La gestión del Ejecutivo local. El titular del área de Derechos Humanos de la municipalidad sorprende por sus contradicciones acérrimas. Se le pasa por alto la pila de pibitos que viven en la calle: unos comen basura, otros roban, otros mueren. Y una vez que falla a favor de alguien en la protección de sus derechos humanos, se ocupa de que no se entere nadie. ¿Lo hará a propósito?
José Luis Zerillo es un funcionario del Ejecutivo local, responsable del Departamento Administrativo de la Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Sí. Mucho nombre. Mucha palabra, que siempre parece ser el mejor escondite de los que no hacen nada detrás de un cartel que hace de escudo en la puerta del despacho.
Aunque de perfil extremadamente bajo, la comunidad fue testigo de sus palabras cuando el funcionario efectivamente dijo ante la prensa que permitir que los niños pobres comieran del basural era respetarles alguna clase de derecho. En una entrevista muy poco feliz, Zerillo dejó una brecha enorme entre lo que es posible que haya querido decir y lo que efectivamente dijo: hizo declaraciones que quedarán para el archivo del escándalo.
A partir de la denuncia realizada por la Fundación Alameda sobre las condiciones de extrema vulnerabilidad en el basural de Mar del Plata, la fiscalía intervino, y le pidió al intendente Gustavo Pulti que le impida el acceso a los chicos y chicas que habitualmente se encuentran trabajando en el predio. Al Director Municipal de Derechos Humanos, José Luis Zerillo no le gustó, y pidió que la justicia contemple la subsistencia de los menores ya que el trabajo en el basural “es el único sustento que tienen”.
Aunque no parezca, habla de niños y niñas de muy corta edad que a diario trabajan en condiciones totalmente insalubres. En medio de elementos peligrosos, sobre pilas de basura. Con los pies en el lixiviado que drena de las pilas de residuos, entre ratas e insectos. Con amenaza de enfermedades, que en general tienen éxito y terminan con la vida de los pequeños separadores de basura: los que separan lo que se come de lo que no. Zerillo piensa que eso es un derecho.
“De lo que tenemos que darnos cuenta es de que estos niños acceden a un sustento diario y es precisamente lo que debería asegurarse”, dijo. Vivir entre la mugre y comer basura es para él alguna forma de acceso a un derecho que la justicia debería respetar ¿Entendemos bien? Parece que sí, porque dijo también: “al prohibir el ingreso sin forzar o establecer condiciones en las cuales se asegure este sustento, lo que me preocupa es que la prohibición lisa y llana deje afuera de ese nivel de sustento y que al día siguiente los tengas en otras condiciones”. Es decir que para Zerillo, comer basura durante la infancia entre ratas y vidrios rotos es un derecho que la justicia les debe garantizar a los niños pobres de la ciudad. Sí, se entendió bien.
Zerillo dejó en claro que el trabajo en el predio de residuos les da a estos niños “al menos un sustento diario de alimentación básico y elemental”, por eso a su entender se debe trabajar sobre la garantía de esa sustentabilidad.
Respecto de la denuncia presentada por Alameda, el titular del área de Derechos Humanos del Municipio, dijo que esta organización “vino esporádicamente”, que no ha realizado un trabajo en el territorio, sino que sólo vino de Buenos Aires, hizo la denuncia y se fue. De esta manera quiere decir que la institución desconoce las características particulares de la comunidad de quienes comen a diario en el predio de residuos, a su juicio algo muy importante para poder actuar denunciando ante la justicia.
Finalmente aclaró que estas condiciones de extrema vulnerabilidad social y laboral no deberían existir: “el Estado debe poner todas las herramientas para que un trabajo de esas características quede o en condiciones de higiene y salubridad, como la cooperativa CURA”.
Y entonces es que toda la ciudadanía recuerda al intendente Pulti lanzando el plan de separación de la basura a través de las bolsas verdes, cuando junto con la ingeniera Baltar daban explicaciones técnicas que sonaban importantísimas, pero de las cuales a los ciudadanos comunes les quedaban en la cabeza dos cuestiones. Primera, que la separación era obligatoria, y que si un vecino no la respetaba iba a ser multado en breve. La segunda, que gracias a este esfuerzo, aquellos que trabajan en relación con los residuos urbanos iban a ser dignificados, y formarían una cooperativa de trabajo de adultos que los pondría en el mismo circuito laboral de cualquier trabajador, y los sacaría de la miseria y la invisibilidad. Nada sucedió. Los camiones mezclan bolsas verdes y negras, y la municipalidad dice que dejen a los niños comer basura tranquilos.
