Silencio cómplice

Detuvieron a cinco personas que se dedicaban a asaltar casas de ancianos. A los dos días, ya no eran cinco ni estaba muy claro a qué se dedicaban. Por las dudas, el juez de garantías mandó a tres a su casa. El fiscal ni habla, y los medios ni preguntan.

Parece que todo empieza y termina en la foto de prensa que alude a la detención. Parece que eso debe hacerle creer a la gente que los que tienen que ocuparse de que los asaltantes estén tras las rejas, efectivamente se van a ocupar.

La prensa solamente publica datos, nombres de esos detenidos, y nada más. No es posible saber cuál es la realidad inasible que nos rodea, y que ha fabricado esta nueva manera de vida casi resignada que llevan adelante los argentinos.

Resignada sí, porque se conforman con que no los maten. Porque tienen siempre dinero en la casa para que cuando los asalten, no les hagan buscar mucho. Porque usan la plata exactamente como cebo para entretener a los asaltantes. Contratan un buen seguro, y cierran la puerta diciendo “que sea lo que Dios quiera”.

Los argentinos se han acostumbrado a hacer lo imposible para que sus hijos no tomen colectivos ni paseen por el barrio. Compran por Internet, no por gusto sino por no salir. Muchos han agregado un par de colchones en la casa, para que los que vienen de visita se queden a dormir si se hace tarde, porque después de las ocho no sale nadie, como en una película del lejano oeste. Esa es la sociedad resignada de la Argentina, la que aprendió a decir “la sacamos barata”.

Esta semana se llevó a cabo “el veredazo”, una reacción comprensible y casi inocente de la sociedad, que a través de las redes sociales invitaba a sacar la silla a la vereda y tomar mate con los vecinos como un gesto de resistencia a un estilo de vida de encierro.

¿Y mientras tanto? Nadie dice nada. Desde el Ministro de Seguridad hacia abajo, pasando por cada uno de los funcionarios del Poder Judicial, hasta las autoridades de la policía, nadie dice nada. Sólo dan el informe puntual del hecho, circunstancias y nombres de detenidos que no dicen nada acerca de la verdad. Lo cierto es que jamás sabe la ciudadanía qué es lo que pasa, y lo que es peor, tampoco lo que pasará.

Días atrás se produjo la detención de un grupo de personas que aparentemente estaban cometiendo un hecho delictivo: la patrulla encargada de cuidar la zona de Castelli al 3600 detuvo a las cinco personas que habrían ingresado a un domicilio arrancando las rejas, y tendrían maniatado a un adulto mayor de 78 años, a quien le exigían dinero. Y es necesario mencionar el hecho en potencial porque al fin y al cabo el lector terminará dudando de la veracidad de todos los hechos que se enuncian como efectivamente acaecidos. Por simple costumbre.

Asociación ilícita

¿Eran cinco? Sí. Habían llegado allí en una camioneta Partner bordó, que ya había sido mencionada en otros hechos, y utilizaban también un Volkswagen Gol. La identificación de las personas arrojó el siguiente resultado: se trataba de Omar Espino, de 43 años; Arnaldo Andrés Bolonti, de 37; Juan Pablo Espejo, de 23 años; Julio Gerardo Gómez y Rodrigo Nicolás Bruni, ambos de 21. Como se ve, todos mayores de edad, aparentemente organizados: un grupo con planes y logística propios. Cualquiera podría pensar en tareas de inteligencia que los vinculen, para saber dónde vive un anciano y dónde no. Cuando un grupo cuenta con dos vehículos, no se ha conocido anoche.

La investigación corre por cuenta de la Fiscalía de Delitos en Flagrancia, a cargo del fiscal Pablo Cistoldi, ya que, como se dijo, los cinco fueron detenidos en momento en que cometían el delito. No había demasiado que conversar para determinar su compromiso con el hecho.

Mágicamente, a las pocas horas, el juez de garantías autorizó la liberación de los tres más jóvenes: sólo permanecen detenidos Espino y Bolonti. Nadie explica, sin embargo, las razones de semejante decisión.

Si se trataba de un grupo acusado de asociación ilícita, no sería posible haberles concedido la libertad, porque no se trata de un delito excarcelable. Así que, en medio del mutismo, se debe considerar que no han sido capaces de probar la asociación ilícita en cinco personas que fueron detenidas juntas cometiendo el mismo atraco. ¿Será posible? Sí, fue una decisión del juez de garantías, que tendrá unas razones que no explica.

¿No es suficiente encontrar a las personas en un atraco, con vehículos identificados, atribuirles varios hechos del mismo modus operandi, para considerar una asociación ilícita? Tal vez. No es posible tomar una posición porque el cerco informativo acerca de la realidad del delito en la ciudad es total. Nunca se comunican las referencias acerca de las redes que ligan los nombres de los detenidos con otros, o con hechos anteriores del mismo tenor.

