Durante 2025, murieron por suicidio 5.209 argentinos —uno cada una hora y cuarenta minutos—. Es un 22,6% más que en 2024 y casi el triple de las 1.676 víctimas de homicidios dolosos del mismo año.
Estos datos se desprenden de las Estadísticas Criminales 2025 que presentó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Mientras la inseguridad domina los títulos de los medios «nacionales», la primera causa de muerte violenta de nuestro país queda alejada de la mirada pública.
Un dato muy fuerte es la trayectoria: el informe del Observatorio de Política Criminal que firma Ariel Larroude, director del posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos de la Facultad de Derecho de la UBA, muestra que los suicidios pasaron de 3.304 en 2017 a 5.209 en 2025 —un 57,7% más— y que la tasa trepó de 8,2 a 11,8 cada 100.000 habitantes, la tercera de Sudamérica detrás de Uruguay y Chile. Larroude habla de una «transmutación de la violencia letal».
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación —que cuenta certificados de defunción, no partes policiales— registró 3.614 casos en 2024. Cuatro de cada cinco, de varones. El análisis de estos datos confirma que, desde 2022, el suicidio es la primera causa de muerte entre los 15 y los 24 años y que en 2024 lo fue también entre los 25 y los 34. En la provincia de Buenos Aires el salto fue feroz: de 1.267 suicidios en 2024 a 1.977 en 2025, un 55,4% más, y General Pueyrredon figura, junto a Necochea, Bahía Blanca, Olavarría y Tres Arroyos, entre los distritos que superan los 13 casos cada 100.000 habitantes.
Sobre este cuadro habló esta semana en la FM 99.9 el médico psiquiatra Francisco Bordón, quien estimó un aumento cercano al 20% en 2025, concentrado entre los 15 y los 29 años, y puso el foco donde casi nadie lo pone: el consumo de sustancias. «Nuestro país es el segundo consumidor más importante en América de marihuana», afirmó. Los números oficiales van en la misma dirección: la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado del INDEC y la Sedronar halló en 2022 que el 13,8% de los argentinos de 16 a 75 años había consumido marihuana en el último año, cuando la medición de 2011 apenas rozaba el 3%; y en los registros de Naciones Unidas sólo Uruguay supera a la Argentina en América Latina.
Bordón no ofrece una explicación simplista —el suicidio es, sabido es, un fenómeno multicausal— sino una cadena clínica: el consumo interactúa con trastornos previos y los agrava, «la principal causa de muerte en los trastornos bipolares es el suicidio», y ante cada intento hace falta un psiquiatra que no está: «Hay poca accesibilidad en el sistema público, poquísima». De allí su reclamo de una «urgente oferta de residencias» para formar especialistas y de revisar una desinstitucionalización que se hizo sin los dispositivos intermedios que la ley prometía. Bordón fue categórico: «el suicidio no tiene nada de romántico, es una tragedia familiar y personal».
No es su primera advertencia: en diciembre de 2025, relató en ese mismo espacio el caso de un joven del Departamento Judicial Mar del Plata que fumaba cannabis «cada tanto», desarrolló delirios persecutorios y terminó imputado por intento de femicidio. Calificó de «absolutamente inadecuada» la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 para intervenir antes de la desgracia. Ese debate llegó al Congreso: el 17 de abril de 2026 el Poder Ejecutivo envió al Senado, con el Mensaje 108/2026, una reforma que reemplaza el «riesgo cierto e inminente» por el «riesgo grave de daño» y exige un psiquiatra en cada equipo.
Por su parte, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia calculó que el presupuesto 2026 destina a salud mental el 1,42% del gasto sanitario, cuando el artículo 32 de la ley vigente ordena el 10% desde hace más de quince años, un piso que en la última década ningún gobierno cumplió.
Para la ley, el riesgo debe ser «cierto e inminente»; para 5.209 familias argentinas, ya fue consumado.