En 1988, Saúl Ubaldini lideraba la CGT, la cual había convocado al decimo segundo paro nacional, como siempre —obvio— bajo el lema de la defensa del pueblo trabajador, que ha apañado por décadas las expresiones del vandalismo en nuestro país. En ese contexto, fue destrozada una sucursal de la sastrería Modart.
El 14 y 18 de septiembre de 2017, otros actores bajo el mismo discurso destrozaron el centro de CABA y atacaron a la policía de la ciudad en las inmediaciones del congreso, lanzado 14 toneladas de piedras sobre los uniformados. En cada ocasión hubo corridas, gases lacrimógenos, detenidos y una extensa retahíla de expresiones hablando de la persecución al pueblo. Ahora, en 2026, nuevamente y —con otra excusa, pero que siempre funciona como consigna para la violencia— estas hordas nada famélicas se lanzan contra la Constitución.
Parece ser que, ahora, la ministra Alejandra Monteoliva pide que se aplique a los detenidos la figura de «atentado al orden constitucional». Señala el ministerio en el escrito presentado ante la jueza Maria Romilda Servini que «ordene, con la mayor premura posible, todas las diligencias probatorias que considerare pertinentes a fin de preservar y obtener todos los registros fílmicos y fuentes de información que pudieran haber captado los hechos delictivos denunciados».
«Ello, a efectos de identificar a las personas posiblemente implicadas en los ilícitos, y los instrumentos delictivos empleados para su comisión, tales como artefactos incendiarios, armas propias o impropias y medios de transporte utilizados para arribar al lugar de los hechos», pide.
Si la jueza torna a dirigir esta causa en dicha dirección, se estaría en el inicio del camino correcto para buscar poner fin al vandalismo aupado políticamente que encuentra su expresión cada vez que al país lo gobierna alguien que no sea peronista. Desde el inicio del camino democrático en 1984, el peronismo en todas sus variantes y su proxi, la izquierda vernácula, han usado la violencia enmascarada de dolor social y necesidad urgente para atacar una y otra vez a los gobiernos de otros signos políticos.
Ni Axel Kicillof, ni Juan Grabois, ni Myriam Bregman son actores inocentes, ni almas sensibles emocionadas por el dolor del pueblo. Creen en la violencia como instrumento de sus objetivos políticos. Como en el dicho que refiere «tiran la piedra y esconden la mano», sus grupos están nutridos de delincuentes reincidentes y articulan mensajes de interés por la patria y su defensa.
El único riesgo real que corre la patria, es que estos actores —siempre travestidos de pueblo cuando no son gobierno— tuerzan una vez más el camino de la Constitución y generen un cambio que arroje por la borda este fenomenal sacrificio de la sociedad hacia la construcción de un país sensato y normal.
Para la próxima semana, cuando Diputados trate la norma votada en el Senado, debe haber un trabajo previo que neutralice en gran medida el accionar vandálico de estos grupos entrenados en el combate a la democracia.