El juez de la Cámara Penal de Azul planteó que cuando una causa prescribe por una demora injustificada debe investigarse el desempeño de los magistrados que tenían a su cargo el proceso. Tomó como ejemplo el caso LAPA y sostuvo que la prescripción no puede ser analizada únicamente desde la perspectiva del imputado: “Hay una víctima detrás que termina pagando las consecuencias de una demora que no provocó en absoluto”.
El juez de la Cámara Penal de Azul, Carlos Pagliere (h), volvió a poner en discusión el funcionamiento de la Justicia frente a la prescripción de causas y planteó que el archivo de un expediente por el paso del tiempo no debería significar el cierre de cualquier análisis sobre las responsabilidades de quienes tenían a su cargo impulsarlo. En diálogo con la 99.9, sostuvo que se trata de una cuestión que debe ser analizada especialmente cuando existe una demora injustificada.
“La prescripción de una causa no debe ser el punto final de la discusión sobre las responsabilidades. Cuando una causa prescribe por la demora injustificada de la Justicia, porque quienes tenían el deber de impulsarla dejaron transcurrir el tiempo sin una justificación razonable, no puede pasar que la única consecuencia sea que el imputado quede sin ser juzgado”, afirmó.
Pagliere puso el foco en una figura que, según sostuvo, suele quedar relegada en estas discusiones: la víctima. “Hay que tener en cuenta que por lo menos normalmente o casi siempre, hay una víctima detrás que termina pagando las consecuencias de una demora que no provocó en absoluto”, señaló.
Como ejemplo mencionó la tragedia de LAPA, ocurrida el 31 de agosto de 1999, en la que murieron 65 personas y otras 17 resultaron heridas. El magistrado explicó que, si bien hubo condenas en la causa, algunos de los principales responsables de la empresa terminaron beneficiados por la prescripción de la acción penal.
“Fue un hecho gravísimo, había muchas negligencias acreditadas. Se pudo acreditar la responsabilidad gravísima de la empresa LAPA por negligencia en horas de vuelo, había alarmas que sonaban y no prestaban atención porque no estaban calibradas”, recordó. Para Pagliere, se trata de uno de los ejemplos que permiten observar las consecuencias que puede tener una causa que llega a la prescripción después de años de trámite.
A partir de ese caso, formuló una pregunta que considera central para discutir el funcionamiento del sistema judicial: “Si un juez puede juzgar a cualquier ciudadano por haber sido negligente en el cumplimiento de su deber de cuidado, por ejemplo en un accidente vial o en cualquier hecho culposo cotidiano, ¿por qué no deberíamos analizar la eventual negligencia de los jueces que tenían el deber de evitar que una sentencia penal no llegue tarde?”.
“Me parece que así como los jueces juzgan la negligencia de toda la población, creo que es tiempo de que también se juzgue a los jueces por sus negligencias”, agregó.
Pagliere también explicó el impacto que tiene la doctrina establecida por la Corte Suprema en el denominado fallo Farina sobre los actos que interrumpen la prescripción. Según explicó, después de la primera sentencia condenatoria comienza a correr nuevamente el plazo y las decisiones posteriores de los tribunales durante la etapa recursiva no vuelven a interrumpirlo.
“Desde la última sentencia hasta la sentencia final de la Corte Suprema se entendía, es decir, estaba dividida la doctrina, que cada vez que se dictaba una decisión se interrumpía. Pero la Corte decidió en ese fallo que esa etapa recursiva, todas esas sentencias intermedias después de la primera sentencia, no interrumpen. Así que todo ese tiempo, a partir de la última sentencia, empieza a contar”, explicó.
El problema, según Pagliere, aparece especialmente en los procesos que atraviesan largos períodos de revisión. “En esa parte, en ese tramo recursivo, es donde muchas veces prescribían, donde normalmente prescriben las causas, es ahí donde se produce el mayor problema”, sostuvo.
