El abogado destacó la puesta en funcionamiento del sistema informático del Registro Nacional de Datos Genéticos para comparar perfiles de ADN vinculados con investigaciones criminales y sostuvo que permitirá mejorar la identificación de autores de distintos delitos. También cuestionó que la provincia de Buenos Aires todavía no se haya incorporado al sistema nacional, planteó la necesidad de trasladar cárceles que quedaron integradas a zonas urbanas y criticó la actuación de la fiscal del caso Chocobar.
El abogado Fernando Soto destacó en la 99.9 la puesta en funcionamiento del software CODIS en el Registro Nacional de Datos Genéticos y aseguró que representa un avance importante para la investigación criminal. “Esto va a cambiar absolutamente la identificación de los criminales”, afirmó. Soto integra la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, creada por la ley de 2024 que amplió el registro para incorporar perfiles genéticos vinculados con distintos delitos.
“Se toma el ADN con saliva del carrillo interno de la boca, con una paletita. Eso se pone en un sistema que saca una digitalización del ADN, un código de barras como el del supermercado, y se va a la escena del hecho y se levanta material genético”, explicó. Según detalló, el sistema compara los perfiles sin identificar inicialmente a las personas por su nombre y permite detectar coincidencias que después deben ser verificadas con intervención de la Fiscalía y de la defensa.
“Costó mucho integrarlo, todo es difícil en el Estado, todo a pulmón, además con muy poca plata”, sostuvo Soto sobre la puesta en marcha. El objetivo, explicó, es integrar los perfiles de diferentes jurisdicciones para ampliar la capacidad de comparación. Mencionó las bases de Mendoza y La Pampa, además de los convenios que se trabajan con otras provincias. “Esto tiene una certeza del 99,99%, prácticamente el 100%”, afirmó, al destacar el potencial de la identificación genética.
Soto cuestionó que la provincia de Buenos Aires todavía no se haya incorporado plenamente al registro nacional. “Ellos crearon el GENIS. En realidad se creó a nivel nacional y ellos lo usan y no funcionó nunca”, expresó durante la entrevista. También sostuvo que el sistema provincial se aplica de manera limitada, pese a que la ley nacional contempla su utilización para investigar distintos delitos. “Estoy seguro de que lo van a hacer cuando nosotros empecemos a encontrar violadores, homicidas, hechos de robo común, en cualquier casa, en cualquier domicilio, y ellos y la gente de la Policía van a decir: ‘¿Por qué nosotros no lo tenemos?’”, señaló.
El abogado también se refirió a la necesidad de trasladar cárceles que quedaron rodeadas por el crecimiento de las ciudades. “Cárceles como la de Batán, como la de Devoto, que están en medio de ciudades, hoy no deberían existir”, afirmó. Sobre el establecimiento porteño, recordó los anuncios de traslado que se sucedieron durante décadas y consideró que su cierre responde a una necesidad postergada.
En el tramo final, Soto cuestionó a la fiscal que intervino en el caso de Luis Chocobar, a quien representa como abogado defensor. La polémica surgió a partir de las críticas de la senadora Patricia Bullrich a la actuación de la funcionaria. “Lo que tienen que hacer los senadores, que son los que dan o no dan el acuerdo, es evaluar el funcionamiento y el desempeño del magistrado”, sostuvo, en referencia a la discusión sobre una eventual extensión de su permanencia en el cargo.
Sobre el caso, Soto aseguró que la defensa presentó peritajes que respaldan su postura acerca de los disparos efectuados por Chocobar. “Hemos probado con peritaje que las balas rebotaron, nunca le dieron directamente en el cuerpo”, afirmó, y mencionó estudios de la Comisión Nacional de Energía Atómica sobre el material hallado en los proyectiles. También cuestionó que, a su entender, no se le haya dado suficiente participación al turista estadounidense que había sido apuñalado durante el episodio. “Yo me preocupé de ubicarlo en Estados Unidos porque estaba en contacto con Chocobar. Que hagan un Zoom y lo escuchen mínimamente”, señaló.
Finalmente, Soto criticó lo que considera un enfoque judicial que desatiende a las víctimas y a los policías que intervienen ante un delito. “La senadora le reprocha que los policías estén perseguidos por actuar defendiendo a la víctima y cumpliendo con su deber”, sostuvo. Y concluyó: “Estamos pagando los platos rotos y estando nosotros en situación de prisión en nuestras casas, porque esta gente defiende a los chorros”.