La Yakuza japonesa está herida y las autoridades temen que su ruptura desate una guerra interna y una batalla cruenta similar a la que tuvo lugar hace tres décadas.
El cisma en el seno del mayor grupo mafioso del país se consumó el pasado fin de semana, cuando miles de miembros del Yamaguchi-gumi -el mayor y más importante de los sindicatos que lo conforman- fueron expulsados bajo la acusación de deslealtad hacia el líder, Shinobu Tsukasa.
Sin embargo, la tensión viene de lejos. Los integrantes que ahora se han separado publicaron un documento el pasado lunes en el que acusan a Shinobu de “egoísmo extremo” y de conceder un trato preferencial al Kodo-fai, otro de los grupos de la red que el propio mandatario fundó en 1984 en la ciudad de Nagoya.
En el documento, recogido por The Japan Times, el grupo de expulsados advierte de que ignorar la actitud de Shinoda supondrá la autodestrucción de Yamaguchi-gumi. Estos días precisamente la organización celebra su 100 aniversario, ya que fue creada en 1915 en la ciudad de Kobe.
Los integrantes escindidos han creado ahora una banda casi homónima, la Kobe Yamaguchi-gumi, tras la reunión que mantuvieron el pasado sábado en esa misma ciudad los jefes de las 13 facciones separadas. Unas 3.000 personas integran este nuevo grupo que ha elegido como líder a Kunio Inoue, anterior mandatario del Yamaken-gumi.
La policía y las autoridades del país siguen muy de cerca los movimientos de las distintas facciones ante el temor de que la rivalidad dé lugar a enfrentamientos, ajustes de cuentas y batallas por el control de los territorios y los negocios.
Criminales legales
A diferencia de otras organizaciones criminales como la mafia italiana o la china, los 21 grupos de la Yakuza cometen actividades criminales, pero no se consideran ilegales. La droga, la prostitución, el tráfico de armas o los delitos de guante blanco forman parte de su particular hoja de servicio. Pese a ello, controlan sectores y grandes empresas del país, pagan impuestos y hasta declaran sus ingresos; cada sindicato está organizado por territorios y tienen sedes, números de teléfonos asignados e incluso tarjetas de visita.
A nivel interno, se organizan mediante relaciones de carácter paterno-filial y, si alguien desobedece, se arriesga al castigo de perder uno de sus dedos. También conceden mucha importancia a los tatuajes.
En el caso del Yamaguchi-gumi, sus tentáculos abarcan actividades al margen de la ley y otras completamente legales. Compañías auditoras, bases de datos o la industria del entretenimiento están bajo su control; también cuenta con una cadena de agencias de detectives privados e incluso sus miembros se han relacionado con el poder político. El primer ministro del país, Shinzo Abe, llegó a ser fotografiado con uno de los líderes del grupo y existen evidencias de que el ministerio de Educación y Ciencia recibió donaciones procedentes de la mafia.
Los temores de las autoridades niponas no son infundados. Aún permanece en el recuerdo la última rebelión en el seno del primer sindicato de la Yakuza en 1984: cinco años de enfrentamientos internos que dieron lugar a casi 30 muertes, una violencia incontrolada en todo el país, bombas, tiroteos callejeros o accidentes provocados se convirtieron en la tónica durante meses.