El abogado analizó el fallo de la Suprema Corte bonaerense que declaró constitucional el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral. Cuestionó las consecuencias del precedente “Barrios”, que había generado fuertes diferencias en la actualización de créditos laborales, y destacó que la nueva doctrina establece reglas más claras para los litigios en trámite.
El abogado Juan Manuel Demarchi analizó en la 99.9 el alcance de un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que declaró la constitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral y consideró que la decisión permite poner fin a la incertidumbre que se había instalado en los juicios laborales por la actualización de los créditos. “La política vino a resolver un problema creado por la Justicia”, sostuvo.
El letrado explicó que la controversia se había profundizado a partir del precedente “Barrios”, dictado por la Corte bonaerense en 2024 en una causa civil, que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar derivada de la Ley de Convertibilidad. A partir de esa decisión, distintos tribunales de trabajo comenzaron a utilizar mecanismos de actualización que incrementaron considerablemente los montos de las sentencias.
“Se disparó una carrera para ver quién indexaba con tasas más altas en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en la Justicia laboral”, describió Demarchi. Según explicó, mientras en el fuero civil y comercial ya se venían aplicando otros mecanismos, en los tribunales laborales el precedente generó criterios diferentes entre juzgados e incluso entre magistrados de un mismo tribunal.
El resultado, advirtió, fue una fuerte pérdida de previsibilidad. “Se había perdido la previsibilidad y, en definitiva, se generaron casos tremendamente arbitrarios”, afirmó. También cuestionó que algunos tribunales aplicaran ese criterio a expedientes que ya estaban en condiciones de recibir sentencia, sin que las partes conocieran previamente cómo se calcularían los créditos reclamados. “Eso generó sentencias impagables en la mayoría de los casos”, señaló.
Demarchi explicó que, en determinadas situaciones, los demandados con capacidad económica para recurrir las sentencias depositaron los montos establecidos y apelaron las decisiones. Como consecuencia, los trabajadores no pudieron cobrar el dinero mientras los expedientes continuaban su trámite. “La Corte de la Provincia de Buenos Aires está hoy atiborrada de recursos contra estas resoluciones que se dictaron como consecuencia del tristemente célebre precedente ‘Barrios’”, remarcó.
Frente a ese escenario, destacó la importancia de la nueva normativa, que estableció mecanismos diferentes para actualizar los créditos laborales según se trate de juicios futuros o de causas que ya estaban en trámite. “La Ley de Modernización Laboral, con esos dos artículos, de alguna manera puso orden y reguló”, sostuvo. En ese sentido, consideró que el fallo de la Corte bonaerense representa una corrección de los efectos que había producido la interpretación anterior.
“El artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral es de orden público y regula de lleno los juicios en trámite sin sentencia firme, con lo cual se liquida la tasa que establece esa normativa”, explicó. Además, indicó que el tribunal consideró constitucional el mecanismo de actualización previsto por la ley y entendió que sus parámetros resultan razonables, incluido el piso del 67% contemplado en la regulación.
Para el abogado, uno de los aspectos centrales de la decisión es que establece un marco de reglas más definido para quienes participan de un conflicto laboral. “Se produce lo que se llama el fin de la lotería judicial de las tasas”, resumió, al destacar que trabajadores, empleadores y profesionales necesitan conocer con mayor certeza los criterios que se aplicarán al momento de determinar una deuda.
Demarchi señaló que la trascendencia del fallo también se explica por el tiempo transcurrido desde el precedente “Barrios”. “Desde que se dictó, han ido innumerables causas con recursos y es la primera vez que se resuelve algo. Estamos hablando de casi dos años y medio sin que haya una resolución de fondo respecto de la tasa de interés y el tema de la indexación o actualización de los créditos laborales”, indicó.
El letrado también planteó interrogantes sobre cómo se extendió el criterio anterior y por qué comenzó a aplicarse en distintos expedientes antes de que existiera una definición general sobre sus alcances. Consideró que ese proceso merece un análisis posterior: “Habrá que ver qué pasó con ‘Barrios’, cómo se diseminó y por qué se desató la carrera para aplicarlo más rápido y más gravosamente posible”.
Finalmente, Demarchi remarcó que la doctrina judicial cumple una función fundamental en el funcionamiento del sistema. Cuando la Corte se pronuncia sobre una cuestión, explicó, ese criterio debe orientar la resolución de los casos similares que se presentan posteriormente. “La doctrina judicial es importante para ordenar y dar previsibilidad, y para que los litigantes sepan cuál es el marco de reglas con el que juegan. Eso es lo más importante”, concluyó.
El abogado también destacó la relevancia institucional de que la Suprema Corte bonaerense haya avalado la normativa impulsada por el Gobierno nacional. A su entender, la decisión constituye un paso significativo para reducir la incertidumbre en los litigios laborales y recuperar parámetros más previsibles para calcular las obligaciones económicas derivadas de esos conflictos.