La abogada cuestionó la norma aprobada por la Legislatura bonaerense que incorpora una hora semanal obligatoria de educación emocional en todos los niveles. Advirtió que no establece contenidos ni mecanismos de control y pidió a las familias seguir de cerca su implementación. También criticó el funcionamiento de la Justicia de Familia y el uso de la virtualidad en las audiencias.
La abogada Fátima Silva cuestionó en la 99.9 la ley de educación emocional aprobada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, que modifica artículos de la Ley Provincial de Educación e incorpora una hora semanal obligatoria en los niveles inicial, primario y secundario. Su principal objeción es que la norma no define los contenidos que se deberán abordar y deja esa decisión en manos del Ministerio de Educación provincial.
“Lo que me preocupa de esta ley es que es una caja vacía. Dice simplemente que se va a aplicar de manera obligatoria a partir del año próximo, pero no establece qué va a suceder en esa hora semanal obligatoria, como si fuera una materia más en el colegio para hablar de sus emociones. No tiene currícula, no tiene contenido. Significa que volvemos a dejar una puerta abierta”, sostuvo.
Silva aclaró que no cuestiona la posibilidad de que los chicos tengan espacios para reconocer y trabajar sus emociones, pero advirtió sobre la falta de precisiones respecto de los temas y los criterios que guiarán esas clases. “En inicial dice que es para que los niños puedan conocer, entender, regular y gestionar sus emociones. En secundaria habla de potenciar el desarrollo de competencias emocionales, pero no dice desde qué lugar se van a regular las emociones ni qué contenido debe tener esa hora cátedra obligatoria”, señaló.
La abogada comparó sus preocupaciones con lo ocurrido durante la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI). “Pensamos que podía ser un proyecto bienvenido para enseñarles a los chicos cómo se deben cuidar y terminó siendo lo que ya todos conocemos que sucede en los colegios con la aplicación de la ESI. En esta siento el mismo temor, porque al no tener contenidos, ¿de qué van a hablar en esas clases?”, planteó.
En ese sentido, advirtió que la amplitud de la ley permitiría que cada docente determine los temas a tratar sin que exista, según su interpretación, un mecanismo claro para documentar lo que se enseña. “¿Puede ser que hablen de política, de feminismo, de agenda woke? ¿De qué temas van a hablar? La ley es muy abierta y dice que el Ministerio de Educación de la Provincia deberá determinar los contenidos antes de marzo del año próximo”, explicó.
“Quedamos en manos de quien sea ministro de Educación y de lo que quiera hablar en esa hora de charla con los chicos, que ni siquiera va a quedar registrado en ningún lado. No es como una materia más, en la que después, a través de un examen o un trabajo práctico, queda documentado qué temática diste”, agregó.
Silva recordó que la iniciativa fue presentada por la diputada del Frente Renovador Luciana Padulo y remarcó que contó con el acompañamiento necesario para obtener la aprobación legislativa. Si bien reconoció la buena voluntad de algunos impulsores de la educación emocional, entre ellos el psicólogo Lucas Malaisi, diferenció esa intención de la forma en que quedó redactada la norma.
“No digo que esté mal que los chicos puedan trabajar sus emociones en la escuela, en una hora de reflexión. Pero una cosa es una hora sobre temáticas concretas y otra es una hora abierta donde quien esté a cargo de la clase puede proponer el tema que menos nos podamos imaginar”, afirmó. También sostuvo que los equipos técnicos de las instituciones educativas deberían tener un papel en el acompañamiento de los alumnos.
La abogada pidió que las familias presten atención a la reglamentación y a los contenidos que finalmente se establezcan. “Ahora ya está legislada, pasó por el Congreso provincial y no lo vimos antes: lo vimos cuando ya estaba aprobada. Vamos a estar muy atentos a cuál va a ser el contenido que el Ministerio de Educación le va a poner a esas horas cátedra. Todos los padres que tengan hijos en edad escolar tienen que empezar a mirar rápidamente qué van a tener estas clases”, reclamó.
Durante la entrevista también cuestionó la respuesta de las instituciones frente a las situaciones que atraviesan los chicos y sostuvo que las necesidades de la infancia no están siendo atendidas como deberían. “Hay chicos que en sus casas no pueden elaborar cosas que les pasan y por ahí puede ser un momento de reflexión interesante. Para eso también están los equipos técnicos en las escuelas; debería ser ese el espacio donde pudieran hablar. Lamentablemente, ni eso sucede”, expresó.
Como ejemplo, mencionó el caso de un alumno de apellido Yankelevich y cuestionó la actuación de la psicóloga de su colegio: “Cuando el nene quiso hablar, lo primero que hizo fue levantar el teléfono y contarle al padre lo que había contado dentro de ese ámbito”. A partir de esa situación, concluyó: “Está todo trastocado, claramente los chicos no son prioridad. En lugar de estar preocupados por esto, podrían estar preocupados por los padres que no trabajan y no cumplen la función que tienen que cumplir”.
Finalmente, Silva se refirió al funcionamiento de la Justicia de Familia y cuestionó que, desde la pandemia, las audiencias virtuales se hayan convertido en una práctica que, a su entender, dificulta el control de las decisiones judiciales y el contacto directo con los magistrados.
“No te quieren poner audiencias presenciales. Las pedimos por escrito y subrayamos la palabra presencial, pero les da lo mismo y las ponen igual. No quieren verte cara a cara porque no pueden darte respuestas”, afirmó. Y planteó como ejemplo los casos de padres que llevan años sin poder ver a sus hijos: “No pueden decirte por qué llevás cuatro años sin ver a un hijo si no hay un solo hecho en el expediente que acredite una gravedad que justifique la separación. Como no pueden, la virtualidad más o menos los acomoda, porque los pone detrás de una pantalla”.