Si algo no hacía falta, es que la firma a la cual se le entregaron bienes públicos —el Minella y el Polideportivo— dejara de pagar el costo de la energía eléctrica resultando en un corte en el suministro.
No fue lo único: los espectáculos de la banda de rock Airbag de los días 16 y 17 de julio estuvieron a un tris de suspenderse porque, a pocas horas de producirse el arribo de la banda a nuestra ciudad, aún no se habían abonado los seguros que corresponden para un evento de tal magnitud.
Es un dato obvio para cualquier marplatense que, para quien votó a Guillermo Montenegro, su salida del ejecutivo se vive como una traición. Su sustitución por Agustín Neme, a quien claramente no le da el piné para ocupar tal posición, es un dato de color que no quedará destacado en ningún libro de historia.
La semana pasada, en tanto el estupor se esparcía entre los interesados por la cosa pública en lo local a raíz del corte de energía en los estadios y el intendente sustituto salía a explicar que, lo ocurrido, se debía al cambio de la composición societaria, un llamado a concurso de precios para encarar trabajos de refacción de calles en la zona sur quedó desierto. No se presentó nadie. La explicación es simple: el municipio no paga.
Hay proveedores que tienen pendientes de cobro facturas con fecha de octubre del 2025. Así, nadie se interesa porque no hay espalda para esperar de seis a nueve meses y luego recibir un cheque de a setenta o noventa días para efectivizar el cobro.
Es todo un interrogante el por qué la jueza de garantías Lucrecia Bustos aceptó como querellante a la ONG Mirada Ciudadana, presidida por César Ventimilglia, ex secretario de Seguridad durante el des gobierno de Gustavo Arnaldo Pulti. Y un rato nada menor, es la identidad del abogado que los representa.
¿Cómo se establece criteriosamente que una ONG en particular es quien debe representar la voz de toda una sociedad? Este modelo que infecciona a la propia democracia instala sellos de goma en el lugar que debería ocupar una auténtica representación cívica. El modelo de interacción mediante esquemas de ONG, asambleas populares y otros mecanismos similares, va por donde decía el abogado y docente de la UNMdP y funcionario de la Fiscalía de Estado de la provincia, Pablo Cuchetti, cuando afirmó: «Cuestionan la mesa interinstitucional porque esto no sólo es por las escolleras, es por la democratización de la política. No les gusta que se conmueva el poder».
De eso se trata: no de buscar el bien común, sino acaparar posiciones de poder. Es un movimiento ideológico que ha captado la imaginación de la sociedad y cierta necesidad de parecer ampliamente modernos y con creatividad judicial bajo predicamentos diversos. Un ejemplo, es el fallo que, luego de un relevamiento exhaustivo de gendarmería, zanjó la cuestión al respecto de que, en los terrenos conexos al faro, no hay ni hubo nunca enterramientos clandestinos.
Sí, la representación política no es infalible. Menos aún está involucrada seriamente en el padecer diario de los ciudadanos. Pero, avanzar en predicamentos destituyentes y aceptar que las asambleas populares son la respuesta a los problemas de la sociedad no es sólo peligroso: es un camino de demolición de los fundamentos de la democracia.
Tal como decía Churchill: «La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado».