¿Y si no estamos peleados?. Después de muchas vueltas, trascendidos, discursos disparatados y estrategias jurídicas evidentemente equivocadas, la crisis con los holdouts parece llegar a tiempos de definición. Y las preguntas que todos nos hacemos son muchas, y sin respuesta aparente.
La primera de ellas es, ¿quién tiene razón? En un conflicto en el que, se supone, hay víctimas y victimarios, es difícil contestar esta duda. Nuestro país ha hecho todo (o casi todo) muy mal. Se endeudó mal, cumplió mal con sus acreedores, se declaró mal en cesación de pagos, reestructuró mal (tuvo que reabrir el canje y cambiar las condiciones “inmodificables” por lo menos en dos ocasiones) y ya en las cortes, se defendió todo lo mal que uno puede llegar a imaginarse.
Sin embargo, y en principio, Argentina tiene razón.
Cuando se logra que los inversores que poseen el 75% de la deuda de un país accedan a una reestructuración, ésta sigue adelante y el resto se aguanta, siempre que su deuda sea menor al 25%.
Argentina, en sus dos reestructuraciones de 2005 y 2010, logró que los tenedores del 92,4% de la deuda aceptaran las condiciones para la reestructuración. Unas reestructuraciones que fueron durísimas para los acreedores, ya que aceptaron quitas del 73%, según un estudio del FMI. Como comparación, Rusia impuso, tras su suspensión de pagos de 1998, una quita de solo el 50%.
Entonces aparecen los holdouts (“los que resisten”), que a mí me parece una definición más precisa que “fondos buitre”.
El mejor ejemplo es Paul Singer, que compra deuda argentina en default pagando un 6% de lo que valía cuando fue emitida, es decir, 6 centavos por valor nominal del bono. Y a continuación, se dedica a pleitear a ver cuánto saca.
En 1996, Singer compró por 8,5 millones de euros deuda peruana en suspensión de pagos. En 2000, tras una guerra judicial, logró que el gobierno de ese país le pagara 43,3 millones de euros.
En el caso argentino, el fondo de Singer NML ha comprado por 48 millones de dólares (35,8 millones de euros) deuda argentina que fue colocada por el país en el mercado por 630 millones de dólares (470 millones de euros). Según las diferentes estimaciones, esos bonos podrían valer entre 1.500 millones y 2.300 millones de dólares si se suman los intereses pendientes.
Pero ahora viene la parte de culpa argentina, que se resume en una frase: el país no ha hecho nada para llegar a un acuerdo con los “holdouts”; o dicho de forma más elegante, ha mostrado un desprecio sin precedentes por las decisiones judiciales y por las normas de negociación de reestructuraciones de deuda soberanas.
Singer y otros especuladores como él escogen a los países cuya deuda compran. No van por la deuda reestructurada de Grecia (ni irán por la deuda que se reestructure en el futuro de Grecia, que esa es otra), sino por deudas de países cuya credibilidad es escasa como, por ejemplo, la República Democrática del Congo, a la que sangraron hace unos años.
Y ahí Argentina ocupa un lugar destacado, ya que el país ha recorrido un camino espectacular en los últimos años. Ha pasado, por ejemplo, de ser “mercado emergente” a “mercado fronterizo” (“frontier market”) en el Índice MSCI. O sea, pasó a estar al nivel de China, Marruecos, Kenia, Jamaica o Pakistán.
Por eso Argentina tiene poco que perder, porque ha lo ha perdido todo. El país está aislado de los mercados internacionales desde 2001 y solo algunos fondos altamente especulativos que aman el riesgo, como Perry’s, han invertido en, por ejemplo, YPF desde la expropiación a Repsol.
Pero además está RUFO. O sea, Rights Upon Future Offerings. Esa es una cláusula en virtud de la cual, si Argentina acepta que la deuda de los “holdouts” se rige por las condiciones previas a los canjes de 2005 y 2010, todos los demás tenedores de deuda del país pueden exigir que sus bonos tengan el mismo tratamiento.
Es el argumento del gobierno de Cristina Kirchner: si cede a Singer y sus colegas, todos los demás pedirán lo mismo, y Argentina suspenderá pagos completamente.
Sin embargo, Singer y los otros fondos solo quieren dinero y están dispuestos a que les paguen por medio de terceros o en paraísos fiscales, o como sea, y eso hace que por estas horas el mundo financiero esté convencido de que Argentina y los fondos van a llegar a algún acuerdo entre bastidores.
Una explicación a la que algunos le dan credibilidad es que el Gobierno quiere usar a los “holdouts” como excusa para forzar una nueva reestructuración de la deuda, con más quitas.
La cláusula RUFO expira el 31 de diciembre. Y a partir de entonces el Gobierno podría dar tratamiento diferenciado a los inversores que tienen su deuda. Los que no han aceptado los canjes (los “buitres”), se llevarían más; los que sí lo han hecho, tendrían que asumir nuevas quitas.
La clave para ello sería que Argentina siguiera negociando con los “holdouts” hasta el 31 de diciembre. En el proceso, seguiría pagando la deuda. Y a partir de enero, podría imponer nuevas condiciones a unos y otros.
Los que sí vamos a perder y no tenemos capacidad de influir somos los 40 millones de argentinos.
Pero en un país con una inflación del 40% y en recesión, con la peor situación económica de Sudamérica tras Venezuela, la suspensión de pagos es otro golpe a la economía, porque aleja todavía más la posibilidad de recibir los capitales que el país necesita para desarrollarse y salir de su proceso de tercermundizacion.
Si Cristina Kirchner quiere reducir la deuda forzando otro default, no lo debería hacer sobre las costillas de sus ciudadanos. Claro que esas costillas ya han recibido muchos palos, y uno más no va a marcar mucha diferencia.