piloto en el que los oficiales, en al menos cinco distritos electorales en toda la ciudad llevarán cámaras en sus cuerpos para grabar los encuentros callejeros. También pidió un “proceso conjunto de recuperación” – en esencia, una serie de reuniones de la comunidad – para solicitar comentarios públicos sobre la manera de reformar las tácticas del departamento.
El juez llamó Pedro L. Zimroth, socio de Arnold & Porter LLP y ex asesor fiscal de sociedades y en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, para supervisar el cumplimiento del Departamento de Policía de la Constitución de Estados Unidos. La instalación de un monitor saldrá del departamento bajo un grado de control judicial de que es seguro para dar forma a las estrategias de vigilancia en el marco del próximo alcalde.
La decisión del juez Scheindlin lucha con el legado de Terry v Ohio, una sentencia de 1968 del Tribunal Supremo, que sostuvo que la detención y cacheo era constitucionalmente permisible bajo ciertas condiciones. Pero ella dijo que se necesitaban cambios en la forma en que el Departamento de Policía de Nueva York emplea la práctica para garantizar que las paradas de la calle se llevaron a cabo de una manera que “protege los derechos y libertades de todos los neoyorquinos, sin dejar de ofrecer protección policial que tanto necesitan. ”
El juez consideró que la policía de Nueva York eran demasiado rápidos para considerar el comportamiento sospechoso que era perfectamente inocente, en efecto diluir el criterio requerido para una parada.
“Los negros son probablemente destinados para las paradas en base a un menor grado de sospecha fundada objetivamente que los blancos”, escribió.
Señaló que los funcionarios detenidos rutinariamente a las personas en parte sobre la base de “movimientos furtivos”, una categoría que los oficiales han declarado podría incluir cualquiera de los siguientes: ser inquieto, cambiar de dirección, caminar de una manera determinada, tomando en un bolsillo o mirando por encima de la propia hombro.
“Si los oficiales creen que el comportamiento descrito anteriormente constituye el movimiento furtivo que justifica una parada, entonces no es de extrañar que para tan pocas veces producen evidencia de actividad criminal”, escribió el juez Scheindlin.
Ella encontró que en su afán de identificar armas ocultas, agentes detuvieron a veces las personas en razón de que el oficial observó un bulto en el bolsillo de la persona, a menudo resulta que el bulto no fue consecuencia de un arma de fuego, sino por una cartera.
“El contorno de un objeto que se lleva, como una cartera o teléfono móvil no justifica una parada o cacheo, ni sentir un objeto, durante un cacheo justificar una búsqueda”, que gobernó.
Hizo hincapié en lo que ella llama el “costo humano de las paradas de inconstitucionalidad”, y señaló que algunos de los demandantes declaró que sus encuentros con la policía dejaron sentir que no pertenecen a ciertas zonas de la ciudad. Se caracteriza cada parada como “una experiencia degradante y humillante.”
“Nadie debe vivir con el temor de ser detenido cada vez que sale de su casa para ir sobre las actividades de la vida diaria”, escribió.
Uno de los demandantes en el caso, Lalit Clarkson, de 31 años, dirigente sindical, dijo que después de la sentencia que “la política de stop-and-Frisk criminaliza a toda una raza y la comunidad de personas, sólo para ir a trabajar, ir a buscar algo de comida , va en un tren para ir al centro “.
La decisión, dijo, representa la validación del sistema legal de lo que la comunidad negro ha sabido por mucho tiempo: que las tácticas de parar y cachear basan en la discriminación racial.
“Lo que sabemos, en nuestra comunidad, es la verdad, nunca antes ha pasado por un proceso legal masiva” y ha “mostrado, punto por punto, paso a paso” para ser verdad, dijo.
El fallo del juez, en Floyd contra la Ciudad de Nueva York, una demanda de acción de clase de 2008 que representa el desafío legal más amplio a las prácticas del departamento, sigue un juicio sin jurado de dos meses en la Corte Federal de Distrito en Manhattan a principios de este año. Su decisión cita el testimonio de una docena de hombres de raza negra o birracial y una mujer que se describe de ser detenido, así como las conclusiones de los expertos estadísticos que estudiaron papeleo policía describiendo algunas 4.430.000 paradas entre 2004 y mediados de 2012.
Sin embargo, las paradas no eran el final del problema, el juez Scheindlin encontrado.Después oficiales detuvieron personas, que a menudo llevan a cabo frisos para armas o buscaron bolsillos de los sujetos en busca de contrabando, como drogas, sin ningún tipo de base legal para hacerlo. Además, se encontró que durante las paradas policiales, los negros y los hispanos “tenían más probabilidades de ser sometidos a la utilización de la fuerza que los blancos, a pesar de que los blancos tienen más probabilidades de ser encontrado con armas o contrabando.”
Alrededor del 83 por ciento de las paradas entre 2004 y 2012 los negros y los hispanos que participan, a pesar de que esos dos datos demográficos representan sólo algo más del 50 por ciento de los residentes de la ciudad. El Sr. Bloomberg y el Sr. Kelly han explicado que la disparidad diciendo que refleja el porcentaje desproporcionado de los delitos cometidos por jóvenes de minorías. Pero el juez Scheindlin desestimó el argumento del Departamento de Policía.
“Esto podría ser una comparación válida si las personas detenidas eran delincuentes”, escribió, explicando que no había pruebas significativas de que las personas que están siendo detenidos no eran criminales. “Por el contrario, casi el 90 por ciento de las personas detenidas son liberadas sin el oficial de encontrar una base para una citación o arresto.”
Más bien, el juez Scheindlin encuentra, el hombre deja de minorías mayoritariamente involucrados porque los comandantes de policía habían llegado a ver como “las personas adecuadas” para detener.
“No es admisible someter a todos los miembros de un grupo racial definido para la aplicación de la policía mayor debido a que algunos miembros de ese grupo son criminales”, escribió.
El Sr. Bloomberg se comprometió a que los abogados de la ciudad, en la apelación al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, argumentan que la jueza fue parcial en contra de la policía. Como prueba, citó el hecho de que el juez, que ha supervisado numerosos casos detener y registrar en la última década, ha animado a los demandantes para dirigir el caso Floyd en su sala marcándolo en relación con un caso anterior que había supervisado .
El alcalde dijo que el juez no “no entiende cómo funciona policial” y había malinterpretado lo que la Constitución permite.