El analista internacional explicó el planteo de 15 fiscales de distintos estados norteamericanos ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que revise el fallo favorable a la Argentina en el juicio por YPF. Advirtió que la discusión excede el monto de la demanda y puede tener consecuencias sobre la protección de los inversores internacionales. También analizó el escenario electoral estadounidense antes de las elecciones de medio término.
El analista internacional Sebastián Maril se refirió en la 99.9 a la presentación de 15 fiscales de distintos estados de Estados Unidos ante la Corte Suprema de ese país para respaldar el pedido de las empresas Petersen y Eton de que se revise el fallo del caso YPF. La iniciativa busca que el máximo tribunal tome el expediente el próximo año, luego de que en marzo la Cámara de Apelaciones revirtiera la sentencia de la jueza Loretta Preska favorable a los demandantes.
“Quince fiscales de quince estados decidieron sentarse y ponerse de acuerdo y decir: esto que piden las empresas Petersen y Eton, que son los beneficiarios del fallo YPF que fue dado vuelta en marzo, no podemos aceptar que Argentina se salga con la suya y salga ilesa después de perjudicar no solamente a accionistas norteamericanos, sino de violar las leyes de nuestro país”, explicó Maril. Y agregó que, por ese motivo, solicitaron a la Corte Suprema que escuche los reclamos y acepte revisar el caso.
El analista consideró que la intervención tiene características poco habituales, aunque aclaró que la presentación de escritos de apoyo es una práctica conocida en la Justicia estadounidense. “El caso YPF no tiene antecedentes. Ha sido rarísimo a lo largo de los más de diez años que tiene este juicio. Es normal que se presenten los famosos amicus curiae y seguramente Argentina va a recibir ayuda de otros estados u otros países. Lo que no es normal es la dureza con la que se expresaron estos fiscales”, señaló.
Maril destacó que el escrito, de apenas diez páginas, fue contundente en su planteo. “Fueron muy duros en decir exactamente lo que tenían que decir: acá no podemos permitir que Argentina se salga con la suya. Hay que escuchar a los beneficiarios y hay que castigarla por lo que hizo”, resumió, aunque aclaró que todavía no se sabe si la Corte Suprema aceptará el pedido.
Al analizar los fundamentos de la presentación, recordó que el fallo de la Cámara de Apelaciones de marzo fue dividido, con dos votos favorables a la Argentina y uno en contra. Sin embargo, remarcó que los tres jueces fueron críticos con la conducta del país. También señaló que los argumentos del juez José Cabranes, quien votó en disidencia, sirvieron como base para impulsar la presentación de los fiscales.
Para Maril, el eje central del litigio está en la relación entre la ley de expropiación argentina y el estatuto de YPF, que establecía la obligación de realizar una oferta pública de adquisición cuando se produjera un cambio de control de la compañía. “Argentina se benefició de haber escrito una ley pública, la ley de expropiación, para invalidar una promesa que había hecho veinte años antes”, sostuvo.
En ese punto, explicó que quienes cuestionan la posición argentina consideran que una norma posterior no puede utilizarse para desconocer compromisos asumidos previamente con los inversores. “Lo que dicen aquellos que están en contra de Argentina es: vos no podés inventarte una ley veinte años más tarde para invalidar una promesa”, afirmó. Y planteó que esa es precisamente la discusión que deberá resolver la Corte Suprema: si un Estado puede ampararse en una ley soberana para dejar sin efecto obligaciones anteriores.
El analista también explicó por qué el caso involucra intereses de inversores estadounidenses, aunque los beneficiarios directos del fallo sean las empresas Petersen y Eton. “El inversor norteamericano se encuentra simplemente en las protecciones que busca cuando va a Nueva York, que es el epicentro del mercado internacional financiero, para buscar protección de sus propias leyes”, indicó.
En ese sentido, advirtió que el precedente podría exceder el conflicto entre Argentina y los demandantes. “Si viene un país y dice que no le importan las leyes norteamericanas y que va a invalidar cualquier promesa que hizo a los inversores porque tiene una ley soberana, cualquier país o cualquier empresa puede utilizar eso. Inglaterra, Uganda, México, Brasil o Australia podrían decirles a los inversores: ‘Ahora los traiciono, los invalido, porque tengo una ley pública que me permite hacerlo’”, ejemplificó.
“Yo entiendo que esa ley soberana está por encima de un estatuto. Lo que está en disputa ahora es si Argentina, como país soberano, o cualquier otro país, puede hacer eso. Eso es lo que la Corte Suprema tiene que decir”, concluyó sobre el alcance jurídico y financiero de la controversia.
Por otra parte, Maril analizó el escenario político de Estados Unidos antes de las elecciones de medio término. Desde ese país, recordó que históricamente el partido que ocupa la Casa Blanca suele perder representación en esos comicios: “En el 90% de los últimos 45 años, el partido que habita la Casa Blanca pierde poder”.
A partir de ese antecedente y de las encuestas, consideró probable que los republicanos sufran un retroceso, aunque pidió cautela frente a las proyecciones. “Este año viene muy cargado de temas políticos, geopolíticos, económicos e inflacionarios, que ponen en perspectiva la paliza que puede llegar a sufrir el Partido Republicano”, sostuvo.
Finalmente, recordó que las expectativas electorales no siempre se traducen en los resultados previstos y mencionó lo ocurrido en 2022, cuando se esperaba una amplia victoria republicana que finalmente no se concretó. “Por más que se anticipa una marea azul, es decir, una marea demócrata, no descartemos que esa victoria no sea tan inminente como se espera. Vamos a ver qué pasa”, concluyó.