El diputado nacional cuestionó una iniciativa impulsada por un legislador del PRO que busca incorporar nuevas figuras penales para sancionar el vandalismo rural. Advirtió que el proyecto duplica delitos ya contemplados en el Código Penal y establece penas menores, lo que podría beneficiar a los acusados. También reclamó medidas frente a la inseguridad, mejores salarios para las fuerzas policiales y un acuerdo político nacional que permita garantizar estabilidad y crecimiento.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez cuestionó un proyecto de ley para incorporar nuevas figuras penales vinculadas con el vandalismo rural y advirtió que, en lugar de fortalecer la protección de los productores agropecuarios, la iniciativa podría generar contradicciones legales y reducir las penas aplicables a determinados hechos. En diálogo con la 99.9, explicó que había presentado en 2020, junto con Sergio Massa, una propuesta para sancionar este tipo de ataques, a partir de los daños sistemáticos que sufrían los silobolsas y la producción agrícola.
“El vandalismo rural no existía en la Argentina en el año 2020, producto de ataques sistemáticos que se producían a los silobolsas”, recordó. Según explicó, aquellos hechos no solamente provocaban pérdidas económicas directas, sino que también afectaban el ciclo productivo. Por ese motivo, impulsó una iniciativa que buscaba proteger distintas actividades agropecuarias y economías regionales, aunque no consiguió reunir los votos necesarios para su aprobación.
Gutiérrez señaló que este año un diputado del PRO por La Pampa presentó otro proyecto que retoma algunos aspectos de aquella propuesta, pero incorpora figuras que, según su análisis, ya están contempladas en el Código Penal bajo la figura del estrago rural. La principal objeción está relacionada con la superposición de normas y las diferencias entre las penas previstas para hechos de gravedad similar.
“Esas penas que son el vandalismo grande, que son los destrozos grandes, cuando alguien ingresa y te destruye toda la cosecha, cuando alguien te rompe los silobolsas, pero con una dimensión muy importante, cuando alguien destruye un monte de frutas completo, todo eso el Código Penal ya lo tenía previsto en el artículo 160, una pena grande de tres a diez años de prisión”, explicó.
De acuerdo con el diputado, el nuevo proyecto establece penas de entre dos y ocho años para determinadas conductas que ya tendrían una sanción de entre tres y diez años en la legislación vigente. “Entonces hoy destruir una cosecha está doblemente prohibido, según el proyecto del PRO, con la pena actual de tres a diez y con la nueva que crearon de dos a ocho. Entonces el juez, ¿cuál va a aplicar? La más benigna para el reo”, advirtió.
Para Gutiérrez, esa duplicación normativa podría generar dificultades para fiscales, jueces y fuerzas policiales a la hora de investigar y sancionar estos hechos. “En lugar de mejorar o traer una solución, pusieron en riesgo la seguridad jurídica y desprotegiendo a la producción, al productor agropecuario y a las economías regionales”, afirmó.
El legislador explicó que su propuesta original tenía un alcance federal e incluía la protección de distintas producciones, no solamente la ganadería o la agricultura extensiva, sino también actividades vinculadas con la leña, el carbón y la producción frutihortícola. A su entender, el nuevo esquema podría dejar sectores productivos expuestos a interpretaciones judiciales contradictorias.
Consultado sobre las posibilidades de modificar la iniciativa, Gutiérrez indicó que ya había conversado con sus impulsores y les había señalado los problemas que detectaba. Sin embargo, el proyecto obtuvo respaldo suficiente en comisión y ahora resta conocer si llegará al recinto para su tratamiento definitivo. El diputado manifestó su expectativa de que las autoridades de la Cámara adviertan las inconsistencias y permitan revisar la propuesta antes de una eventual aprobación.
En ese sentido, aclaró que no está interesado en preservar la autoría de su iniciativa original, sino en conseguir una legislación eficaz. “Yo no necesito autoría de mi proyecto, si bien es el original, no me interesa. Lo que necesito es que el campo, la producción argentina y las economías regionales estén más protegidas”, sostuvo. Incluso aseguró que acompañaría una propuesta alternativa si permite corregir los problemas que señaló.
Más allá de la discusión legislativa, Gutiérrez consideró que el vandalismo rural forma parte de una problemática de seguridad más amplia que afecta tanto al campo como a las ciudades. “Yo creo que hay un problema serio de inseguridad a nivel país, no solo en el campo, no solo en la provincia de Buenos Aires”, afirmó. Entre los factores que le generan mayor preocupación mencionó el acceso de los delincuentes a las armas de fuego y la disponibilidad de municiones.
El diputado también vinculó el aumento de la inseguridad con el deterioro de las condiciones sociales y económicas. Desde su perspectiva, cuando las personas no encuentran posibilidades de satisfacer sus necesidades por vías lícitas, aumenta el riesgo de que algunas recurran a conductas delictivas. Por eso reclamó una respuesta estatal que combine herramientas de seguridad con políticas orientadas a mejorar las condiciones sociales.
En ese marco, puso el foco en la situación de las fuerzas policiales y cuestionó los ingresos que perciben sus integrantes. “Hay que ocuparse fuertemente de eso. Yo he presentado recientemente un proyecto para mejorar los ingresos de la Policía Federal Argentina”, señaló. Para Gutiérrez, el fortalecimiento de la seguridad requiere atender las condiciones laborales de los efectivos, tanto a nivel nacional como provincial.
El legislador también se refirió a los problemas de salud mental que afectan a la sociedad y a integrantes de las fuerzas de seguridad. Consideró que las dificultades económicas, la frustración y la falta de respuestas pueden generar situaciones extremas cuando las personas sienten que no tienen alternativas. En su análisis, se trata de un problema que requiere atención estatal y una mirada más amplia que la estrictamente policial.
Finalmente, Gutiérrez planteó la necesidad de alcanzar un acuerdo político nacional que permita establecer objetivos comunes y reducir la incertidumbre. “Argentina está endeudada por muchos años y vemos compromisos con otros países que condicionan nuestra realidad interna. Hay que hacerlo con mucho patriotismo”, sostuvo.
A su entender, la salida no puede depender de una sola fuerza política, sino que requiere la participación de distintos sectores para construir una estrategia sostenida. “Soy de la idea, siempre lo he dicho, de la necesidad de un acuerdo de consenso nacional. No va a ser una fuerza, no puede ser una fuerza, tienen que ser los líderes de muchas fuerzas las que se sienten a ordenar y que nos den tranquilidad a los argentinos por lo menos por diez años, con una expectativa de estabilidad y crecimiento”, concluyó.