El exfiscal Marcelo Romero cuestionó duramente el fallo de la jueza Marta Pascual que suspendió la aplicación de la nueva ley de responsabilidad penal juvenil y consideró que la decisión constituye “una aberración jurídica”. También reclamó mejores condiciones penitenciarias, defendió la construcción de nuevas cárceles y advirtió sobre la pérdida de herramientas de prevención y el deterioro del respeto por la autoridad.
El fallo de la jueza Marta Pascual que puso en discusión la aplicación de la nueva ley de responsabilidad penal juvenil generó una fuerte controversia jurídica y política. Para el exfiscal Marcelo Romero, sin embargo, el problema central no está solamente en el debate sobre las condiciones que tiene la provincia de Buenos Aires para implementar el nuevo régimen, sino en la vía judicial utilizada para cuestionarlo.
“El fondo de la cuestión es si la provincia de Buenos Aires está con la instrumentación adecuada, los medios adecuados para que la ley de responsabilidad penal juvenil pueda tener éxito, pueda llevarse a cabo. Es decir, que haya establecimientos adecuados, que haya personal capacitado, etcétera. Sí o no, es un tema aparte”, explicó Romero.
El exfiscal fue particularmente crítico con el recurso utilizado para llegar a esa decisión. “Lo que no puedo entender, por lo menos yo no lo entiendo, es cómo una jueza de esta experiencia, sobre todo una señora de muchos años en la función judicial y también en la función pública ejecutiva, interpone un habeas corpus, que es una medida de excepción, es la garantía de la libertad ambulatoria, decide semejante cosa”, sostuvo.
Romero calificó la resolución en términos extremadamente duros: “Es asombroso, es un disparate. De hecho usamos la palabra aberración jurídica. De ninguna manera en la figura del habeas corpus puede haber una resolución de este tipo”. Y agregó que, a su criterio, existían otras herramientas jurídicas para plantear las objeciones a la implementación de la ley.
“Esperaron los peticionantes hasta el último día para hacer esta presentación, cuando podría haberse hecho de otra forma, vía amparo. Tal vez el gobierno de la provincia de Buenos Aires pudo haber hecho algún pedido al gobierno nacional para otorgar una prórroga. Hay formas legales y constitucionales para hacer un pedido cuando el pedido es razonable, está dentro del sentido común”, señaló.
Por eso, insistió en que no considera que se trate simplemente de un error judicial. “Este fallo es absurdo, es un fallo absolutamente inaceptable. No puede ser un error judicial. El error judicial existe porque los poderes judiciales integran seres humanos que se equivocan. Nos equivocamos, pero esto es algo que va mucho más allá”, afirmó.
Romero también cuestionó una concepción del derecho penal que, según su mirada, aparece en determinados sectores del Poder Judicial. “No es como se dice equivocadamente también, jueces garantistas. Porque el juez garantista es aquel que respeta la Constitución, lo que debe hacer un juez, no solamente respetarla, sino hacerla cumplir y ser una suerte de guardián de la Carta Magna”, sostuvo.
En contraposición, planteó una categoría diferente: “Estos son jueces abolicionistas, odian el derecho penal”. Y desarrolló su argumento: “Si usted es abogado y no le gusta el derecho penal, porque no le gusta ver presos, policías, penitenciarios, carros, etcétera, tiene un abanico de posibilidades gigantesco para ejercer la profesión de abogado. Y aun si no quiere saber nada con las penas, con las cárceles, con los policías y demás, puede ser defensor, puede estar en organismos de derechos humanos, puede ser legislador, puede estar dentro de la fiscalía penal, pero no eligen ser fiscales y jueces penales odiando el derecho penal. Es inentendible”.
El exfiscal también diferenció la responsabilidad política de la judicial. Al referirse al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y sus reclamos por recursos nacionales para aplicar la nueva legislación, Romero consideró que el funcionario debería revisar el funcionamiento institucional de la Argentina. Sin embargo, remarcó que su principal preocupación estaba puesta en la decisión judicial.
“La autoridad ejecutiva, evidentemente en la provincia de Buenos Aires, todo lo que haga el gobierno nacional está en contra. Bueno, es su forma, después el pueblo decidirá si debe seguir o no. Ahora, la jueza me preocupa”, afirmó.
Para Romero, si una magistrada considera que una reforma penal es perjudicial, existen mecanismos institucionales para expresar ese desacuerdo sin apartarse de la función judicial. “No puede haber un magistrado, una magistrada, un fiscal penal abolicionista, no puede haber un fiscal o un juez penal que sienta pena al aplicar pena o al solicitarlo”, sostuvo.