Callejeros
Fue hace un tiempo ya, cuando la noticia generó estupor en la ciudad de Mar del Plata. Involucró a un nene que algunos consideran de 6 años, y otros no, lo cual no cambia nada. Un nene en situación de calle, que supuestamente quiso asaltar un comercio ubicado justo frente al Shopping Los Gallegos, amenazando a la empleada con un pedazo de vidrio. Lejos de asustarse, la joven empleada sacó al pequeño a los empujones hacia la vereda y, una vez en el suelo, comenzó a patearlo. Una vez en plena calle, la comerciante lo redujo y le dio una brutal golpiza adelante de los transeúntes que pasaban por la esquina de las calles Belgrano y Diagonal Pueyrredón.
A raíz de este hecho, el Municipio radicó una denuncia penal ante la Fiscalía, a través de José Luis Zerillo, de Derechos Humanos. “Esta situación de venganza no puede ser desatendida ni convalidada por el Estado. Se agredió a un niño y eso no lo podemos permitir”, indicó el funcionario.
Pero Zerillo no tomó en cuenta que este niño ya había sido agredido antes, cuando vagaba por el centro en general aturdido, con hambre, quizá drogado con pegamento, y sin tener dónde dormir, sin que el Estado interviniera en ninguna medida para aliviar su situación o respetar algunos de los derechos que le asisten. Como en todos los casos, los derechos de los menores aparecen únicamente cuando se los judicializa. Hasta el momento de la golpiza, el pequeño fue invisible para esta Dirección. Él y todos los demás que piden dinero en los semáforos a las dos de la mañana. Porque para esta gestión, cada menor en riesgo es una carpeta, y la única pregunta que vale es saber en el estante de qué empleado vino a dar esa carpeta. Nada más.
Ahora, la noticia es que apareció ante esta Dirección un caso que requería de la intervención específica de sus funcionarios: establecer si realmente hubo una actitud discriminatoria cuando una empleada del Hotel Provincial fue varias veces intimidada y finalmente echada de su trabajo, mientras padecía un cáncer de cuello de útero.
Como se sabe, el Hotel Provincial no es una forma cualquiera, y pertenece al conjunto que administra la razón social Hotelera del Mar, obviamente propiedad del omnipresente Florencio Aldrey Iglesias. En ese ámbito se produjo el caso que nos ocupa, ya que Nelda Barrionuevo se desempeñaba como mucama en aquel hotel desde agosto de 2009, y en febrero de 2012 le detectaron una patología oncológica grave. De todas maneras, ella siguió concurriendo a su lugar de trabajo aun cuando padecía hemorragias, porque no podía poner en riesgo su relación de dependencia, ya que de ella dependía que continuara teniendo acceso a la obra social que cubría sus gastos médicos.
Así continuó mientras se hacía tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Pero según denuncia, la gobernanta del hotel, Blanca González, y su asistente, Gabriela Escobar, la agredían permanentemente diciéndole que era una inútil y que no servía para nada, a pesar de que la mujer tenía una certificación para realizar tareas livianas por su condición de salud. La denunciante agregó, además, que las nombradas y el gerente Gastón Villegas intentaron presionarla en varias oportunidades para que firmara su renuncia.
Ladrones
Por supuesto que todos los denunciados negaron absolutamente que hubieran sucedido ninguna de estas cosas, y afirmaron que la señora había sido despedida con causa: por retirar sin permiso elementos de la empresa, es decir robar.
El abogado de la firma dijo de la empleada: “Trata de sacar ventaja de su enfermedad para ocultar una falta grave”. Pero Nelda presentó algunas certificaciones que avalaban su posición: la Superintendencia de Riesgo de Trabajo certificó una incapacidad del 70%, y le otorgó una jubilación por incapacidad. La firma Hotelera del Mar, por su parte, no pudo presentar antecedentes laborales de Barrionuevo que demostraran que las faltas a la conducta que invocaban como causales de despido efectivamente hubieran sucedido.
Por esta razón, el dictamen de Zerillo dice que efectivamente hubo una falta a lo establecido por la ley 23.592, es decir que hubo un hecho discriminatorio contra quien fuera despedida sin justa causa, simplemente por su condición de enferma, y así notificó lo expuesto a Hotelera del Mar.
Pero paradójicamente, este dictamen en el que por fin se habla de los derechos humanos de alguien que no puede ser despedido mientras realiza un tratamiento oncológico, es mantenido bajo siete llaves, en absoluto secreto. No se da a conocer que sea un funcionario comunal quien ha fallado en contra de una empresa de Aldrey.
Entonces, ¿dónde está Zerillo? ¿Qué es lo que este hombre piensa que hace? ¿Donde está él cuando los niños duermen en las vidrieras de los negocios del centro, pero del lado de afuera? ¿Sabe él lo que es tener derecho a comer del basural y a nada más? ¿Sabe qué comida se consigue en el basural?
En realidad, todo lo que consiguen en la vida estos niños sabe como la comida del basural, si la metáfora de la vida misma tiene espacio aquí. La cuestión será qué hacen los funcionarios que deberían ocuparse de que tengan los derechos de un ser humano. Sobre todo cuando ese nombre largo y pomposo que sirve para nominar el cargo de quien no hace nada está escrito en la puerta del despacho.