La situación de la pesca genera enormes frustraciones: pequeños logros se ven eclipsados por medidas que complican todo el escenario. Si la política no espabila, las consecuencias pueden ser muy graves.
En Mar del Plata, la capital pesquera de la Argentina, se descarga y se procesa más de la mitad del pescado y del marisco del país. Sin embargo, durante 2025, cerraron doce fábricas y quedaron en la calle alrededor de 600 trabajadores. Sí, los desembarques aumentan, pero eso no es suficiente para revertir la pérdida de rentabilidad porque el problema no está en el mar, está en tierra: la presión impositiva, el gasoil desfasado al respecto del valor del barril de petróleo, el IVA que el Estado cobra por adelantado y devuelve tarde o nunca, una maraña de más de cien trámites por marea y una clase política que, salvo un par de excepciones, mira para otro lado.
De reuniones y susceptibilidades
Esta semana, referentes de la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, UDIPA, CAPEAR ALFA y Cafrexport viajaron a Buenos Aires para reunirse con el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Agustín Lavigne, y con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta. Nobleza obliga, quien impulsó y participó también de la reunión, fue el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Juan Antonio López Cazorla. Durante una hora y media, los empresarios pudieron describirle a los funcionarios nacionales la emergencia que atraviesa la flota fresquera de altura y le acercaron propuestas. Luego de la reunión —que los asistentes calificaron como positiva— López Cazorla también se comprometió a gestionar nuevas reuniones con las áreas de seguridad, trabajo, desregulación, economía y producción.
CAPEAR ALFA presentó a los funcionarios nacionales un informe titulado «Alivio Impositivo y Desregulación de la Industria Pesquera Fresquera Argentina», en el que aclaran que no buscan subsidios, sino reglas claras y una rebaja de impuestos ya que, al no ser formadores de precios y exportar cerca del 95% de lo que producen, sólo pueden mejorar su competitividad bajando costos.
El informe también indica que la pesca fresquera, cuotificada y generadora de empleo en tierra, «soporta un 41% de presión fiscal frente al 30% del agro». Paga derechos de exportación de entre 5% y 9% según la especie, un esquema que en veinte años le sacó al sector más de 2.300 millones de dólares y destaca que, el alivio fiscal anunciado por el presidente Javier Milei en mayo de este año, que habilitó una baja de retenciones al agro y a otras industrias, los volvió a dejar a ellos afuera. A eso se suma un Derecho Único de Extracción que trepó más del 200%, Ingresos Brutos que se acumulan en cada eslabón, tasas municipales, energía cara y aranceles de la Prefectura, el SENASA, la Aduana y otras ventanillas del Estado.
Proponen eliminar el IVA a la primera venta industrial, una medida que no tendría costo fiscal —porque el Estado igual recauda ese IVA más adelante—, pero que hoy obliga a las empresas a financiar al fisco con su propio capital de trabajo mientras esperan reintegros que, en el caso de las exportaciones, demoran más de un año.
Por otro lado, también indican que, mientras el barril de petróleo Brent retrocedió a valores cercanos a los de comienzos de la guerra en Medio Oriente, el gasoil de la flota hizo el camino inverso: en dos meses subió más del 60%, de unos 1.300 a más de 2.100 pesos. Desde el sector energético, además, anticiparon que los precios no bajarán en lo inmediato. El informe recuerda que la pesca, aunque está exenta del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, sigue pagando IVA sobre un gasoil que países como España o Portugal eximieron, al menos transitoriamente, para sostener a sus flotas. Piden garantizar el acceso a un combustible «con valores reales y competitivos».
Una nota al márgen: a la reunión no fue convocada la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera, que nuclea a buena parte de la flota que sostiene el trabajo en tierra. La omisión, según trascendió, respondió a un entredicho entre el funcionario convocante y la conducción del sector, a raíz de algunas críticas que se expresaron en declaraciones públicas. La entidad contestó con un comunicado en el que pidió ser incluida «en cada espacio de articulación» con el mismo tratamiento que el resto de las cámaras: «interpretar esas realidades como conflictos personales desvirtúa el rol de la función pública y debilita la calidad institucional». Razón, no les falta.
El peaje de la estiba
El 16 de junio, un nutrido grupo de armadores y empresas que operan en los puertos chubutenses de Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos y las empresas de estibaje, por presuntas prácticas anticompetitivas, acuerdos colusorios y fijación arbitraria de precios, en presunta violación de la Ley 27.442. Calificaron a la estiba como un «impuesto encubierto».
En la denuncia indican que, al momento de la descarga, les cobran distinto según lo que el cajón contenga, aunque la tarea sea exactamente la misma: De acuerdo con el tarifario de Comodoro Rivadavia, vigente desde el 1° de mayo, mover un cajón de langostino cuesta $2.781,51; uno de merluza, $1.381,53; uno de anchoa, $1.247,85. Es decir: estibar langostino se paga más del doble que estibar merluza, pese a que el cajón de langostino pesa menos, exige menor esfuerzo físico e implica igual o menor tiempo de manipulación. La denuncia lo define como una «discriminación económica arbitraria, ajena a cualquier criterio técnico o laboral».
