A manos de la gobernación de Kicillof, parece que todo lo que puede salir mal en el HIGA, sale mal. No es mala suerte, es una pésima gestión.
Recientemente se dieron dos situaciones distintas que demuestran la profunda crisis de liderazgo en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende”. Por un lado, una dirección de email a través de la cual se maneja información excesivamente sensible fue accedida sin permiso, no se sabe por quién ni para qué. Por otro lado, un trabajador del hospital con antecedentes de consumo fue hallado muerto con una jeringa clavada en su cuerpo. No es el único caso de abuso de sustancias dentro del personal. Ante ambas situaciones, la Dirección del HIGA no hace nada.
Datos sensibles
El 15 de agosto de 2025, la responsable del Área Técnica Legal del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende” y una integrante del Área de Legales firmaron una nota para «denunciar y dejar formal constancia de una grave vulneración de seguridad informática y de confidencialidad de datos, cuya omisión de resolución y de adopción de medidas urgentes por parte de la Dirección Ejecutiva de nuestro hospital constituye una falta grave con posibles consecuencias administrativas, civiles y penales». Era la tercera nota que presentaban por el mismo asunto en dieciséis días. Apenas un mes más tarde, el Ministerio Público archivó la causa.
La cuenta es una casilla de Gmail que la propia responsable del área abrió con un dispositivo de su propiedad, y que quedó «utilizada como canal oficial de trabajo del Área de Legales desde su creación en 2020 (…) en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, para garantizar el acceso a la justicia y la recepción de oficios judiciales durante la pandemia». Cinco años después, la cuenta seguía cumpliendo esa función.
Por ahí circula información protegida por la Constitución Nacional, la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Protección de Datos Personales: «datos personales y clínicos de pacientes, de carácter estrictamente confidencial». Y también «documentación, e informes provenientes de diversos fueros judiciales (Juzgados de Familia, Juzgados de Paz, Tribunales laborales, Juzgados Penales, Juzgados Contenciosos Administrativos, Auditoría de Asuntos Internos, Defensoría, Fiscalías de Estado, de Flagrancia, Generales y de delitos contra el medio ambiente, violencia de género, Comisarías de la Mujer y la Familia, entre otros organismos)», además de oficios y actuaciones vinculadas a investigaciones penales preparatorias, amparos y auditorías. Para las denunciantes, el episodio «constituye un hecho de extrema gravedad institucional y legal, que vulnera derechos y garantías constitucionales (arts. 18, 19 y 43 CN), compromete el secreto profesional».
El primer aviso a la Dirección Ejecutiva, a cargo de Matías Tártara, lleva fecha del 30 de julio de 2025 y sello de mesa de entradas del mismo día: «hemos detectado actividad no autorizada en la cuenta institucional», informaron las dos empleadas, y precisaron que «dicha vulneración provendría desde un dispositivo desconocido, fuera del circuito habitual y autorizado por esta Unidad». El pedido: «Solicitamos se adopten, con carácter urgente las medidas necesarias para restringir investigar y preservar la seguridad de la información, deslindando desde este momento toda responsabilidad frente a cualquier uso indebido, modificación o distribución de la información alojada o remitida desde dicha cuenta».
El informe del 4 de agosto, también sellado por mesa de entradas, reconstruye lo actuado junto al servicio de Informática: «El día viernes 1 de agosto se presentaron de informática y se procedió a revisar el correo de donde surgió que había un dispositivo conectado Galaxy A04 hacía 53 minutos, por lo que se procedió a localizar el mismo, el cual se encontraba dentro del hospital conectado al router quinto piso, y también se constató que se había desconectado la verificación de dos pasos de seguridad, en la cual en un primer momento se había agregado el celular de la responsable de la oficina (…). Por ende, se procedió a bloquear el dispositivo y a activar nuevamente la seguridad de dos pasos».
La denuncia consigna además que «se constató que la persona que incurrió en esta acción ilícita desactivó el proceso de verificación de dos pasos, medida esencial de seguridad, y que la actividad no autorizada fue advertida tanto en horarios nocturnos como en horario laboral».
