El vocal de la Junta Vecinal de Villa Mascardi criticó con dureza el fallo que absolvió a cinco mujeres vinculadas a las tomas de tierras y aseguró que la decisión «alienta a los delincuentes». También cuestionó el tratamiento que recibieron los vecinos durante el gobierno anterior y denunció que se pretendía convertir propiedades privadas en «comunitarias».
La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de absolver a cinco mujeres vinculadas a las ocupaciones de Villa Mascardi volvió a generar un fuerte rechazo entre los vecinos de la zona. Diego Frutos, vocal de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, sostuvo en declaraciones a la 99.9 que el fallo representa una nueva muestra de cómo «la política y la ideología se meten en la Justicia» y terminan perjudicando a quienes fueron víctimas de las usurpaciones.
En primer lugar, rechazó que las mujeres beneficiadas por la resolución puedan ser consideradas integrantes de una comunidad originaria. «Son auto percibidas. Usurparon terrenos porque no pertenecen a ninguna verdadera comunidad. De la noche a la mañana se auto perciben, viendo con el gobierno anterior que era una manera de hacerse fácilmente y gratuitamente de tierras. Con esa trampa hubo muchos auto percibidos, principalmente en la zona de Villa Mascardi», afirmó.
Respecto de la resolución judicial, Frutos fue especialmente crítico con los fundamentos utilizados por el tribunal.
«Esto pasa cuando la política y la ideología se meten en la Justicia y los ciudadanos terminamos siendo víctimas no solamente de los delincuentes, sino también de estos malos funcionarios», expresó.
Según explicó, el fallo sostiene que «no hubo usurpación por despojo» porque los hechos ocurrieron «en un marco de conflicto territorial con inestabilidad normativa y la intervención contradictoria del Estado», una argumentación que calificó como «un saraceo que se da de manera normal en la Justicia cuando hay gente que no quiere trabajar».
Para el dirigente vecinal, «todo eso es falso» y los magistrados «insisten en burlarse de los ciudadanos, de los que hemos sido saqueados, usurpados y finalmente incendiadas nuestras casas». Incluso sostuvo que «tergiversan la interpretación de la ley para seguir alentando a delincuentes, usurpadores e incendiarios».
Frutos también aclaró que las mujeres fueron las únicas detenidas porque «los hombres lograron profugarse arriba de la montaña» durante el operativo y cuestionó otro de los argumentos judiciales.
«En alguna parte sostienen que el hecho de que estén encapuchados no permite la identificación para poder dictaminar que son delincuentes. De esa manera les explican cómo violar la ley sin ser condenados», señaló.
El dirigente recordó además el inicio del conflicto en Villa Mascardi y volvió a referirse irónicamente a la versión de que la ocupación había sido producto de una revelación espiritual de una «machi».
«Yo agregué que, aparte del sueño espiritual, tuvo un sueño catastral, porque le embocaron a la única fracción no privada para instalarse inicialmente. Cuando uno se mete en un terreno fiscal no aparece inmediatamente el dueño y así estuvieron instalados hasta que Parques Nacionales detectó la ocupación», explicó.
A partir de allí, sostuvo, comenzaron los ataques contra los propietarios vecinos. «Empezaron a atacarnos al resto de los vecinos que tenemos nuestras fracciones con escrituras, como corresponde. Todos compramos esos lotes, que son originales de la primera presidencia de Perón, entre 1946 y 1952, de cinco hectáreas cada uno. No cabe duda de que es un ilícito, pero los jueces dicen que es un territorio de conflictividad no resuelta. Es un disparate total», afirmó.
Consultado sobre nuevos conflictos en Río Negro vinculados a reclamos territoriales, Frutos aseguró que situaciones similares «ocurren continuamente».
«Siempre aparece alguien diciendo que el tatarabuelo ordeñó una vaca en determinado lugar y que la machi lo soñó. Entonces la machi va indicando dónde reclamar. Es una mentira total. Los verdaderos machis pueden ser hombres o mujeres, surgen con el paso del tiempo y el reconocimiento de distintas comunidades, no porque la madre decida que su hija de 16 años lo sea», sostuvo.
Finalmente recordó las reuniones mantenidas durante la pandemia con funcionarios nacionales del entonces Ministerio de Seguridad, experiencia que calificó como frustrante.
«Con gran sacrificio llegábamos a Buenos Aires, después de pasar controles durante tres días, y nos recibían para hablarnos del respeto a los pueblos indígenas y del caso Maldonado. Nos decían que los estudios antropológicos podían demorar diez años y que nos acostumbráramos a que nuestra propiedad, aunque tuviéramos la escritura notarial, pasaba a ser una propiedad comunitaria y que debíamos convivir con los nuevos vecinos», concluyó.