Tras casi una década de denuncias, los hijos de Salminici, el infame administrador del edificio SEMAR XI, van a juicio.
Empezamos a relatar esta historia en enero del 2015, cuando este fue el único medio en la ciudad que se hizo eco de las denuncias presentadas por los propietarios de los departamentos del edificio SEMAR XI, ubicado en Arenales al 2300. Lo que relataban era de terror: una administración que amenazaba y violentaba a personas mayores, que dejaba sin luz ni gas a los departamentos de quienes osaban quejarse, y que enviaba a rematar por deudas de expensas las cocheras y departamentos del edificio. Quien se manejaba de manera tan impune, no era otro que el ex policía Adolfo Salvador Salminici —hoy fallecido—, con la asistencia de sus dos hijos, uno de ellos abogado y apoderado de la administración del edificio, y el otro, martillero matriculado. Sí, aún hoy, a pesar de las denuncias y condenas, con matrícula activa en el registro en línea que ofrece el Colegio de Martilleros Departamento Judicial Mar del Plata.
Las denuncias
Contaban los propietarios de los departamentos del edificio SEMAR XI allá por 2015 que, de manera sistemática, la administración realizaba asambleas ordinarias de carácter irregular, de las cuales, por ejemplo, no notificaba a la totalidad de los propietarios, de la misma manera que no les enviaba la liquidación de los gastos comunes. Pero esto no era casual: el administrador demoraba el envío de la liquidación porque inmediatamente hace juicio por falta de pago. Pero también le hacía juicio a quienes sí pagaron las expensas, por dos razones: por una parte, los declaraba morosos y de esa forma les impedía tener uso de la palabra en las asambleas, también irregulares; por otra, aunque el juicio se perdiera, era el consorcio quien tenía que pagar las costas, es decir, los honorarios profesionales que cobraba, precisamente, su hijo Marcelo, abogado de la administración. En esas asambleas parciales, la administración usualmente hacía aprobar liquidaciones de gastos demenciales y, cuando los propietarios solicitaban la documentación respaldatoria para los gastos, la administración respondía con el más sostenido de los silencios. En tales liquidaciones constaban gastos profesionales y administrativos escandalosos, y hasta un ítem por seguro del edificio, respecto del cual los propietarios verificaron que no coincidía ni por asomo con el que constaba en la póliza. Pero la administración no daba explicaciones. Los integrantes del consorcio contaban que, en las liquidaciones de gastos, se incluía como ítem «compra de materiales», y el importe correspondiente, sin que la administración mencionada explicara qué compró, ni cuál era el número de factura correspondiente. De la misma manera se incluía el tópico «honorarios por tareas de mantenimiento», sin que jamás los consorcistas pudieran verificar si tales tareas se habían efectuado o no, y en tal caso, quiénes fueron los operarios o la empresa a quien esos trabajos se adjudicaron.
Contaban los propietarios: “al que se confronta con él le hace la vida imposible, les ha sacado la electricidad y el gas”. Relataban con dolor el caso de una pareja de ancianos que llevaba muchísimo tiempo sin servicio de gas por capricho o venganza de Salminici. Como la señora estaba enferma, el abuelo concurrió a la oficina a verlo y le pidió que lo conectara al gas. La respuesta fue lapidaria: “Te vas a tener que poner de rodillas y pedirme perdón para que te dé gas”.
Las subastas
Pero aquellas denuncias eran sólo la punta del iceberg: los Salminici, en complicidad con el martillero Mario Castelao —también matriculado y, según la web del Colegio de Martilleros, aún activo— comenzaron a enviar a remate las cocheras del edificio, quedándoselas ellos, por precios irrisorios. La modalidad era la siguiente: cambiaban el domicilio legal de los propietarios por alguno de los departamentos donde vivían o ellos, o alguno de sus allegados. Les enviaban allí las intimaciones de pago. Al no recibir respuesta alguna, enviaban la cochera a remate. De alguna forma, se las ingeniaban para que siempre esos remates quedaran en manos de Mario Castelao, quien manipulaba las subastas para evitar que los bienes inmuebles quedaran en manos de otra gente, y así se fueron haciendo de varias cocheras por precios irrisorios.
Todo salió a la luz cuando una mujer, que había sido perjudicada en una de las subastas de las cocheras, decidió ir a la justicia. El 9 de agosto de 2017, el juez Dr. Ricardo D. Moterisi no sólo revirtió el resultado de ese remate, sino que también, a partir de ese caso, mandó a los fiscales a investigar la posible existencia de una Liga de Remates. Fue esa investigación la que terminó destapando el accionar de la banda que lideraban Oscar Roberto Larluz, Luis Alberto Puga y Héctor Ricardo Monteros que, en el período investigado, logró quedarse con dos de cada tres subastas realizadas en la ciudad.
La sucursal del Edificio del Terror
Los Salminici juntaron suficiente dinero como para comprar una propiedad en Alvarado 2126, la cual demolieron para construir en el lugar un edificio de ocho plantas, el cual prácticamente les pertenece. Allí alquilan varias unidades y los miembros restantes del clan viven de esos ingresos. Lo que sospecha la justicia, es que el dinero que utilizaron para comprar, demoler y construir esa propiedad, proviene de la administración fraudulenta que hicieron del SEMAR XI y de las cocheras con las que se quedaron gracias a que el martillero matriculado Mario Castelao les acomodó varias subastas a su favor.
Nora Iris Jaime —viuda de Salminici— y sus dos hijos, Marcelo Daniel Salminici y Pablo Sebastián Salminici ya se encuentran condenados por la defraudación al consorcio de propietarios del edificio SEMAR XI. Ahora, la justicia buscará determinar si también incurrieron en el delito de lavado de activos: «los nombrados adquirieron el inmueble de calle Alvarado 2126 y que a partir de allí planificaron la demolición de la estructura existente para luego construir sobre el terreno un edificio de propiedad horizontal de ocho plantas para su posterior administración, ello con fondos ilícitos que obtuvieron como ganancia directa de las maniobras delictivas llevadas a cabo por la asociación ilícita que conformaron y por la cual fueron condenados» el 8 de septiembre de 2023 «y no con fondos legítimos propios para disimular de esta manera su origen espurio».
¿Será justicia?