“Es muy fácil que la etapa recursiva dure dos años”, explicó, al referirse a delitos cuya pena permite que el plazo de prescripción sea relativamente corto. A eso se suman la complejidad de las causas, los distintos planteos de las partes y la cantidad de instancias que puede atravesar un expediente.
El juez consideró que la eventual responsabilidad no debería limitarse a los tribunales inferiores. “Es muy fácil responsabilizar a los órganos inferiores. Pero bueno, son los órganos políticos, son los órganos más importantes, son los jueces más importantes, pero si ahí hay un retardo, también deben responder o deben cambiar la ley para que sea de otro modo la prescripción”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que el análisis debería alcanzar a todas las instancias cuando se compruebe un incumplimiento funcional. “Si los plazos de prescripción están previstos por la ley y están para ser cumplidos, debe responder desde el juez de primera instancia, hasta el juez de la Corte, hasta los magistrados de la Corte. Yo creo que eso es lo que corresponde por justicia”, señaló.
Pagliere aclaró, sin embargo, que no toda demora procesal debería derivar automáticamente en una persecución contra un magistrado. “Esto no significa que automáticamente cuando una causa se retarde, tenga un retraso, uno persiga a los magistrados que actuaron. Hay que acreditar que hubo un mal desempeño, que hubo una demora”, explicó.
Y aportó su propia experiencia como juez de alzada: “Hay causas que a mí me ha pasado como juez de alzada que llegan con una inactividad procesal de años. Hay tres años que la causa quedó ahí parada, que no se sabe qué pasó, y eso pasa en todas las instancias. Y eso es algo que no se puede normalizar”.
También marcó que la discusión no debería concentrarse exclusivamente en los jueces. En los sistemas acusatorios, explicó, “muchas veces es la Fiscalía la que tiene la mayor responsabilidad, porque la que dirige la investigación y tiene muchas veces la responsabilidad de que los plazos se cumplan”. Por eso, sostuvo que el criterio debe extenderse a todos los magistrados respecto de los cuales se acredite un mal desempeño.
Uno de los principales argumentos de Pagliere es que investigar una demora injustificada no afecta la independencia judicial. “La independencia judicial es indispensable para que los jueces decidan sin presiones externas, pero independencia no significa ausencia de responsabilidad. Los jueces deben ser independientes para decidir, pero no para incumplir los deberes funcionales”, afirmó.
En ese sentido, diferenció claramente entre revisar el contenido de una sentencia y analizar si un proceso fue tramitado dentro de los tiempos correspondientes. “Investigar a un magistrado que demoró injustificadamente una causa no significa decirle cómo debe resolverla. No se está juzgando el contenido de su decisión. Lo que se está examinando es si cumplió con su deber de tramitar el proceso entre los tiempos que la ley y la Constitución imponen”, explicó.
El magistrado insistió en que la víctima debe ocupar un lugar central en esta discusión. “¿Vos pensás que cuando una causa prescribe por una demora que puede evitarse, la víctima no recupera el tiempo perdido? Es decir, pierde la posibilidad que el Estado llegue a la sentencia”, planteó.
“Por eso no debemos mirar la prescripción como si fuese un problema solamente desde la perspectiva del imputado, porque la víctima es, en definitiva, quien fue agredida, quien sufrió el delito”, agregó.
Finalmente, Pagliere sostuvo que los órganos encargados de controlar el desempeño judicial deberían intervenir cuando una causa llega a la prescripción como consecuencia de una demora injustificada. “Creo que es hora de que los órganos que están encargados, tanto desde las Cortes, del propio Poder Judicial, como los órganos de jury, ajusten las clavijas en este punto e investiguen, no se queden con la sola prescripción, sino que lo investiguen”, concluyó.
Para el juez, la discusión excede un caso particular y toca uno de los problemas centrales de la administración de Justicia: “Uno abre un diario y ve causas de este tenor y ve que prescribió la acción y ahí quedó todo. Y eso me parece que es inadmisible”.