Y nuevamente, la burra al trigo. Otra vez ataca el dúo encarcelador, sin consecuencias por su incorrecto accionar judicial. En una serie de movimientos, fuerzas federales están llevando citatorios y requerimientos a empresas, pidiendo informes de adquisiciones en busca de lavado de capitales. En uno de esos requerimientos se inquiere por el ya conocido Catriel Taubenschlag, quien aún no está a derecho en la causa que procura la fiscal Lacki en La Plata. En ese mismo requerimiento se piden datos de adquisiciones de departamentos en proyectos edilicios fuera de Mar del Plata a nombre de Lucas Marocco, Cristian Rosales, Gustavo Rhode y Milton Cazazola, y de las firmas Mi Saldo y Taubenschlag SRL. Todo en carácter de averiguación de delito. Una auténtica expedición de pesca. La propia Mazzaferri hizo saber, por los medios de corte y pegue, que la causa data de 2024.
La reunión. Fue la segunda con presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación. Vinieron dos conocidos de la gestión municipal, Gustavo Jara y Martín Ferlauto, hoy en altos cargos con línea directa con la ministra Alejandra Monteoliva. No hubo comunicado a posteriori ni conferencia de prensa. Queda claro que, si algo cambia, no será por imperio de la acción municipal, ya que, como es bien sabido, la dinámica y la responsabilidad de la seguridad son provinciales. Los funcionarios nacionales se llevaron la impresión de que estos jefes policiales pueden dar vuelta en algo la situación actual, aunque nadie se atreve a cantar victoria. Quedó un mensaje algo encriptado: le dieron a entender a Montenegro que baje el perfil de «vengo a salvar a la ciudad», porque no ayuda. Y es obvio que se espera pronto un relevo en la Secretaría de Seguridad municipal.
Alguien la ve. El vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advirtió que las plataformas digitales, la caída del consumo y un comprador cada vez más informado están reconfigurando el comercio. «Es un tema tecnológico, no es un tema de gobierno», sostuvo, y remarcó que el sector argentino está sobredimensionado tras años de inflación y falta de productos. En la conversación en la 99.9 introdujo un dato crucial que poco se cita, o del que directamente no se quiere hablar: la sobredimensión del pequeño comercio de proximidad en todo el país. Un debate fuerte. En el mismo análisis señaló: «Una persona que antes salía a hacer compras de una empresa a una pinturería, a una ferretería o a lo que sea, compraba en su zona, en su sector. Ya hoy todas las empresas compran a través de una aplicación y no tienen más a esa gente de mantenimiento realizando sus compras. Eso afecta el comercio de cada zona».
Lo de Toledo ya es catástrofe. Así surge de los datos que circulan en la ciudad y que ratificó en la 99.9 el secretario general de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi: «Tenemos delegados en todas las sucursales, nos van mandando videos y fotos de cómo han quedado vacíos los depósitos, cómo se van achicando las góndolas y cómo la gente cada vez entra menos porque no hay producto que comercializar». A esa situación sumó la falta de respuestas de la patronal, que dificulta conocer qué estrategia tiene prevista para sostener la actividad. También deja un interrogante sobre modos y procedimientos: uno de los principales reclamos del SECZA está vinculado con la posibilidad de participar en el expediente judicial que involucra a la empresa. Bianchi contó que el sindicato se reunió con la jueza de la causa y solicitó ser parte del proceso para seguir de cerca las decisiones que afectan a los trabajadores, pero aseguró que llevaba alrededor de 20 días sin obtener respuesta a ese pedido: «Queremos estar dentro del expediente para saber lo que pasa y salvaguardar los intereses de los trabajadores de la compañía». Aquí, amén de la pista del dinero, hay que poner en escena a los síndicos.