En ese sentido, insistió: “No digo que sea malo, no digo que sea deshonesta, no digo nada de eso, digo que está en lugar equivocado. Es como que yo sea cirujano y le tenga impresión a la sangre”. Y volvió a cuestionar que el Poder Judicial bonaerense incorpore magistrados que, según su interpretación, rechazan los fundamentos del derecho penal.
La discusión se trasladó luego al sistema penitenciario. Romero rechazó la idea de que el sistema penal argentino tenga como objetivo humillar a quienes cometen delitos. “El sistema penal argentino no está para humillar al delincuente, ni aun al delincuente condenado, aquel que ya perdió su estado de inocencia”, afirmó.
Por el contrario, sostuvo que el sistema argentino conserva un componente humanista y garantista. “El sistema penal argentino es un sistema garantista, es un sistema humanista, como usted bien lo destacó, es un sistema que respeta”, señaló. También marcó diferencias con modelos penitenciarios implementados en otros países de la región y sostuvo que determinadas experiencias no podrían trasladarse automáticamente a la Argentina por las características de su orden constitucional.
Romero reconoció, sin embargo, las graves deficiencias existentes en las cárceles argentinas. “Las cárceles argentinas no son lo que la Constitución exige, es cierto. Ahora construyamos nuevas”, planteó. Y rechazó que la solución frente al hacinamiento consista simplemente en liberar detenidos: “Cuando se dice ‘hay que liberar presos porque están hacinados’, no. Hay que construir nuevos, o modificar los existentes”.
En materia penitenciaria, su propuesta apunta a establecimientos que combinen seguridad con educación, trabajo y actividades de formación. “No tienen que ser un SPA, no tienen que ser un club de campo, pero tiene que tener lugares de esparcimiento, para practicar deportes, para cultivar el trabajo, tiene que haber talleres”, explicó.
Romero recordó además el funcionamiento de antiguos talleres penitenciarios: “El preso tiene que trabajar, el preso tiene que estudiar, el preso tiene que practicar un deporte, y aquellos que ya están grandes, enseñarles el oficio a los más jóvenes, o transformarse en maestros, aunque sean detenidos. En fin, hay mucho por hacer. Con lo que tenemos hay que mejorar, hay que mejorar”.
En cuanto a la responsabilidad penal juvenil, consideró que la discusión no puede reducirse exclusivamente a la edad de imputabilidad. “El tema del menor es una gran discusión. La edad de imputabilidad es el principio, hay que hacer un sistema mucho más integral”, sostuvo. Y aclaró que el sistema penal tampoco puede resolver por sí solo problemas sociales que requieren intervención de otras áreas del Estado.
“El sistema penal no puede ocuparse de la educación, del trabajo, el trabajo local, porque si no sería en vez de un juez o un fiscal, un príncipe”, afirmó.
Finalmente, Romero amplió su análisis hacia las políticas de seguridad y cuestionó la pérdida de herramientas de prevención que, según señaló, se produjo durante las últimas décadas. “Hoy en día la policía provincial y la Fuerza de Seguridad Federal no tienen herramientas para la prevención. ¿Por qué? Porque todo está derogado o tachado de inconstitucionalidad”, afirmó.
En ese marco, defendió el concepto de “olfato policial” como parte del trabajo preventivo, aunque aclaró que eso no implica justificar abusos. “El olfato policial es el respeto al oficio policial. Eso no significa tolerar abusos. No estoy diciendo que la policía haga lo que quiere”, sostuvo.
Para Romero, el problema excede a las instituciones de seguridad y alcanza al conjunto de la sociedad. “Nosotros los argentinos, cuando tenemos, por ejemplo, un operativo de interceptación vehicular, nos molestamos cuando nos piden documento, le decimos ‘andá a buscar a los ladrones’, porque le perdimos respeto a la autoridad, porque se inculcó la falta de respeto a la autoridad”.
Y extendió esa reflexión más allá de las fuerzas de seguridad: “No solamente la autoridad uniformada es satanizada, sino también, y usted lo citaba, la autoridad escolar, la autoridad de la edad. Cuando éramos chicos respetábamos a los mayores. Bueno, evidentemente hay una destrucción del tejido social que repercute directamente en la conducta delictiva”.
Para el exfiscal, la discusión sobre seguridad, justicia, cárceles y responsabilidad penal juvenil no puede resolverse a partir de una única ley ni de una medida aislada. “La ley no es abracadabra, no son palabras mágicas”, advirtió. En su visión, se trata de una herramienta dentro de un sistema mucho más amplio, que requiere instituciones eficaces, prevención, políticas sociales, educación, condiciones penitenciarias adecuadas y, fundamentalmente, respeto por las funciones que corresponden a cada poder del Estado.