El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) analizó el fallo con el que la Corte Suprema anuló las decisiones de la Cámara Civil sobre el traslado del domicilio de la AFA a Pilar y le devolvió vigencia a las resoluciones del organismo. Sostuvo que ahora el Ministerio de Justicia puede avanzar sobre los balances de la entidad, advirtió sobre la llamada “Universidad de la AFA” y los movimientos con Sur Finanzas, y habló de una “enorme sospecha de complicidad judicial”.
El ex titular de la IGJ Daniel Vitolo analizó en la 99.9 la resolución de la Corte Suprema en la causa de la AFA y sostuvo que el máximo tribunal corrigió una situación que, según planteó, generaba sospechas desde hace años. “Durante muchísimo tiempo y muchísimos años la AFA ha tenido un movimiento que ha generado una enorme sospecha de complicidad judicial, que no ha avanzado nunca, no investigó nunca”, afirmó.
Recordó que, cuando la IGJ bajo su gestión empezó a preguntar por la falta de información y de claridad en los estados contables durante más de diez años, la entidad recurrió a la Justicia y consiguió un amparo que le permitió el traslado de su domicilio a la provincia de Buenos Aires. “La Corte pone las cosas en su lugar y dice: lo que se hizo desde la Inspección de Justicia estuvo muy bien”, señaló. Según explicó, el tribunal le indicó a la AFA que primero debe terminar sus trámites en el organismo y explicar lo que corresponde antes de consolidar su domicilio.
Vitolo cuestionó que la Cámara Civil hubiera convalidado una mudanza real a Pilar “cuando todo el mundo había visto un baldío, cuando hicieron un chalet mínimo donde no tiene ninguna vinculación la AFA”. A su entender, se trató de un “forum shopping” para conseguir que interviniera el Juzgado Federal de Campana en causas penales. Aseguró que la IGJ y ARCA inspeccionaron el lugar y coincidieron en que era un baldío abandonado donde no había nadie.
El ex funcionario remarcó la dureza del fallo: la Corte revocó y anuló la decisión de la Sala D de la Cámara Civil que había dejado sin efecto su resolución sobre el traslado de domicilio, y declaró inválida la resolución que había revocado la designación de veedores. “La Corte no dice que el tribunal se equivocó: dice que son fallos arbitrarios, que no tienen el carácter de una verdadera sentencia judicial. Es gravísimo. La Corte muy pocas veces dicta fallos de esta naturaleza”, sostuvo. También recordó que el tribunal le impidió a la AFA elegir el juez que la investiga y frenó la concentración de las causas.
Para Vitolo, el Ministerio de Justicia queda habilitado para continuar con las investigaciones y pedir la apertura de los balances, a fin de conocer qué ocurrió durante los últimos diez u once años con cifras sin explicar y con millones de dólares del exterior percibidos a través de agentes designados por la AFA. “Hay que trazar cómo ingresaron al país, si es que ingresaron, y si no ingresaron, ver dónde fueron destinados”, planteó. Y agregó: “Ahora es el momento en que el Ministerio de Justicia tiene que avanzar. ¿Avanzará o no? No lo sabemos”.
Señaló además como un punto que debe investigarse a fondo la llamada Universidad de la AFA. Según dijo, no hay pruebas de que haya sido creada formalmente: la IGJ pidió los estatutos, el acto de creación y la escritura, y la entidad nunca respondió. “Ofrecieron públicamente carreras con títulos, con convenios con universidades nacionales que nunca exhibieron. Tuvieron inscripciones abiertas de una institución que no existía. Es de una gravedad enorme”, afirmó.
El entrevistador recordó que la semana pasada Ezequiel Nino, presidente de ACIJ, denunció ante el Consejo de la Magistratura a cinco jueces que integran órganos de ética de la AFA. Vitolo consideró “muy delicada” la cuestión y se preguntó por qué hay tanta resistencia a abrir los balances: “Para cualquier entidad jurídica es algo sumamente sencillo y común, y se hace un movimiento tremendo para que queden blindados”. Sobre los gastos, opinó que los costos “exorbitantes y poco razonables para una entidad civil sin fines de lucro están a la vista”.
En ese marco, planteó una hipótesis y aclaró que se trata de una conjetura: “Es una sospecha meramente. Cuando se abran esos balances y se busque en qué se gastaron millones de dólares en traslados y hoteles, pueden aparecer miembros del Poder Judicial, dirigentes políticos o del Ministerio Público disfrutando de esas prebendas. Quizás no ocurrió, pero no sería raro. Lo que es raro es que estén en esas instituciones y tengan esas funciones”.
Vitolo también se refirió a los movimientos de la AFA con Sur Finanzas y la Superliga. Según explicó, las cifras que la IGJ pedía aclarar en la AFA sumaban unos 111 millones de dólares, mientras que en la Superliga llegaban a casi 400 millones. “Aparentemente, esta financiera adelantaba dinero a los clubes a cambio de los derechos de transmisión que iban a recibir, y la Superliga, en vez de pagarles a los clubes, le entregaba ese dinero a Sur Finanzas”, describió. Indicó que las tasas de interés y las comisiones “no serían de mercado, por lo menos esto es lo que parecería ser”, y señaló que se trataba de préstamos con una garantía absoluta, sin riesgo de cobranza.
Sobre el comportamiento de los clubes, recordó que Talleres de Córdoba fue el único que se levantó contra la AFA y que tuvo que dar marcha atrás por el riesgo de sufrir sanciones deportivas. Apuntó que la reelección de las autoridades con un año de anticipación fue votada por todos los clubes, salvo Talleres, y que la IGJ la declaró irregular, aunque la Sala D la convalidó con el argumento de que “si están todos de acuerdo, ¿cuál es el problema?”. “La gente puede estar de acuerdo, pero hay estatutos que no se pueden violar”, respondió.
Finalmente, contó que al llegar a la IGJ se encontró con un expediente de reforma del estatuto de la AFA para incorporar al Consejo Directivo a tres integrantes de carácter político, con voz pero sin voto: el presidente o el vicepresidente de la Nación, un gobernador, un senador o un diputado nacional en ejercicio. Según dijo, la reforma no llegó a inscribirse porque la IGJ la objetó, ya que contraría el Código Civil, el estatuto de la AFA y el de la FIFA, que habla de independencia política. “Si se hubiera completado, la AFA hubiera quedado blindada por los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”, afirmó.