El abogado que representa a damnificados por el caso Jonestur analizó la decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata, que confirmó procesamientos en la causa, y cuestionó las sucesivas apelaciones de las defensas. Sostuvo que los ahorros confiados a la firma para resguardarlos del corralito fueron transferidos a Andorra sin consentimiento de sus titulares y advirtió sobre el impacto patrimonial y psicológico que sufren las víctimas mientras esperan recuperar su dinero.
El abogado Pedro Bove, representante de damnificados por el caso Jonestur, cuestionó las maniobras que, según sostuvo, dejaron a numerosos ahorristas sin acceso a su dinero y destacó la importancia de la resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata, que confirmó procesamientos en la causa. En diálogo con la 99.9, describió una situación que considera excepcional por la cantidad de afectados y por las consecuencias que todavía enfrentan quienes confiaron sus ahorros a la firma.
Bove recordó que la propuesta que recibían los clientes era dejar su dinero a resguardo del corralito bancario. Según explicó, muchos creían que los fondos permanecerían guardados en las cajas de seguridad o tesoros de las entidades con las que operaban, sin asumir riesgos ni buscar una rentabilidad financiera. Sin embargo, sostuvo que ocurrió lo contrario: “El dinero, en vez de estar en los tesoros que la gente suponía y a salvo del corralito, fue enviado a Andorra”.
El letrado afirmó que los fondos fueron colocados en cuentas vinculadas con los titulares de la empresa y que se habrían invertido a una tasa de interés sin que los damnificados conocieran ni autorizaran esos movimientos. “Y no solamente fue enviado, sino colocado en cuentas a nombre de cada uno de los dueños y colocados a intereses a tasa. Y sin que la gente supiera, el dinero migró de la Argentina hacia Andorra sin conocimiento y sin consentimiento de los damnificados”, expresó. A raíz de esa situación, explicó, los reclamos para recuperar los ahorros también debieron trasladarse al Principado de Andorra.
Bove consideró especialmente grave el trato que reciben las víctimas durante el proceso. Señaló que, según su experiencia, muchas continúan esperando respuestas y que, en numerosas ocasiones, quien enfrenta personalmente los reclamos es Rigano. El abogado cuestionó que, de acuerdo con su relato, algunos integrantes del grupo empresario no den explicaciones directas a los afectados, mientras Rigano mantendría la expectativa de que el dinero será recuperado.
En ese marco, apuntó contra las sucesivas apelaciones presentadas en el expediente. Reconoció que las defensas tienen derecho a recurrir las resoluciones judiciales, pero consideró que la reiteración de planteos puede convertirse en una estrategia para demorar el avance de la causa. “Hay un derecho a recurrir, hay un derecho a apelar, pero muchas veces ese derecho, el abuso de ese derecho, implica una defensa indirecta”, sostuvo.
El abogado explicó que, a su entender, esas demoras terminan perjudicando a quienes esperan recuperar su patrimonio y pueden abrir nuevas discusiones sobre el transcurso del tiempo y la prescripción. Según señaló, las defensas han continuado apelando decisiones anteriores e insistiendo sobre cuestiones que considera ya discutidas procesalmente. “¿Esto qué hace? Esto hace que el tiempo vaya pasando”, planteó, al advertir que los trámites sucesivos prolongan la incertidumbre de los damnificados.
Para Bove, las consecuencias no se limitan a la pérdida económica. Relató que entre los afectados hay personas que fallecieron mientras aguardaban la devolución de sus ahorros, otras que permanecen internadas en geriátricos y familias que vendieron sus viviendas y hoy deben pagar un alquiler mientras sus fondos continúan inmovilizados. “Son causas que tienen un contenido profundo de daño psicológico, de daño moral a la gente, más allá del daño patrimonial”, afirmó.
También cuestionó las promesas de devolución que, según manifestó, algunos afectados reciben desde hace años. Sostuvo que Rigano continúa solicitando autorizaciones para viajar a Andorra y que les transmite a los damnificados que está próximo a resolver la situación y recuperar el dinero. “Le pone al damnificado la zanahoria de que ahora viaja y ahora vuelve y ahora nos paga”, expresó. Para Bove, esas expectativas alimentan la esperanza de las víctimas sin que, hasta el momento, hayan obtenido la restitución que reclaman.
El letrado destacó que en la investigación intervienen distintos organismos y valoró especialmente el trabajo de la Fiscalía, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Aclaró que la causa no involucra únicamente a los damnificados a los que representa, sino que comprende a un conjunto más amplio de personas que buscan recuperar sus ahorros y esclarecer el destino de los fondos.
En relación con la decisión judicial más reciente, Bove remarcó que la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Oscar Rigano, Rubén Seret, Alfredo Blasco García y María Fernanda García Navarro. También señaló que la resolución desvinculó a otras integrantes del grupo, una determinación que continúa en discusión.
Según explicó, el Ministerio Público Fiscal apeló ese aspecto del fallo porque considera necesario revisar la desvinculación de María Isabel Ramaglio y de su hija, Len Cardoso. Bove sostuvo que las cuentas que, según su interpretación, estaban vinculadas con ambas formaban parte de un mismo sistema de movimientos de fondos y mencionó que existen referencias a esas cuentas en actuaciones judiciales de Andorra. La cuestión, aclaró, deberá resolverse en las instancias correspondientes.
El abogado insistió en que la confirmación de los procesamientos constituye un avance importante, aunque advirtió que la causa continúa abierta a nuevas presentaciones y recursos. “Lo importante de todo esto es la convalidación por parte de la Cámara de lo que fue el auto de procesamiento en gran parte del mismo”, señaló. Y concluyó: “La causa sigue, la causa sigue”.