El abogado Fernando Sicilia cuestionó el uso de falsas denuncias por violencia de género con fines políticos y económicos, apuntó contra la concejal Lorena Alderete por su presunta participación en un caso ocurrido en Moreno y reclamó sanciones para quienes impulsan este tipo de maniobras.
El abogado Fernando Sicilia denunció la existencia de un mecanismo sistemático de falsas denuncias por violencia de género en el partido bonaerense de Moreno y apuntó directamente contra la concejal peronista Lorena Alderete, a quien acusó de instigar este tipo de maniobras con fines políticos y económicos. En diálogo con la 99.9, advirtió que este accionar no sólo destruye la vida de personas inocentes, sino que también perjudica a las verdaderas víctimas de violencia de género.
«Es una gran herramienta que ha costado mucho conseguir y está siendo mal utilizada por gente nefasta», afirmó Sicilia al referirse al sistema de protección para víctimas de violencia. Según explicó, lo más grave del caso es que la persona señalada como instigadora «tiene los mecanismos institucionales para ayudar de otra manera» a personas en situación de vulnerabilidad.
El abogado sostuvo que, en lugar de ofrecer asistencia social o tratamientos para personas con consumos problemáticos, «la respuesta fue ‘andá a hacer una falsa denuncia contra tu marido'», acompañando incluso a la denunciante a la comisaría y luego a la Dirección de Género. «Eso es vergonzoso. Uno no puede encontrar un motivo para tan miserable conducta», remarcó.
El caso al que hace referencia tuvo consecuencias devastadoras para la víctima. Sicilia indicó que el hombre denunciado permaneció ocho meses detenido. En una primera instancia fue expulsado de su hogar mediante la resolución 4099 de la Suprema Corte bonaerense y luego, tras una nueva denuncia, terminó alojado en una unidad penitenciaria.
«Cuatro meses después el Juzgado de Garantías advirtió que había cosas que no cerraban y le otorgó la prisión domiciliaria. Finalmente, cuando la causa fue elevada a juicio, recuperó la libertad», detalló.
Sin embargo, Sicilia sostuvo que no se trata de un hecho aislado. Explicó que el caso salió a la luz porque el damnificado era dirigente sindical y terminó contactándose con el ex presidente del Concejo Deliberante de Moreno, Marcelo García, quien -según afirmó- había sufrido exactamente el mismo mecanismo.
«Esta persona ya había intervenido impulsando un proceso contra Marcelo García. Todo el Concejo Deliberante se movilizaba hasta Mercedes utilizando patrulleros municipales para acompañar ese juicio. Todo tenía un claro contexto político», señaló.
El abogado también reveló que, cuando García fue absuelto, la apelación ante Casación quedó en manos de «las mismas abogadas que acusaron injustamente a Pablo Gizoni», uno de los casos de falsas denuncias más resonantes de los últimos años. «Tienen un modus operandi muy similar y estas personas no pueden seguir sin afrontar consecuencias jurídicas y penales», afirmó.
Para Sicilia, el funcionamiento de este tipo de estructuras termina debilitando las verdaderas políticas de protección a las mujeres. «Las feministas de verdad quieren presos a los golpeadores, abusadores y femicidas, no a hombres inocentes. Estas personas utilizan esa lucha para beneficio propio o como mecanismo de venganza», sostuvo.
En ese sentido, consideró que el Poder Judicial debe investigar con mayor profundidad este tipo de maniobras. «Después dicen que no hay estadísticas de falsas denuncias, pero causas como la de Gizoni o ésta existen. Lo que pasa es que muchas terminan prescribiendo, se archivan o se resuelven por vías alternativas y nunca aparecen en los números oficiales», cuestionó.
Uno de los elementos más contundentes de la causa, según relató, fue la declaración de la hija adolescente de la denunciante, quien durante el juicio aseguró que quien sufría violencia era su padre y afirmó que su madre le había preguntado a Alderete «cómo hacer para echar a mi papá de casa y cobrar un plan». La joven declaró que la respuesta fue: «Denuncialo».
«Esa declaración fue realizada bajo juramento, ante un juez, un fiscal y un secretario. ¿Qué más necesitan?», planteó Sicilia, quien reclamó que la investigación avance contra quienes habrían instigado las denuncias.
No obstante, reconoció la complejidad jurídica del caso, ya que la denunciante presenta una situación de alta vulnerabilidad. «Nos cuesta porque es una persona vulnerable, pero justamente por eso es todavía más miserable que alguien con responsabilidades institucionales la haya utilizado para cometer un delito en lugar de brindarle la ayuda que necesitaba», concluyó.