El diputado provincial presentó junto a Andrés De Leo un proyecto para convertir la caza furtiva en una contravención grave, con multas millonarias, decomiso de armas, vehículos y perros. Aseguró que el objetivo es proteger la propiedad privada rural y brindar mayor seguridad a las familias que viven en el campo.
La creciente problemática de la caza furtiva en la provincia de Buenos Aires motivó la presentación de un proyecto de ley impulsado por el diputado provincial Luciano Bugallo junto a Andrés De Leo, con el objetivo de endurecer las sanciones contra quienes ingresan ilegalmente a establecimientos rurales armados para desarrollar esta actividad.
En declaraciones a la 99.9, Bugallo remarcó que se trata de un problema que «no solamente existe en la provincia de Buenos Aires sino en todo el país» y explicó que la iniciativa apunta a cubrir un vacío legal que hoy impide una respuesta efectiva por parte de las fuerzas de seguridad.
«Lo ideal sería tener una ley que penalice desde el Código Penal la intromisión en la propiedad privada rural, lo cual hoy no existe. Como legisladores provinciales hacemos hasta donde podemos», señaló.
El legislador describió el escenario que viven habitualmente las familias rurales: «Cuando una familia se acuesta a dormir en el campo tiene el derecho a saber que nadie va a entrar a su propiedad privada armado durante la noche. Eso es realmente lo que termina pasando».
Según explicó, grupos de tres, cinco o diez personas ingresan durante la noche con perros y camionetas para cazar, provocando múltiples daños. «Muchas veces cortan alambrados, dejan tranqueras abiertas, cortan bolleros, espantan los animales con los tiros, incluso en épocas de parición, generando problemas en los partos del ganado», indicó.
A ello se suma el riesgo para quienes habitan o trabajan en los establecimientos rurales. «Muchas veces se producen enfrentamientos con los propietarios, encargados o peones que salen a correr a los cazadores y reciben tiros como respuesta», advirtió.
Bugallo también alertó sobre el impacto ambiental de esta práctica. «Hay un principio de defensa de la fauna, porque muchas veces hacen un raleo que no deja absolutamente nada. En la zona de Ascensión, partido de General Arenales, prácticamente las liebres las vemos en fotos. Perdices quedan muy pocas y martinetas prácticamente no existen», ejemplificó.
El proyecto establece la prohibición de ingresar a cazar dentro de propiedades privadas sin autorización expresa y por escrito de sus propietarios. «Nosotros no prohibimos la caza. Lo que prohibimos es que las personas entren armadas o con perros dentro de propiedades privadas si no tienen autorización», aclaró.
La iniciativa además convierte esta conducta en una contravención grave contra la seguridad rural e incorpora sanciones mucho más severas que las actuales. Entre ellas se contemplan multas de hasta 45 millones de pesos, la inhabilitación para obtener permisos de caza, el decomiso de armas y perros utilizados en la actividad e incluso el secuestro preventivo de los vehículos.
«Hoy está prohibido violar la propiedad privada, pero no hay una pena concreta. Entonces la Policía o las patrullas rurales solamente pueden avisarles que están en infracción y pedirles que se retiren. Lo que hacemos es darles herramientas para actuar y endurecer las penas», explicó.
El proyecto también prevé agravantes cuando la actividad se realiza en grupo, durante la noche o cuando se producen daños materiales, además de crear un Registro Provincial de Infractores de Caza Furtiva para que los reincidentes enfrenten sanciones cada vez más severas.
Durante la entrevista también se abordó el crecimiento de la población de jabalíes en distintas zonas de la provincia. Bugallo aclaró que ambas discusiones deben diferenciarse.
«Son dos cosas distintas. Nosotros no prohibimos la caza; solamente la intromisión en la propiedad privada sin autorización«, afirmó.
Respecto del avance de los jabalíes, reconoció que se trata de una problemática creciente, especialmente en regiones donde no poseen depredadores naturales. «Al no tener un animal que naturalmente los controle, el chancho anda suelto por todos lados, muchas veces en zonas agrícolas donde tiene todo el alimento disponible. Además, en campos de grandes extensiones pueden criar sin que nadie los vea y eso dificulta el control», sostuvo.
No obstante, insistió en que esa situación no puede justificar el ingreso ilegal a campos privados. «Imaginate que estás tomando mate o durmiendo y de repente salta una persona con perros en el patio de tu casa. En el campo pasa exactamente lo mismo. De noche empezás a escuchar tiros, ves luces de camionetas recorriendo la propiedad, gente que no conoce los caminos y anda disparando. El estrés que eso genera en los animales y la inseguridad para quienes viven allí es enorme», explicó.
Finalmente, Bugallo advirtió que detrás de algunos supuestos cazadores también se esconden delincuentes dedicados al robo rural. «No mezclo delincuentes con cazadores, pero muchas veces se disfrazan de cazadores para hacer inteligencia, ingresar a los campos, cometer robos o realizar abigeato. Eso sucede sobre todo en zonas cercanas a grandes ciudades y al conurbano», señaló.
Y concluyó: «La única manera de ordenar esta situación es muy simple: si alguien quiere cazar, que pida autorización al dueño. El propietario también tiene derecho a decidir si quiere conservar la fauna de su campo o permitir la actividad. No vale cualquier cosa para entrar armado en grupo y matar todo lo que se encuentra en el camino».