El coordinador de Investigaciones Judiciales de la Fundación Apolo, Dr. Nicolás Silvera, cuestionó el sobreseimiento de Jessica Cirio y volvió a poner bajo la lupa el patrimonio de Martín Insaurralde. Aseguró que los nuevos videos del vestidor de la mansión de San Vicente aportan elementos que podrían ser incorporados como prueba y planteó que existe temor de sectores políticos y judiciales frente al poder económico de los empresarios del juego.
Los nuevos videos vinculados al vestidor de la mansión de San Vicente donde vivía Martín Insaurralde podrían aportar elementos relevantes a la investigación judicial y, según sostuvo el coordinador de Investigaciones Judiciales de la Fundación Apolo, Dr. Nicolás Silvera, permiten avanzar sobre dos cuestiones centrales: confirmar que el inmueble registrado pertenecía efectivamente a la residencia del exintendente de Lomas de Zamora y detectar objetos de alto valor que habrían sido retirados antes del allanamiento. En diálogo con la 99.9, Silvera sostuvo que ese material “despeja cualquier duda” sobre la pertenencia del vestidor a la casa y que también puede aportar indicios sobre una posible maniobra de encubrimiento.
“Hay dos datos esenciales que aportan este tipo de videos. El primero es que despeja cualquier duda de que esa casa pertenecía a la mansión de San Vicente en la que vivía Insaurralde”, explicó. Según detalló, en la causa existían dudas o, al menos, dificultades fácticas para corroborar que el vestidor correspondía efectivamente al inmueble investigado. Pero el segundo elemento que consideró especialmente relevante es que “en el propio video también se pueden ver objetos de alto valor económico que efectivamente fueron removidos junto con una cámara de vigilancia antes del allanamiento”. Para Silvera, esto abre dos hipótesis: “Alguien la avisó del allanamiento” y podría haber existido “una posible maniobra de encubrimiento para ocultar el valor económico y patrimonial del señor Insaurralde”.
El abogado también cuestionó la decisión del juez Armella, quien resolvió apartarse de la causa luego de dictar el sobreseimiento de Jessica Cirio. “Claramente no estamos de acuerdo con el juez Armella”, afirmó Silvera, quien sostuvo que Cirio “no puede probar de qué vive” y que en investigaciones sobre delitos económicos resulta fundamental establecer el origen de los recursos y el patrimonio de los involucrados. “Es tan sencillo como hacer una investigación económica y patrimonial”, planteó.
En ese sentido, también apuntó contra el entorno de Insaurralde y mencionó particularmente a Clerici. “Tampoco la señora Clerici puede realmente, no solo no argumentar el nivel de vida, sino que tampoco puede despegarse de que ella recibía en gran parte su nivel de vida en base a lo que recibía Insaurralde”, sostuvo. Silvera evitó afirmar que hubiera acuerdos entre funcionarios, empresarios o integrantes de la Justicia, pero consideró llamativo que el sobreseimiento se produjera poco antes del apartamiento del magistrado. “Yo no puedo salir a decir si hubo o no acuerdos o qué sucede en la Justicia Federal, pero realmente acá que le hayan firmado un sobreseimiento un día antes de apartarse de la causa, bueno, que las conclusiones las saque la gente”, expresó. Y agregó: “La verdad es que es llamativo que al señor Insaurralde no lo haya ni siquiera llamado a indagatoria”.
El coordinador de Investigaciones Judiciales de la Fundación Apolo amplió luego su análisis hacia el poder económico de la industria del juego y su relación con la política y la Justicia. “Yo creo que tanto la política como la Justicia tienen un terrible pánico de ir contra los grandes empresarios de los juegos de azar”, afirmó. Según Silvera, “los juegos de azar manejan la política de la provincia de Buenos Aires, manejan parte de la política nacional, financian los partidos políticos de todos los colores y manejan un volumen de dinero que solamente las grandes asociaciones ilícitas pueden manejarlo sin ningún control”.
El abogado fue cuidadoso al diferenciar una hipótesis de una afirmación concreta respecto de la existencia de acuerdos con la Justicia Federal. “Yo no sé si hay detrás algún arreglo o no con la Justicia Federal, no estoy en condiciones de afirmarlo, ni tampoco lo haría”, aclaró. Sin embargo, sostuvo que sí puede señalar “un efectivo interés y miedo por parte de gran parte de los sectores de la política y de la Justicia argentina de no ir contra determinados sectores por miedo a las consecuencias”.
Silvera insistió además en que el problema central de la investigación no comenzó con los videos difundidos públicamente, sino con una cuestión que, a su criterio, nunca fue debidamente explicada: el origen del patrimonio de Insaurralde. “Desde el principio no se pudo nunca explicar el origen patrimonial de Insaurralde”, afirmó. En esa línea, planteó: “No se puede explicar de qué vive alguien con un sueldo de intendente, y no se pueden explicar ni tampoco cómo viven sus allegados. No se puede explicar ese nivel de vida, más allá de los videos sí o los videos no”.
Para el abogado, los primeros videos que habían tomado estado público presentaban una dificultad procesal importante porque carecían de elementos técnicos que permitieran garantizar su autenticidad. “Los primeros videos que se filtraron no contenían ningún tipo de metadatos, ningún hash, ni ninguna otra cuestión que permita aseverar su pertinencia en un proceso”, explicó. A su entender, esto terminó beneficiando procesalmente a los investigados porque era justamente una de las pruebas que mayor compromiso podía generar y que finalmente fue apartada por la Justicia.
En cambio, consideró que los nuevos registros poseen un valor probatorio muy superior. “Justamente de ahí radica el valor de los videos, que ahora su valor probatorio es mucho mayor y, por la envergadura de la causa de lo que se está hablando, se tiene que incorporar como prueba”, sostuvo. Incluso planteó una hipótesis sobre la aparición inicial de las imágenes: “Una de las hipótesis que manejamos es que el entorno de Jessica Cirio habría filtrado los videos a propósito con el fin de que se los aparte como prueba. Pero bueno, ahora con estos videos eso ya no va a ser posible”.
Silvera explicó también cómo la Fundación Apolo llegó al nuevo material y cuál fue el trabajo realizado para preservar su valor judicial. “La Fundación Apolo tiene una importante trayectoria en investigación judicial y nosotros ya teníamos el ojo en la causa, ya veníamos laburando cuestiones vinculantes a esta causa”, relató. A partir de allí, el equipo comenzó a trabajar con distintas fuentes judiciales y periodísticas hasta acceder a información que permitió localizar registros tomados por personas vinculadas al rubro de la construcción.
“Eso es lo que nos permitió acceder a esos videos y efectivamente, no solo acceder, sino hacer un trabajo para preservar su valor como prueba, cuidar la cadena de custodia”, explicó. Para Silvera, esta última cuestión resulta especialmente importante porque el objetivo no es simplemente aportar material a los medios de comunicación, sino lograr que pueda ser incorporado formalmente a la investigación y evaluado dentro del expediente.
Finalmente, confirmó que la denuncia ya fue presentada con los videos y documentación correspondiente y que se solicitó una serie de medidas de prueba. También se mostró confiado en el accionar del fiscal Mola, ante la posibilidad de que recurra las decisiones adoptadas por el juez saliente. “Mola tiene una trayectoria en ser un hombre, efectivamente, no te digo incorruptible, pero por lo menos profesional”, señaló. “Esta denuncia fue presentada ayer con los documentos adjuntos, los videos adjuntos y un pedido de una serie de medidas de prueba”, concluyó.