Los comisarios de la ciudad no hablan o no pueden hablar. Solamente el comisario general Abel Maggi envía floridas gacetillas a los diarios que él califica como tradicionales. Allí se dan detalles de hechos individuales que, se supone, deben conformar a todos.

Claro que los números pueden impresionar a quien no conoce del tema, pero en realidad no pasan de constituir pequeñas fotos, fragmentos de un cristal distorsionado que no permite saber de qué se trata. Y es posible que su propósito sea precisamente ése.

A mediados del año anterior se había informado que el delito en la ciudad había disminuido un 50%, pero jamás sabremos si lo que disminuyó es el delito, o la cantidad de damnificados que acceden a hacer la denuncia, ya que está archiprobado que el trámite no conduce a mayores efectos.

El ciudadano que acude al 911 puede tener la suerte de que concurra una patrulla en su ayuda, o no. Y en el caso de que concurra, sólo intervendrá si se encuentra en pleno tiroteo. Si no, el personal le dirá a la víctima que concurra a la seccional a hacer la correspondiente denuncia: ellos no corren a nadie, no arman redes de rastreo, no intervienen más que en detener una patrulla en la puerta y darse por avisados de que al ciudadano también lo acaban de robar.

Por esa falta de fe en el resultado, muy pocos concurren a hacer una denuncia al día siguiente.

Ni hablar de los casos en los cuales el asaltante es una persona conocida del barrio. Entonces el vecino obviamente está totalmente imposibilitado, no sólo de denunciar, sino de llamar siquiera al 911: si lo hace, recibirá una represalia mucho peor, y sabe perfectamente lo que significa un ajuste de cuentas del cual nadie lo defenderá, ni el fiscal ni el juez. Menos aun el policía que le dijo que no podía intervenir.

Numeritos

“Nadie hace nada”, dicen los vecinos. Hacen, pero no lo que la gente está esperando que se haga. Recientemente, el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni visitó la ciudad para firmar un acuerdo entre la comuna, el supremo tribunal y la Universidad Nacional de Mar del Plata, para profundizar los estudios sobre el delito en la ciudad. Indicaron que las estadísticas serán volcadas en un mapa y se realizará una encuesta sobre victimización, para detectar la percepción ciudadana. Dijo el juez que las comunas deberían contar con su propia policía, porque la fuerza provincial ya es “incontrolable” a partir de que está integrada por 50 o 60.000 hombres.

¿Será la solución? ¿Será que una comuna que no ha podido organizar ni siquiera un control de tránsito puede tener a su cargo personal armado en las calles? La misma comuna que no ha podido conseguir que las luminarias callejeras tengan focos, ¿se supone que podrá controlar balas? Parece peligroso.

Lo cierto es que no se sabe qué es lo que hacen, más que buscar estadísticas que justificarían sueldos y publicaciones, además de bonitas presentaciones en congresos internacionales.

El abogado local Martín Ferrá es uno de quienes incansablemente se presentan ante cada una de las autoridades pertinentes a pedir informes de lo que ha hecho cada funcionario con todo lo que se supone que sabe. Es decir, con el material fragmentario que surge de cada una de las denuncias parciales efectuadas por las víctimas: ¿cómo las ha unido y jerarquizado? ¿Qué decisión ha tomado como resultado de esas denuncias? ¿Qué estrategia ha puesto en juego? La estrategia es tan pobre como decir que necesitamos más policías. Que haya más patrulleros parados, sin un plan concreto que llevar a cabo, ¿garantizará que los delincuentes con impunidad comprobada y puerta giratoria en tribunales dejen de hacer eso que hacen tan exitosamente?

Ferrá se presentó ante el fiscal general Fabián Fernández Garello a pedir explicaciones acerca de por qué se afirmaba que el delito había disminuido un 50%, y le solicitó información sobre los robos de automotor, robos con armas de fuego y homicidios dolosos acontecidos en la ciudad. El fiscal general le contestó que sacara la información de la página web de la fiscalía, porque para darle más datos le tenía que pedir permiso a la procuradora general.

Es decir que no quiere dar más información acerca de lo que hacen los fiscales, para que nada avance y nadie esté preso por los delitos que efectivamente se cometen, porque no hay quien los investigue. Pero a semejante ineficiencia se la arregla con silencio.

Lo mismo le contestó Fernández Garello al presidente del Colegio de Abogados, cuando pidió estadísticas acerca del accionar de las fiscalías, lo cual es lo mismo que decir: muchachos ¿ustedes qué están haciendo mientras los marplatenses se mueren en las veredas? Le dijo que recurriera a la procuradora general.

Como se ve, silencio. Mucho silencio, y unos números encolumnados que dicen la cantidad de presentaciones desestimadas y las que fueron a juicio: esa es toda la información que corresponde recibir a los humildes mortales que no son parte del Poder Judicial.