El abogado y mediador cuestionó en la 99.9 la demora de la investigación sobre la actuación de los síndicos en la quiebra de La TIC y señaló presuntas irregularidades en la venta de un inmueble de avenida Colón. Aseguró que ya existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y reclamar explicaciones.
El abogado Hernán Gozzi cuestionó la demora judicial en torno a la quiebra de LATIC y puso especialmente el foco en la actuación de los síndicos que intervinieron sobre los bienes de la empresa. En diálogo con la 99.9, sostuvo que incluso una causa reciente contra Ariel Schneider, relacionada con un inmueble y diferente de la causa principal de LATIC, demoró 16 años en llegar a juicio. “Se trata de una causa de mínima complejidad. Sin embargo llevó 16 años llevarlo a juicio a Schneider, lo cual es una locura en términos de mora judicial”, afirmó.
Gozzi representa a uno de los damnificados y apuntó directamente contra la actuación de la sindicatura respecto de un inmueble ubicado sobre avenida Colón. “Ahí hay una situación que, como queda corto decirlo, irregular. Estoy convencido de que hubo una conducta delictiva por parte de la sindicatura”, sostuvo.
Según explicó, los síndicos habrían excedido sus facultades al disponer la venta del inmueble, que formaba parte de los bienes de la quiebra. “Los síndicos, de manera excediendo toda facultad, procedieron a venderlo. El juez no convalidó esa venta y entonces la cuestión está en discusión”, señaló. Además, indicó que quienes serían los compradores permanecen en posesión de la propiedad.
El abogado también cuestionó el mecanismo y el valor de la operación. “La intención fue sacar el inmueble del patrimonio de la quiebra”, afirmó, y sostuvo que la venta se realizó por un precio que consideró “irrisorio”. Según explicó, aunque en los números del expediente se habla de unos 800 mil dólares, la operación se concretó en pesos y la conversión se realizó tomando el dólar oficial en un momento de fuerte brecha cambiaria.
La denuncia fue inicialmente archivada por la Fiscalía de Delitos Económicos, pero Gozzi apeló esa decisión y la Fiscalía General ordenó continuar con la investigación. “La primera intención era archivar directamente las actuaciones y ahora existe una injustificada demora en citarlos a una audiencia indagatoria”, afirmó.
En ese sentido, consideró que ya existen elementos suficientes para que los síndicos sean convocados a explicar su actuación. “Solamente con la prueba documental del expediente de la quiebra sería suficiente como para citarlos a que den explicaciones”, sostuvo.
Gozzi señaló que además se incorporaron testimonios de personas vinculadas a la sociedad y documentación proveniente del expediente civil y comercial. “Ese estado de sospecha está más que satisfecho a partir de las propias actuaciones judiciales de la Justicia Civil y Comercial. Con eso es suficiente como para decir: ‘Bueno, explíquenos acá qué pasó, cuál es su versión de esto’”, concluyó.