
Han pasado siete años desde que Guillermo Montenegro llegó a la intendencia de esta ciudad. Está de licencia —como Mario Ishi— pero su rol sigue siendo inequívocamente el de un actor central. Siete años sin resolver el pliego de bases y condiciones para licitar el transporte público de pasajeros en General Pueyrredon.
Siete años de precariedad, con lo cual el prestador —este, u otro que surja de la compulsa— no puede —porque no tiene marco legal para hacerlo— renovar las unidades afectadas al servicio. ¿Más desidia? Difícil.
En la «ciudad del sí» el no resolver, y cabalgar sobre la coyuntura, es el modo perverso que han elegido de sentarse en la poltronas del poder local. Cuando recibieron el gobierno de manos de Carlos Fernando Arroyo, también recibieron un pliego de bases y condiciones para el transporte público ya terminado, listo para ser elevado al Concejo Deliberante.
Como un pequeño ejercicio de instrucción cívica, señalo que el transporte público es exclusiva responsabilidad del municipio. Es éste quien concede la prestación del servicio, pero el control del cumplimiento de las frecuencias, del estado de los vehículos y del tiempo de uso de los mismos de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito, es indelegable.
El no haber licitado es una cuestión grave. Tanto, que en el mes de mayo el sistema SUBE dio de baja a 90 unidades de las que prestan servicio en la ciudad, lo cual se subsanó con una ordenanza que, por emergencia, extendió el plazo de uso de las mismas. La misma, obviamente, está firmada por el intendente sustituto quien, como toda muestra de interés por la vida de la joven fallecida y del resto de los afectados, recién 96 horas después de acontecido el accidente, hizo un posteo hablando de «natural cuidado» ante la desgracia ocurrida.
Hubo, sí, funcionarios que se hicieron presente casi de inmediato, y de diversas áreas. Municipales que, por su propio imperio, ante lo inédito y doloroso de la situación, concurrieron al lugar a bridar su servicio como correspondía. En medio de esta desgracia, sin embargo, alguien ha estado ocupado ocultando las huellas de la responsabilidad.
Al ingreso a la dársena que bordea el skate park, había un pozo de considerables dimensiones, el cual fue tapado de urgencia. ¿Un intento de evitar tener que hacerse cargo? Hay capturas de imágenes del antes y del después. Será de interés judicial saber si la pericia indica que la rotura de la pieza que provocó la pérdida de control de la unidad fue provocado por el impacto del tren delantero de la unidad, de once años de antigüedad, y cuyos componentes pueden estar afectados por una fatiga del material —algo que, por rigurosa que sea, no se detecta en una VTV—, contra ese pozo.
Si no se entiende el escenario completo, y la cuestión dolosa solo queda en accidente o siniestro, será difícil comprender en dónde están las responsabilidades. Concentrarse en si esto es consecuencia de la existencia de un solo operador, es quedarse en la superficie del problema. En la «ciudad del sí», la desidia se lleva vidas.
