El abogado José Magioncalda explicó los fundamentos de la denuncia presentada contra el presidente Javier Milei por una presunta discriminación por razones políticas tras el retiro del pliego de una jueza vinculada familiarmente al periodista Hugo Alconada Mon. Sostuvo que, aunque se trate de una facultad discrecional del Ejecutivo, no puede ejercerse de manera arbitraria ni discriminatoria.
El abogado José Magioncalda se refirió en la 99.9 a la denuncia presentada contra el presidente Javier Milei por la posible comisión del delito de discriminación por razones políticas, a partir del retiro del pliego de una magistrada que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
Según explicó, la presentación judicial no cuestiona la facultad del Presidente para retirar una nominación, sino los motivos que podrían haber impulsado esa decisión. “Este pedido de retirar el pliego, si bien está dentro de las facultades discrecionales del Presidente de la Nación, debe ejercerse con determinados límites. Uno de esos límites es no incurrir en actividades discriminatorias, como todo pareciera indicar en este caso”, señaló.
Magioncalda remarcó que las facultades discrecionales de cualquier funcionario público no son ilimitadas. “La discrecionalidad determina dónde empieza la arbitrariedad, y un acto discriminatorio es arbitrario. La discrecionalidad no implica hacer cualquier cosa”, sostuvo.
Durante la entrevista, José Luis Jacobo recordó que en 2020 el entonces presidente Alberto Fernández retiró casi 200 pliegos de jueces, fiscales y defensores enviados por Mauricio Macri. Sin embargo, el abogado consideró que aquella situación no es comparable. “Era un cambio de gobierno y una decisión general respecto de una gran cantidad de pliegos. Acá se está apuntando directamente contra una persona”, afirmó.
Para Magioncalda, el aspecto más preocupante es la posibilidad de que una funcionaria judicial pueda verse perjudicada por la actividad profesional de un familiar. “Se le está diciendo a alguien que si va a investigar al Gobierno o va a opinar en contra del Gobierno, sus parientes van a padecer las consecuencias”, advirtió.
Incluso trazó una comparación histórica para dimensionar la gravedad de la situación. “Eso nos retrotrae a situaciones superadas por la humanidad hace miles de años, cuando lo que hacía una persona era castigado en sus familiares”, indicó.
El letrado señaló que existen elementos suficientes para que la Justicia investigue si efectivamente existió una conducta discriminatoria. Entre esos indicios mencionó que fue el propio Alconada Mon quien ratificó públicamente las versiones periodísticas, que el periodista mantiene una relación conflictiva con el Gobierno por sus investigaciones y que el pliego no había recibido objeciones durante su tratamiento en el Senado.
“La decisión es abrupta, bastante extraña, individual y se da en un contexto donde hay un enojo del Gobierno con el periodismo en general y con algunos periodistas en particular”, explicó.
También sostuvo que el discurso oficial hacia la prensa no puede analizarse aisladamente. “Cuando el Gobierno dice que hay que odiar a los periodistas, eso es una práctica que no se queda solamente en el discurso. De tanto reiterarse puede transformarse en medidas concretas y pareciera que esta podría ser una de ellas”, afirmó.
Ante la consulta sobre cómo puede probarse una motivación discriminatoria, Magioncalda reconoció que esa tarea corresponde a la Justicia. “Uno no puede ponerse en la cabeza del Presidente para saber cuál fue su finalidad. Los casos de discriminación se investigan a partir de indicios, porque salvo que alguien deje escrito expresamente cuál fue su intención, la certeza absoluta nunca existe”, explicó.
No obstante, consideró llamativo que el Gobierno no haya ofrecido una explicación concreta sobre las razones que motivaron el retiro de la candidatura. “Ante una situación tan particular, donde justamente quien investiga algunos de los casos más resonantes del Gobierno es el cuñado de esta colega, si las razones fueran otras, el Gobierno podría decir claramente cuáles son. Pero eso tampoco ha ocurrido”, señaló.
Para el abogado, la cuestión trasciende el caso puntual y afecta principios básicos del sistema democrático. “Lo que nos llamó la atención fue la mera posibilidad de que se pueda estar persiguiendo a familiares por lo que otras personas opinan. Nos parece una práctica gravísima”, enfatizó.
Finalmente, sostuvo que este tipo de situaciones generan un efecto intimidatorio que puede afectar la libertad de expresión. “Ni siquiera se trata de que uno asuma las consecuencias de lo que dice o hace. El problema es cuando las consecuencias recaen sobre familiares. Eso es muy peligroso para la democracia y para la libertad de expresión”, concluyó.