En General Pueyrredon no faltan normas para regular la tenencia de perros peligrosos: lo que falta, desde hace más de una década, es un Estado municipal dispuesto a hacerlas cumplir. La ordenanza existe, el decreto que la endureció también y el registro figura en los papeles; lo que no aparece —ni siquiera cuando el Concejo Deliberante lo reclama por escrito— es un dato que demuestre que el control existe.
Hace apenas una semana, la colega Luz Dubedout, conductora de «Plan Luz» en Radio Brisas, se agachó a juntar un caracol en una playa de la zona norte y, al incorporarse, tenía una perra suelta prendida de su pierna izquierda. No era un animal callejero —su dueño estaba en la misma playa— y el desgarro fue tan profundo que requirió cirugía y todavía hoy le impide caminar con normalidad. Vale recordar que la Ordenanza 4.133 y sus modificatorias prohíben el ingreso de animales a playas y balnearios, incluso con correa.
En este contexto, el miércoles 28 de octubre la Comisión de Salud del Concejo Deliberante resolvió pedir informes a la Dirección de Zoonosis sobre el cumplimiento de la Ordenanza 22.031 y del Decreto 2877/19, a partir de un proyecto del concejal Horacio Taccone (Acción Marplatense): registro, microchips, seguros, denuncias por mordeduras y sanciones aplicadas. Un dato muy fuerte lo aportó el presidente de la comisión, Diego García (Unión por la Patria): la Comisión de Tenencia Responsable de Mascotas ya había requerido esa información y jamás obtuvo respuesta. «Hasta el día de hoy no hemos tenido suerte», admitió, y reconoció que muchos artículos de la norma se incumplen.
La historia es tan vieja como la norma. La Ordenanza 22.031 fue sancionada en noviembre de 2014 y, ya en junio de 2016, el entonces jefe de Zoonosis, Daniel Gagliardo, admitía que apenas unos 200 perros peligrosos estaban identificados cuando se estimaba que superaban el millar. En 2019, tras el feroz ataque de tres ovejeros alemanes a Guadalupe Ferrari en Punta Mogotes —los mismos animales que dos meses antes habían atacado a otra mujer y que Zoonosis había devuelto a su dueño—, el intendente Carlos Arroyo firmó el Decreto 2877/19: microchip, seguro obligatorio, certificado psicofísico para los tenedores y multas severas.
Arroyo comparó entonces la tenencia de estos animales con la de un arma: un perro «que puede matar en un segundo, no lo controla nadie», dijo. Ya en aquel momento se advirtió que el decreto nacía sin inspectores suficientes y dejaba el problema a la gestión siguiente: la de Guillermo Montenegro, al frente del municipio desde diciembre de 2019 —con el interinato de Agustín Neme durante sus diez meses de licencia—, que acaba de reasumir con la seguridad en el centro de su agenda. Bajo esa administración, en abril de 2025, una beba de un año y ocho meses murió en el barrio Libertad atacada por el pitbull familiar, que no figuraba en el registro.
Esta es la información publicada. Lo que no está publicado es la lógica que la explica: un municipio que difunde con esmero sus 5.430 castraciones de enero a mayo, pero no logra contestar un pedido de informes; que reacciona después de cada ataque —retira el animal, activa el protocolo, emite el comunicado— y que, entre uno y el siguiente, no exhibe fiscalización alguna. No hay aquí un problema de leyes sino de gestión, y también un capítulo de esa seguridad tan declamada, que no se resuelve con fuerzas federales sino con inspectores en la calle y la decisión política de sancionar. Siete años después, la frase de Arroyo sigue intacta.
La ordenanza está por cumplir doce años; el control, todavía no ha nacido.