Fue durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. Los alimentos habrían sido adquiridos en Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego para brindar asistencia social al norte del país. Investigan posibles delitos de defraudación contra la administración pública.
La Oficina Anticorrupción (OA) presentó nuevas pruebas en una causa que investiga la posible existencia de comedores fantasmas y la compra irregular de alimentos por parte de asociaciones civiles durante la gestión de Alberto Fernández. La investigación apunta a que estas organizaciones adquirían productos a cientos de kilómetros de los comedores, en una maniobra que podría tratarse de facturas truchas.
Según informó la OA, comedores de asistencia social ubicados en provincias del norte, como Chaco y Formosa, reportaban compras de alimentos a comercios en localidades del sur del país, como Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. La Oficina Anticorrupción, que es querellante en el caso y está encabezada por Alejandro Melik, sostiene que estas pruebas son clave para demostrar el presunto desvío de fondos destinados a los comedores.
La causa, bajo la dirección del fiscal Ramiro González, investiga posibles delitos de “defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad”. La denuncia inicial fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que tras una auditoría encontró que el 32% de los comedores inscritos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM) ya no funcionaban, el 25% de los datos de preinscripción no coincidían con los datos reales y el 16% nunca habrían operado como comedores.
Irregularidades en las rendiciones de cuentas
En las rendiciones presentadas por la Asociación Civil 18 de Mayo, que afirma manejar 159 comedores en provincias del centro y norte del país, se incluyeron compras en comercios del sur, como Puerto Madryn y Tierra del Fuego. Un ejemplo señalado por la OA es la compra de productos lácteos, como muzzarella, ricota y queso cremoso, adquiridos en Global PVC SRL de Puerto Madryn por casi $50.000, a pesar de que la asociación solo gestiona comedores en Santa Fe, Salta, Misiones, y otras provincias del norte.
Además, otras compras incluyen yerba adquirida a un comercio en Puerto Madryn por $12.400, y huevos pagados en efectivo a una distribuidora en Chubut. Estas transacciones requieren una logística costosa para transportar productos a gran distancia, costos que, según la OA, no se encuentran documentados en las rendiciones.
Falta de control estatal y pedido de mayores pruebas
La OA argumenta que no existía un control adecuado por parte del Estado para verificar que los alimentos llegaran a los comedores. Además, las asociaciones habrían inflado el número de personas atendidas para justificar un mayor financiamiento. La investigación también identificó nuevos comedores inexistentes, como “Los Peques de Lau”, “Pequeños Gigantes”, y otros.
Finalmente, la Oficina Anticorrupción solicitó nuevas medidas probatorias, incluyendo testimonios y un análisis de las autoridades de las asociaciones civiles involucradas. La justicia ahora deberá profundizar la investigación para determinar si las sumas otorgadas se destinaron efectivamente a la compra de alimentos o si se desviaron, y si se trató de una maniobra de defraudación en perjuicio del Estado.