La fragilidad del sistema quedó expuesta el 15 de enero de 2026, cuando cuatro líneas de 220 kV de la estación Morón salieron de servicio en plena ola de calor en Buenos Aires. La falla provocó una pérdida de 3.000 MW y dejó sin electricidad a unos 800.000 usuarios, afectando además el funcionamiento de subtes, trenes y el aeropuerto.
Aunque el 90% del servicio se recuperó en una hora, el episodio evidenció las consecuencias de una infraestructura sin ampliaciones significativas. La última gran obra nacional de transporte eléctrico se finalizó en 2017, mientras que la última ampliación relevante en el Área Metropolitana de Buenos Aires data de 2006.
Las limitaciones actuales impactan directamente en proyectos de alto valor económico. En San Juan, donde se concentran inversiones mineras por US$35.000 millones, la disponibilidad de energía es un obstáculo clave. La ampliación del corredor Nueva San Juan–Rodeo a 500 kV, aprobada en julio, fue condición necesaria para avanzar con la primera etapa del proyecto Josemaría.
En la Patagonia, la situación es similar. Tanto la producción de energía como el consumo industrial requieren mayor capacidad de transporte. Vaca Muerta y los parques eólicos necesitan infraestructura para evacuar la nueva generación, mientras que empresas como Halliburton optan por generar su propia electricidad en el lugar mediante gas, ante las deficiencias de la red pública.
El sistema interconectado argentino, conocido como SADI y operado por CAMMESA desde 1992, suma actualmente 20.300 km de líneas troncales. Históricamente, una de las barreras para su expansión fue el bajo costo del transporte, que ronda los US$0,003 por MWh, muy inferior al de países como Chile o Colombia, lo que desalentó la inversión privada.
La primera obra del nuevo programa será AMBA I, con una inversión de US$800 millones. Incluye la construcción de una línea de 500 kV de 270 km y una nueva estación en Plomer, con adjudicación prevista para el primer semestre de 2027.
El financiamiento provendrá en parte del capital privado, en un escenario donde empresas como YPF Luz y Genneia buscan acceder a los mercados internacionales. Según estimaciones sectoriales, la infraestructura energética argentina requiere inversiones por al menos US$10.000 millones para superar los cuellos de botella y acompañar el crecimiento de la producción.