Los holdouts lograron el apoyo de familiares de víctimas estadounidenses de atentados terroristas.
Los fondos buitre han introducido en su batalla contra la Argentina un elemento que podría provocar ruido adicional a su reciente pedido de embargo contra el empresario Lázaro Báez , al lograr el apoyo de familiares de víctimas norteamericanas de atentados terroristas.
En un escrito presentado en forma discreta se introdujo en la causa un “amicus brief” de estos grupos, para que la Argentina informe cuáles son sus activos en el exterior, tal como se los piden sus acreedores en los tribunales. Pasado mañana habrá una audiencia en la Corte Suprema para escuchar a las partes; para la ocasión viajará el secretario de Finanzas, Pablo López.
En momentos en los que la causa por el atentado contra la AMIA, cometido en 1994, sigue sin resolverse, estas peticiones son clave, porque incluyen desde a familiares de víctimas de los atentados a las Torres Gemelas de septiembre de 2001 hasta otros que han sido afectados por ataques cometidos por Siria, Irán y algunos grupos terroristas islámicos. “Si la Argentina puede eludir el descubrimiento de sus activos en este caso, los Estados que patrocinan el terrorismo podrán hacer lo mismo”, afirmaron en esta presentación.
Estos escritos como “Amigos de la Corte” del lado del fondo buitre NML-Elliott tienen dos objetivos: debilitar el pedido de conservar en secreto cuentas bancarias del Estado y de los Kirchner -que, según la sentencia del juez Thomas Griesa, deben ser reveladas a la justicia norteamericana- e, indirectamente, dejar pegado al Gobierno con Irán por sus controvertidas negociaciones en torno de la causa por la AMIA.
En forma minuciosa, a lo largo de 27 páginas, describen varios atentados sufridos por ciudadanos norteamericanos a cargo de “Estados que patrocinan el terrorismo” y el perjuicio que traería si la justicia no pudiera acceder a las cuentas de gobiernos que han entrado o pueden entrar en default de sus deudas.
La jugada es arriesgada, pero los acreedores tienen en su favor que la Corte Suprema de su país debe estudiar en paralelo si analiza o no el caso del pari passu, que la Argentina también perdió en las dos instancias previas y que obliga al Gobierno a pagarles unos US$ 1500 millones a NML, Aurelius y a 13 bonistas minoristas argentinos.
La motivación de las personas que se presentaron como “Amigos de la Corte” es que, habiendo ganado juicios contra los grupos o países que mataron a sus familiares, necesitan saber dónde están sus bienes para poder cobrar las indemnizaciones correspondientes. Y, como no todos los tribunales les permitieron acceder a estos datos, ahora tratarán de que la Corte Suprema tome un criterio en favor de la apertura informativa que los favorezca.
ENTENDIMIENTO ÚNICO
“Los Amigos de la Corte tienen un entendimiento único de la importancia del descubrimiento de bienes posteriores a un juicio, como modo de ejecutar esa sentencia. La decisión de esta Corte en este caso afectará la posibilidad de estos familiares de tratar de recuperar bienes por los daños cometidos por Estados extranjeros que tratan de evadir su responsabilidad por los daños causados a través de actos de terrorismo”, expresaron en el escrito. La semana pasada, los buitres pidieron embargar cuentas bancarias del empresario Lázaro Báez que están congeladas en Suiza, al considerar que podrían encubrir bienes del Estado o de los Kirchner.
En cambio, en mayo podría decidir si toma o no el caso del pari passu, con opciones intermedias, como pedirle al procurador general de la administración Obama su opinión, lo cual diferiría la sentencia hasta 2015. A fin de este año se dará de baja la cláusula que obliga al país a otorgarles el mismo tratamiento a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 que a los holdouts.
Así, para la mayoría de los analistas, se facilitaría una solución con los demandantes antes de un fallo que pueda generar otro default. Mientras tanto, se mantienen las conversaciones entre el Palacio de Hacienda y un grupo de bancos como Goldman Sachs y UBS, entre otros, para ver si acercan a las partes a un arreglo extrajudicial, que implique además la posibilidad de emitir deuda en el mercado, tras el aparente fracaso de la alternativa presentada por el fondo Gramercy. Esta consistía en una quita inicial para los bonistas que entraron a los canjes para pagarles a los holdouts.
Sin embargo, por ahora no hay demasiados avances en las conversaciones con los otros bancos, porque los ejecutivos del sistema financiero creen que el Gobierno actuará para negociar con los fondos buitre sólo si está con “la soga al cuello”, es decir, sólo si sabe que la Corte Suprema fallará en contra de inmediato, si no hay default -y al haber decidido no pagar el cupón del PBI- la situación financiera del país aparece más holgada este año. En este sentido, con un tono exagerado, el ministro Axel Kicillof les expresó hace unos días a un grupo de inversores que “si se descuidan, un día de estos nos podemos convertir en los acreedores del resto del mundo”, pese a todos los asuntos que quedan sin resolver desde el default de 2001.