Juan Goldar, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atepcd), advirtió en la 99.9 que el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad impacta de lleno en los prestadores, que hace ocho meses no reciben actualización de aranceles. “Estamos atando las cosas con alambre”, sostuvo.
El veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad generó un fuerte malestar entre los prestadores del sistema, especialmente en quienes están a cargo del transporte adaptado. Juan Goldar, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atepcd), advirtió en la 99.9 que la situación es crítica y denunció que el sector lleva ocho meses sin ningún tipo de actualización en los aranceles que perciben por su trabajo.
“A los prestadores directamente los afecta en un 100%”, afirmó Goldar. “Nosotros en el servicio integral de prestaciones, así como los transportistas a quienes represento, hace ocho meses que no tenemos ningún tipo de actualización en los aranceles que son fijados por Nación, administrados por la Agencia Nacional de Discapacidad. No resiste ningún tipo de análisis: el servicio básicamente no se puede seguir llevando adelante”.
El arancel actual, según explicó, está totalmente desfasado respecto a los costos reales: “Lo que marca la Ley 24.901 en cuanto al transporte fija un valor hoy de 541 pesos el kilómetro, básicamente. Es irrisorio ese valor, no llega a cubrir los gastos ni los costos, y es fijado por Nación. No es algo que nosotros podamos manejar tampoco”.
Goldar detalló que el esquema de financiamiento del sistema incluye a las obras sociales como responsables directas de pagar la prestación, pero que luego el Estado interviene a través de un mecanismo de recupero: “Las obras sociales son las que pagan el servicio de cada afiliado. Después va a todo un sistema de recupero, un sistema de integración, donde sí interviene el Estado, pero no interviene en un 100%. Es más, hay obras sociales que ni siquiera entran en el sistema de recupero, salen de sus propios fondos”.
Frente a la justificación del presidente Milei de que la ley vetada afectaría el equilibrio fiscal, Goldar fue enfático: “Lo que nosotros estamos pidiendo no tiene ninguna injerencia en ningún número que vaya a mover alguna aguja para el Estado. Este sistema no interviene en el sistema fiscal ni en lo más mínimo. Y si así interviniera, vamos a poner que sí. ¿Está bien que hace ocho meses que no tengamos una actualización? No, no está bien, creo que no está bien”.
El dirigente también subrayó el carácter esencial del servicio que prestan: “No nos olvidemos que esto no es un transporte X común, sin menospreciar a ninguno. Acá tenemos un servicio esencial. Somos el nexo que tiene la persona con discapacidad con sus terapias, su centro de día, su mejor calidad de vida. Si no lo hace a través del transporte adaptado, no tiene forma de hacerlo”.
Goldar también remarcó el vínculo cercano que se genera entre los transportistas y los usuarios: “Nosotros terminamos siendo los pies de los niños, los ojos de los niños, la movilidad general. Lo venimos sufriendo durante años con la familia. Es muy dolorosa la lucha que tienen las familias en general. Nosotros también celebramos los logros y estamos en la misma preocupación que tiene hoy la familia por perder no solamente el transporte, sino también las prestaciones, los centros de día. Es muy angustiante esto”.
Por último, fue contundente sobre la gravedad del escenario: “No es que queremos dejar de hacer esto, es que no podemos mantener el servicio. Estamos atando las cosas con alambre”.