El juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata Martín Poderti está acusado de haberse robado 144 monedas de oro. Él dice que es una causa armada, y que le están haciendo una cama, un relato que no se sostiene por ninguna parte.
Si esta historia se narrara en una novela policial, sería la obra más aburrida del género: entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, Martín Poderti, hoy juez federal en Mar del Plata, y quien en su momento se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal 2 de San Isidro, fue la única persona en posesión de la llave que permitía abrir la caja fuerte del Banco Nación de la que luego se comprobaría el faltante de 144 monedas de oro. Durante ese período, Poderti fue al banco 19 veces —incluso estando de licencia laboral— y accedió a dicha caja de seguridad sin supervisión alguna, tal como quedó asentado en los registros de la entidad, que él mismo firmó. No hay mucho lugar ni para la especulación ni para el misterio, ¿no?
A pesar de ello, en una actitud incomprensible, varios medios le han dado cabida al juez para que intente instalar el relato falaz de que esta causa está armada para apartarlo a él del cargo que hoy ostenta luego de algunas sentencias que dictó contra figuras poderosas del narcotráfico. Esta actitud ante los medios es la misma que Poderti ha tenido frente a la justicia, pretendiendo apartar a los funcionarios judiciales que lo investigan acusándolos de ser arbitrarios, proponiendo líneas de investigación que no tienen sentido y sólo serían un desperdicio de tiempo y recursos públicos, y victimizándose de manera continua.
El único autor posible
El faltante de las 144 monedas de oro fue detectado el 9 de abril de 2024 por el Dr. Matías Pietronave, secretario del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de San Isidro, quien debía devolverle la totalidad de sus pertenencias —las monedas, unos lingotes de oro y unos relojes— a la persona que había sufrido el secuestro de las mismas en el contexto de una investigación judicial de la que luego resultó absuelto. Sin embargo, cuando el funcionario judicial abrió la caja de seguridad a la que, hasta ese momento, sólo había accedido Martín Poderti, detectó que su contenido real no era el que figuraba en los papeles: «dado que en principio los valores hallados no hallarían correlación con aquellos que surgían de las constancias de la causa luego de colocar nuevamente la caja metálica en el sitio reservado a la caja de seguridad N° 8-44 y proceder, junto con personal bancario, a su cierre sin retirarme del sector de las cajas de seguridad que está separado del resto de la sucursal por una reja, me comuniqué con el Dr. Federico Díaz, Secretario a cargo de la Secretaría N° 5 del Tribunal, quien se apersonó hasta la entidad en cuestión alrededor de las 12.00 horas y constató mi salida del sector de las cajas de seguridad y además constató que al salir de allí solo portaba objetos personales».
Para ser claros: hasta ese momento, Martín Poderti había entrado y salido del sector de las cajas de seguridad 19 veces, algunas de ellas, mientras estaba de licencia laboral. Ninguno de esos accesos a la caja de seguridad obedeció a ningún avance en la causa, o a alguna orden del juez. Nadie constató si Poderti sólo estaba en posesión de sus objetos personales al momento de salir del sector de las cajas de seguridad, ni nada parecido. Sin embargo, el hoy juez en Mar del Plata, pretende que los investigados sean los que detectaron el robo, a pesar de que hicieron todo bien, y de manera prolija. Un disparate.
Los jueces Lugones y Barral, de la Cámara Federal de San Martín, en el fallo donde ratifican el procesamiento de Poderti, ponen los hechos de manera muy clara: «se encuentra materialmente comprobado que Luciano Martín Poderti, por entonces Secretario Federal a cargo de la Secretaría N° 6, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Isidro, a partir del 10 de diciembre de 2019, tenía a su cargo la custodia de los efectos resguardados en la caja de seguridad N° 8-44, emplazada en la sucursal San Isidro, del Banco de la Nación Argentina —abierta para el depósito de valores concretos—, respecto de la cual revestía la calidad de autorizado para el acceso a dicho compartimento, era el exclusivo poseedor de las llaves de entrada a la misma y fue el único que ingresó en múltiples oportunidades —diecinueve (19) veces en total— desde entonces, sin comunicación al magistrado instructor otrora interviniente, sin petitorio y/o diligencia procesal en las actuaciones correspondientes —esto es, el expediente FSM 5237/2014— que autorizara esos accesos que —además— no aparecen allí documentados. Y, particularmente, en cuatro ocasiones, siquiera se dieron con justificación funcional que habilitara esos ingresos, por licencia, por feria judicial o por la combinación de ambas a la vez».
Continúan: «Martín Poderti —a pesar de los forzados intentos por instalar lo contrario— fue el único ingresante hasta que, en virtud de lo ordenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín en los autos FSM 5237/2014, recién a partir del 9 de abril de 2024 se concretaron, primero, las entradas del Secretario Matías Pietronave, quien detectó el faltante de
efectos, y luego, los restantes magistrados y funcionarios judiciales, a propósito de tal detección».
Finalizan: «a pesar de las frustradas suspicacias que se pretenden radicar en derredor a los accesos a la caja de seguridad, es que el único ingresante desde el paso de la caja de seguridad en favor del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro, lo cierto es que fue el encausado Martín Poderti y, por tanto, único autor posible de la sustracción de las cosas faltantes».
Poderti, Esteban y el gorila
Probablemente lo más irrisorio dentro del argumento del juez Martín Poderti sea intentar instalarse a sí mismo como una persona dura contra el narcotráfico, cuando sus recientes actitudes públicas demostrarían más bien todo lo contrario.
En 2024, Hugo Alberto «Coco» Esteban fue condenado, en el contexto de la causa conocida como «Marea Verde», a 13 años de prisión por liderar una organización narcocriminal que en 2015 trasladó casi tres toneladas de marihuana desde el norte del país hasta Mar del Plata, donde los estupefacientes fueron finalmente secuestrados. Acusado también en la causa conocida como «Lavado Total», Esteban fue durante varios años uno de los prófugos más importantes del país, llegando a tener vigente una orden de captura nacional e internacional. Un detalle (¿de color?): su abogado defensor, no fue otro que César Sivo.
Recientemente, de manera poco justificada y más bien arbitraria, Poderti, quien se desempeña como el juez ejecutor de la sentencia de Esteban, resolvió «declarar el arresto domiciliario temporal en virtud del deterioro en la salud que evidenció luego de una visita carcelaria efectuada el 10 de marzo último en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza».
Esta decisión fue cuestionada por el fiscal, que dijo que tal decisión «se basó fundamentalmente en lo observado en su visita carcelaria y que se apartó de lo consignado por los informes médicos aportados tanto por el SPF como por el Cuerpo Médico Forense».
La Justicia le dio la razón al fiscal: la Cámara Federal de Casación le revocó la prisión domiciliaria a este notorio narcotraficante conforme los criterios del informe médico del Servicio Penitenciario Federal, que sostuvo que existe una «periodicidad en la atención médica del imputado, la ausencia de deterioro de su patología y la disuasión médica respecto de la cirugía de columna que el imputado pretendía llevar adelante».
Pero en otro giro inexplicable, Poderti decidió dar lugar a una apelación presentada por su defensa y sostenerle el beneficio, permitiéndole así seguir detenido en su casa y, además, sumándole una custodia policial. Otro disparate.
Sin embargo, de toda esta historia, probablemente lo más inexplicable para los simples mortales sea que cómo puede ser que una persona acusada de manera tan clara del robo de 144 monedas de oro, siga ostentando, tanto el cargo de juez federal, como el poder para tomar este tipo de decisiones arbitrarias.