Harto de estar harto, un vecino del común, Iván del Palacio, comenzó a circular por redes toda imagen disponible de episodios de inseguridad en la ciudad. Desde el abandono, el dolor, y la ausencia de respuestas, otras voluntades se le sumaron.
La falta de respuestas por parte de los actores estatales responsables de asegurar el respeto por las leyes y de mantener el orden derivó así en la marcha del pasado martes 4 de agosto, una de las más multitudinarias que se han visto en la historia de Mar del Plata. A diferencia de las otras manifestaciones a las que estamos acostumbrados, convocada desde el gremialismo y las voluntades políticas afines a los pensamientos de izquierda, esta fue una verdadera manifestación ciudadana, una marcha de voluntades unidas tanto por el dolor como por el espanto.
Sin embargo, la respuesta del poder ante esta multitudinaria expresión de la sociedad, fue bajarle el precio, operando a la cadena de medios de corte y pegue para que éstos no expusieran en tapa los hechos que hasta incluyeron el papelón del acting de arrestar al organizador de la misma y principal difusor de la lamentable saga de violencia que padece Mar del Plata.
El problema no es sólo la policía. De hecho, habitualmente, el poder se limpia las partes con los funcionarios policiales. El problema también está en el Poder Judicial, que está fracturado ideológicamente: actores con indemnidad de acción, como en el caso del juez de ejecución de sentencia Juan Galarreta, no pagaran jamás por sus actos de crueldad. Porque es crueldad la decisión de soltar, mucho antes de lo debido en el marco de la ley, a criminales como Tomas Hoste, quien junto a Alan Alberto Ovejero, fueron los responsables del asesinato de Ricardo Raúl Ruiz.
El fiscal de cámaras Marcos Pagella se había opuesto a la liberación de Hoste. El juez Juan Galarreta decidió en contrario darle la libertad, eso sí: «cumpliendo estrictas pautas de control». Hoste está de nuevo en la Unidad Penal 44. Galarreta, desde su confortable hogar, continuará en el ejercicio de la función con las manos manchadas de sangre sin cargo de conciencia alguno y sin pagar en nada por su accionar ausente de toda humanidad.
En un departamento judicial en el cual el fiscal general Fabián Uriel Fernández Garello recorre medios afines para soltar interpretaciones ideológicas y seguir repitiendo el sonsonete que todo es culpa de la sociedad que no da respuestas, la vida no vale nada de nada. Un hecho cubre a otro, y así hasta el infinito.
Martín Mora Negretti, asesinado en junio de 2022. Romina Gilardi, comerciante, asesinada en julio del mismo año. Durante los últimos años, la zona oeste y sudoeste (barrios como Belgrano, Las Heras y Autódromo) registraron episodios vinculados al narcomenudeo y disputas territoriales, caracterizados por balaceras entre bandas y homicidios con sello de ajuste de cuentas. Entre el año 2025 y lo que va de 2026, el partido de General Pueyrredón ha registrado más de 45 homicidios dolosos, manteniendo una tasa anual cercana a los 4,5 a 5 crímenes cada 100.000 habitantes.
No hay una palabra del poder que esté a favor de la sociedad. Eso sí: de controlar el mensaje, y poner plata en ello, ahí sí que están ocupados.