El abogado Jorge Vitale, denunciante en la causa Sueños Compartidos, cuestionó las declaraciones en el juicio y advirtió sobre posibles nuevas derivaciones judiciales.
El abogado Jorge Vitale, quien fue denunciante en la causa conocida como “Sueños Compartidos”, brindó detalles sobre el avance del juicio oral y apuntó contra la responsabilidad de funcionarios públicos, al tiempo que cuestionó las explicaciones brindadas por algunos de los protagonistas.
“Yo fui a declarar como testigo en razón de que fui el denunciante, y pensé que me iba a encontrar con 22 abogados que iban a batallar para desvirtuar todo, como hicieron durante años diciendo que esto era lawfare o un problema entre empresarios”, explicó. Sin embargo, aseguró que su exposición fue extensa y detallada: “El fiscal me hizo una sola pregunta y estuve una hora cuarenta y cinco minutos explicando todo el origen”.
Vitale remarcó en la 99.9 que el caso no puede analizarse sólo desde 2008, sino que tiene antecedentes anteriores: “Esto arranca en 2003, cuando la fundación estaba prácticamente en quiebra y el Banco Nación le da 50 millones de dólares a través de un leasing que nunca se restituyó. Yo digo que esa fue la verdadera compra de los derechos humanos”.
Respecto de las declaraciones en el juicio, fue crítico: “No sé si les falta capacidad para razonar o si son tan impunes. Hay cosas que no se entienden”. En ese sentido, cuestionó lo expresado por Mauricio Macri: “Dijo que no pagó porque no estaban los certificados de obra, pero después reconoció que pagó porque lo llamó Alberto Fernández. Es alarmante que un funcionario pague porque otro le dice que pague”.
También apuntó contra Sergio Massa: “A Massa se le dieron más obras y el dinero se le entregó directamente a él, no a la fundación. Fue él quien lo distribuyó. Y nunca fue investigado”. Además, señaló contradicciones en su testimonio: “Negó haber firmado cheques, se los mostraron y dijo que se había olvidado”.
El abogado describió el mecanismo como un entramado que requería múltiples niveles de participación: “Esto no se podía dar si no había empresarios corruptos, funcionarios corruptos y también quienes debían controlar, como intendentes y gobernadores”.
Sobre el origen de su denuncia, explicó que recibió información desde distintas provincias: “Me llamaban de Chaco, de Santa Fe, de distintos lugares, porque los precios eran dos o tres veces más altos y las obras no resistían análisis”. Incluso cuestionó la calidad de las construcciones: “Se hacían con tergopol, algo que no es para viviendas permanentes. De cada cinco casas hicieron una, y esa una tampoco sirve”.
Vitale también hizo referencia al destino de los fondos: “El dinero que no iba a la construcción se canalizaba a través de una cooperativa llamada Caja Astur. Cuando hice la denuncia, a los tres días cerró, se fueron a Uruguay y después se transformaron en un banco en España. Yo sostengo que el dinero fue a parar ahí”.
En cuanto a la magnitud del caso, consideró que está subestimada: “No es un problema de 200 millones de pesos como se investiga. Estamos hablando de 1.000 o 1.200 millones de dólares en una administración fraudulenta”.
Además, anticipó posibles nuevas derivaciones judiciales: “Estoy convencido de que los 22 procesados van a ser condenados y que va a haber causas derivadas en distintos municipios, especialmente en Chaco y Tigre, donde hubo mayor construcción y mayor dilapidación de fondos”.
Por otro lado, vinculó el caso con problemas estructurales del Estado: “No puede ser que el Banco Nación le dé 50 millones de dólares a una fundación en quiebra sin que ningún director diga nada. Son cargos políticos, sin independencia, y nadie controla nada”.
Finalmente, dejó una reflexión más amplia sobre el funcionamiento institucional: “El problema no son las leyes, es la falta de valores en los funcionarios. No hacen controles, no denuncian, y así pasan estas cosas”.