El abogado español y especialista en causas contra la administración pública cuestionó la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis de Ceuta, defendió la investigación judicial sobre la actuación del Ejecutivo y sostuvo que el juicio contra Begoña Gómez constituye “un escándalo mayúsculo” para cualquier democracia occidental.
La crisis migratoria desatada en Ceuta volvió a poner en el centro de la escena al gobierno español de Pedro Sánchez. Para el abogado Aitor Guisasola, con más de tres décadas de ejercicio profesional y fundador de Guisasola Abogados, lo ocurrido no puede analizarse únicamente como un episodio migratorio sino como una cuestión que afecta directamente la seguridad del Estado y la integridad territorial de España.
En diálogo con la 99.9, sostuvo que la llegada masiva de inmigrantes fue promovida desde Marruecos y que la Justicia ya comenzó a investigar si existieron advertencias previas que el Gobierno ignoró.
“Estamos hablando de la entrada de mínimo 70.000 personas. Todo esto propiciado por el Gobierno de Marruecos. En una zona donde viven poco más de esa cantidad de habitantes fue una auténtica invasión. Es gravísimo contra la seguridad del Estado y la integridad territorial”, afirmó.
Explicó que ya se presentaron diversas denuncias y que una de ellas comenzó a ser investigada por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.
“Entre las primeras diligencias acordó requerir a la Guardia Civil para que informe si había constancia previa de que esta invasión se iba a producir, constancia que por todo lo que se ha filtrado obviamente existía”, indicó.
Según Guisasola, incluso el máximo responsable institucional de Ceuta habría intentado advertir personalmente al presidente del Gobierno.
“La persona al mando de Ceuta ya había llamado tres veces a Pedro Sánchez para avisarle y éste no le había cogido el teléfono”, aseguró.
Para el letrado, la eventual inacción del Ejecutivo podría derivar en responsabilidades penales.
“Podrían derivarse diferentes delitos. La inacción del Estado ante una invasión exterior podría implicar delitos de prevaricación y hay que investigar hasta dónde puede llegar esa negligencia o ese dolo del Gobierno de Pedro Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska”, señaló.
Consultado sobre el papel del rey Felipe VI, explicó que el monarca se encuentra limitado constitucionalmente y por la práctica institucional vigente desde la restauración democrática.
“El problema del Rey es que tiene unas facultades limitadas. Los discursos oficiales y los mensajes de la Casa Real tienen que ser aprobados por el Gobierno. Lo mismo ocurre con los viajes oficiales”, explicó.
En ese contexto sostuvo que Pedro Sánchez impidió que el monarca viajara a Ceuta.
“El Gobierno no ha querido que el Rey vaya a Ceuta ni que haga ningún comunicado oficial. Lo que hizo la Casa Real fue filtrar verbalmente a los medios la indignación del Rey por lo ocurrido y por las políticas del Gobierno. No consta oficialmente en ningún sitio porque precisamente no podía constar”, indicó.
También reveló que Felipe VI buscó expresar su respaldo institucional de otra manera.
“Ha invitado al presidente de Ceuta a Mallorca, donde está de vacaciones, porque como no puede ir a Ceuta, deja claro con ese gesto que la está apoyando aunque no le permitan desplazarse”, sostuvo.
A juicio de Guisasola, un enfrentamiento directo entre la Corona y el Gobierno abriría un conflicto institucional de enorme magnitud.
“El Gobierno es socialcomunista y una parte es claramente antimonárquica. Si el Rey se enfrentara directamente podrían intentar abrir el debate sobre la continuidad de la Monarquía. Creo que eso es lo que se intenta evitar”, explicó.
Otro de los temas abordados fue la situación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, en una causa donde Guisasola representa a una de las acusaciones populares.
“Es un procedimiento que lleva dos años de instrucción. Se han presentado multitud de recursos, incluso denuncias contra el juez, pero los indicios de delito son enormes”, afirmó.
El abogado aseguró que los tribunales superiores han ratificado la continuidad del proceso y que el juicio ya es inevitable.
“La Audiencia Provincial ha confirmado que existen indicios más que evidentes de varios delitos y el juicio se va a celebrar. Como uno de ellos es tráfico de influencias, será un jurado popular quien juzgue a Begoña Gómez”, explicó.
En su opinión, la trascendencia institucional del caso es extraordinaria.
“Es un escándalo mayúsculo que debería llevar a dimitir a cualquier presidente del Gobierno de una democracia occidental mínimamente avanzada. Estamos hablando de la mujer del presidente siendo juzgada por un jurado popular. Va a ser un espectáculo internacional y una situación absolutamente lamentable para España”, concluyó.