El 15 de agosto, ya «habiendo agotado la vía jerárquica administrativa sin obtener respuesta efectiva», las dos firmantes asentaron: «Pese a la notificación formal y la exposición de la gravedad del hecho, la Dirección Ejecutiva del HIGA Dr. Oscar E. Alende no adoptó las medidas de seguridad, restricción de acceso, preservación de evidencia ni resguardo de información que la situación exige, incurriendo en omisión de deberes funcionales (art. 248 del Código Penal) y comprometiendo la responsabilidad institucional». Entre lo que pedían: «Garantizar la protección integral de los datos vulnerados, evitando su pérdida, manipulación, difusión o comercialización».
La presentación llegó al Ministerio Público el 19 de agosto y derivó en una investigación penal preliminar caratulada “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El 22 de septiembre de 2025 fue archivada. La resolución descarta el encuadre penal porque «en el acontecimiento relatado por las denunciantes no se observa una actitud dolosa de la funcionaria pública, en el sentido de querer incumplir la ley de manera intencional y deliberada como exige el tipo penal citado».
Con cita de doctrina sobre el principio de intervención mínima, la fiscalía concluyó que «lo producido en los actos investigativos realizados resulta insuficiente a los fines de acreditar la existencia del hecho y la participación criminal responsable», y dispuso el archivo. Ninguna medida cautelar sobre los datos, ninguna diligencia para identificar al usuario del teléfono localizado en el quinto piso, ninguna imputación por el acceso en sí. La Justicia se lavó las manos diciendo: «existen elementos de peso que ameritan que dichas acciones sean ventiladas en la sede administrativa que corresponda».
La negligencia es total.
De drogas y muerte
El miércoles pasado, pasadas las 22.40, una trabajadora encontró en una sala próxima al área de hematología del HIGA a un compañero de 51 años tendido boca arriba, con una jeringa clavada en el vientre y dos puntas de ampollas a su lado, sin signos de violencia. Lo trasladaron al shock room, donde se confirmó el fallecimiento. La fiscal Romina Díaz ordenó preservar la escena, peritajes de Policía Científica y autopsia, bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. El estudio preliminar del jueves atribuyó el deceso a un paro cardíaco y las pericias toxicológicas siguen pendientes. Una testigo declaró que el trabajador solía inyectarse sustancias en su lugar de trabajo. Los primeros reportes lo identificaron como enfermero; después se precisó que era técnico del área de hemoterapia. No es el único caso: hay un historial de personas que abusan de las sustancias a las que tienen acceso gracias a trabajar en el hospital, pero los jefes no hacen nada porque prefieren eso a quedarse sin personal.
«Ya una vez esto había pasado. Tenía un historial de consumo y la responsabilidad de los jefes que lo sabían y no hacían nada», aseguró un trabajador del HIGA.
Añadió: «El tema del consumo problemático dentro del hospital es un tema importante, tanto que crearon un comité que entre otras cosas, se ocupa de esto. Ellos se jactan justamente de dar herramientas y recursos a esta gente de consumo problemático y ponerlos en tratamiento pero es una pantomima que armaron para ganar tiempo. Este caso no es el primero, hay otros. Hay otros chicos, hay enfermeros que se sabe y no los apartan».
Y la razón, como no puede ser de otra manera, está en la cuestión política: los jefes prefieren tener que lidiar con profesionales que estén atravesando por situaciones de consumo problemático, pero que sean idóneos en su trabajo, que tener que lidiar con cualquier inútil al que le terminan dando el puesto solo por pertenecer a La Cámpora: «Si vos los apartás de del circuito donde pueden tener medicación, acceso a medicaciones, a jeringas, te queda la vacante y no hay nadie que la ocupe. Ningún jefe quiere que estos pibes se vayan, porque pierden empleados. Es así. Se quedan sin colaboradores porque no hay quien los sustituya. Entonces, bueno, se trabaja así, se surfea la situación. ¿Por qué? Porque los ingresos al Estado y el hospital en particular, te entran minusválidos, drogadictos de La Cámpora, los más incultos, con cero educación, cero formación. Son todos votos, que los tienen colgados de alfileres con becas paupérrimas. No entra gente capacitada, ni con oficio. A mantenimiento, entran personas a las que les tenés que estar presentando la caja de herramientas».
No hay políticas para acompañar a quienes sufren adicciones, ni para emplear a personas capacitadas e idóneas. Tampoco interés en proteger los datos sensibles de las personas.
La única política real es una negligencia brutal que sigue costando vidas.