Además, mientras que los tarifarios se acuerdan entre el sindicato y las estibadoras, el costo lo afronta el armador, que «no participa de la negociación, no tiene representación, no puede rechazar el servicio» ni negociar condiciones. Para la denuncia, se trata de un acuerdo entre dos partes que perjudica a una tercera, justamente lo que la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe. Los firmantes apuntan, además, que el esquema es exclusivo de Chubut —no existe en ningún otro puerto argentino— y que no tiene equivalente en la logística mundial: en Rotterdam, Hamburgo, Santos, Valparaíso o Singapur las tarifas se fijan por unidad física, las paga quien contrata el servicio, y los sindicatos negocian salarios, no precios comerciales. El petitorio reclama la apertura de una investigación, medidas cautelares para frenar nuevos aumentos y la adecuación de las tarifas a criterios «técnicos, razonables y no discriminatorios».
¿Y la PBA?
Giuliano Falconnat, director del Grupo SIP y congresal del PJ bonaerense, en una entrevista para la FM 99.9, destacó la necesidad de que la PBA recupere la Subsecretaría de Pesca.
La provincia, sostiene Falconnat, «está muy debilitada en cuanto a la representación pesquera», y eso se explica en una decisión de organigrama que ya tiene casi veinte años: la cartera fue degradada de Subsecretaría a Dirección Provincial apenas asumió Daniel Scioli, en 2007, y nadie volvió a jerarquizarla desde entonces. La última gestión bonaerense que contó con una Subsecretaría de Actividades Pesqueras fue la de Felipe Solá, con Oscar Fortunato a cargo. «Ya desde el organigrama se le demuestra a los bonaerenses cuál es la importancia que el Ejecutivo cree que tiene la cartera», resumió. Para dimensionar la anomalía: Santa Cruz tiene una Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura; Chubut, una Secretaría de Pesca; hasta Río Negro, donde la actividad pesa poco, sostiene una Subsecretaría. Buenos Aires —que recibe el 55% de la materia prima del país y aporta el 30% del valor agregado bruto del sector— comparte el rango más bajo con Neuquén.
No es una discusión meramente administrativa: la debilidad institucional se paga en la mesa donde se toman las decisiones, que es el Consejo Federal Pesquero. «Hoy todas las discusiones de la provincia las pierde; incluso las perdía cuando el peronismo era gestión nacional», indica Falconnat. De hecho, en la última sesión del Consejo, la representante bonaerense, Carla Seain, luego de reclamar si que nadie la escuche que la discusión sobre la cuotificación del langostino se de dentro del cuerpo y no en despachos ajenos, de objetar la incorporación de los nuevos poteros y de presentar un recurso de reconsideración, al no conseguir respaldo, lo que hizo fue retirarse de la reunión, como si con ese gesto de diva los bonaerenses fueran a ganar algo. ¿No viene ya siendo hora de que a la PBA la represente, en el Consejo Federal Pesquero, una persona idónea?
Diez puntos contra treinta
Uno de los reclamos infructuosos de Seain surge de la Resolución 6/2026, publicada a comienzos de junio del Consejo Federal Pesquero, que abrió una convocatoria para sumar hasta 18 nuevos buques poteros a la pesca del calamar Illex argentinus, apoyándose en un informe del INIDEP según el cual incorporar entre quince y veinte unidades no pondría en riesgo la sustentabilidad del recurso. Pero, a la hora de evaluar los proyectos, la misma resolución le asigna hasta 30 puntos a los que descarguen en Tierra del Fuego, y apenas 10 a los vinculados con la provincia de Buenos Aires. Es decir que, la respuesta a la pérdida de 600 puestos de trabajo en Mar del Plata, es diseñar los permisos para que los barcos vayan a descargar al sur.
Ante este despropósito, una de las pocas que reaccionó fue la concejal Vilma Baragiola, que presentó un proyecto para que el Concejo Deliberante exprese su rechazo a la Resolución 6/2026 y reclame suspender sus efectos hasta que se hagan públicos los estudios técnicos, científicos y ambientales que la respaldan. «Mar del Plata no puede quedar en desventaja frente a otros puertos del país por una decisión administrativa que altera las reglas de competencia y pone en riesgo miles de puestos de trabajo», planteó la edil, que enmarcó la iniciativa en el acompañamiento a las presentaciones judiciales del sector.
Ninguno de los dos intendentes —ni el de licencia, ni el sustituto— se pronunciaron al respecto. Mientras la gente queda en la calle, la política local sigue mirando para cualquier lado, a excepción de unas pocas y honrosas excepciones.
Subestiman un estallido que, si las cosas siguen así, no va a tardar en llegar.